Procurador de Los Ángeles demanda a empresa por supuesto robo de salario de trabajadores
Alega que las empresa, Health Alliance Nurses Corp. y Hand Homecare Provider Inc., durante los últimos cuatro años no pagaron $9 millones de dólares en salarios a sus 200 empleados
La querella presentada por Mike Feuer, procurador de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, alega que Emelyn Nishi y sus empresas, Health Alliance Nurses Corp. y Hand Homecare Provider Inc., durante los últimos cuatro años no pagó $9 millones de dólares en salarios a sus 200 empleados.
“Robar los salarios de la gente trabajadora que simplemente trata de llegar a fin de mes es reprochable”, dijo Feuer en una conferencia de prensa. “Yo quiero enfatizar, ningún trabajador debe ser forzado a la pobreza porque su empleador le niega un salario al que la ley le da derecho. Mi oficina va a perseguir agresivamente las acusaciones de robo de salario”.
Los empleados, en su mayoría inmigrantes filipinos, recibieron un pago aproximado de $5.50 dólares por hora, mientras que el salario mínimo actual de la ciudad es de $10.50, alega la demanda.
Feuer indicó que las compañías de Nishi cobraban a clientes entre $170 y $250 por día para atención médica en casa las 24 horas, mientras que los empleados recibían un pago de entre $100 a $125 por turno.
“Este caso está enviando un mensaje importante, que aquí en Los Ángeles los derechos de los trabajadores inmigrantes están siendo protegidos, y los derechos de los trabajadores son importantes para el bienestar de toda nuestra ciudad”, dijo Aquilina Soriano, directora ejecutiva del Centro de Trabajadores Filipinos.
Feuer dijo que su oficina está buscando una orden para detener la presunta falta de pago apropiado de los trabajadores de Nishi, la restitución financiera de los empleados y multas civiles de hasta $2,500 dólares por infracción.
La demanda alega que los empleados fueron presionados para falsificar sus registros de tiempo trabajado para evitar pagos de horas extras, amenazados rutinariamente con el despido y ponerlos en una lista negra dentro de la industria, y que se les prohibió discutir tarifas directamente con clientes y a menudo amenazados con exorbitantes sanciones contractuales por entrar en un contrato directo con los clientes por sus servicios.
La demanda también alega que la empresa clasificó erróneamente a sus empleados como contratistas independientes para evitar los impuestos mientras evitaban las investigaciones gubernamentales.
