¿Seguirán los indocumentados teniendo derecho a la educación pública básica?

El ambiente anti inmigrante vuelve a traer la retórica y los intentos de cambiar una decisión de la Corte Suprema que dentro de un mes cumple 35 años de emitida. Entretanto sigue siendo inconstitucional negar educación pública básica, elemental y secundaria, a inmigrantes sin documentos válidos.
¿Seguirán los indocumentados teniendo derecho a la educación pública básica?
Hace 35 años que la Corte Suprema decidió el caso que obliga a todos los distritos escolares del país a dar educación a niños indocumentados (Foto archivo)

El mes que viene se cumplen 35 años que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió el caso Plyler v. Doe y desde entonces, ningún distrito escolar puede negar la educación pública a los indocumentados porque sería una violación a las leyes y la constitución.

Es un aniversario que MALDEF, la organización Fondo Mexicoamericano para la defensa Legal y Educación, pretende celebrar en Houston a fines de junio, con los abogados que entonces litigaron el caso y lograron la decisión histórica.

“Plyler fue una de las victorias más importantes de la historia de la organización”, dijo a La Opinión este lunes su actual presidente Thomas Saenz. “Pero desde entonces ha habido varios intentos de revertir la ley, por ahora se han quedado cortos”.

Esta semana se calentó la discusión en medios sociales respecto al “derecho” de indocumentados de ir a escuelas públicas, luego que el sábado se reportó la visita de un agente de inmigración a una escuela de Queens, supuestamente buscando interrogar a un estudiante de cuarto grado.

Aún no está claro el por qué de la visita del agente, cuyos intentos fueron frustrados por funcionarios escolares quienes le impidieron el acceso al plantel. Pero no se trataba de un agente de ICE sino de USCIS, la agencia encargada de procesar documentos y ciudadanías.

La agencia en sí no respondió a preguntas sobre el particular luego que el incidente fue reportado por el secretario de prensa del alcalde de Nueva York Bill de Blasio.
Algunos partidarios de Trump se preguntaban por qué los contribuyentes “deben pagar por educar a inmigrantes sin papeles”.

Pero esa pregunta fue respondida hace 35 años por la decisión Plyler vs Doe en la que una mayoría de los jueces de la Corte Suprema del país determinó que era inconstitucional la decisión de un distrito escolar del sur de Texas de cobrar a los indocumentados por su educación.

El tribunal decidió que tal ley violaba la cláusula de protección igualitaria de la Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución, creando un precedente que desde entonces se aplicó en todo el país.

Este precedente sólo cubre a la educación básica, desde la primaria o escuela elemental hasta el bachillerato o prepa (high school). No hay derecho inherente de un indocumentado  -o de un ciudadano- a la educación superior gratis.

Desde entonces, ha habido varios intentos por crear leyes que puedan litigarse hasta la Corte Suprema para intentar revertir la decisión, dijo Saenz.

“En teoría podría revertirse, pero hasta ahora ningún intento ha llegado tan lejos”, dijo. “La Proposición 187, aprobada en California en 1994, contradijo Plyler directamente y su intención era ponerla a prueba. Pero no ocurrió. Lo mismo con la ley de Alabama y sus cláusulas para deportar a inmigrantes”.

Una iniciativa llamada “American Children First” presentada por un grupo activista del Tea Party en California ante el distrito escolar de Yucaipa-Calimesa pretendía “deshacerse” de Plyler, alegando que los niños indocumentados “no deben ser educados a expensas de los niños estadounidenses”.

No obstante, la iniciativa falló porque fue presentada en un distrito escolar y las leyes locales no tienen injerencia sobre este asunto.

“Yo creo  que este tipo de iniciativas tienen poca posibilidad de progresar”, dijo Sanez. “Se que los activistas lo hacen más para movilizar a los grupos que para otra cosa”.

Pero grupos nacionales como FAIR, la Federación de Reforma Migratoria Americana, suelen agitar al respecto usando las cifras y alegando que educar a los inmigrantes perjudica a los demás estudiantes.

De hecho, FAIR publicó un estudio en septiembre pasado alegando un “crecimiento explosivo de estudiantes con inglés limitado que cuestan decenas de miles de millones, diluyendo la educación para todos”.

Pero la Corte Suprema no falla en base al costo de una política, sino respecto a su constitucionalidad.