El alto precio de la libertad

Por no poder pagar la fianza, miles languidecen en las cárceles de California
El alto precio de la libertad
Un hombre preso en la Cárcel Central del Condado de LA.
Foto: Jeff Grace / La Opinión

La falta de fondos para pagar una fianza genera que en California casi 46,000 (una de cada tres) personas permanezcan encarceladas, a pesar de no haber sido declaradas culpables.

El propósito de una fianza es asegurar que una persona detenida comparezca ante la corte cuando sea citada, pero cuando no se tienen los fondos o un bien (una casa, un auto, et) con que pagarla, la realidad es que que no se sale libre.

Ricos y pobres

El sistema de justicia es todo menos eso para los pobres, argumentan activistas a favor de aquellos que no tienen dinero para cubrir el costo de una fianza.

Hace poco más de un mes, por ejemplo, Tiffany Li, heredera de una empresa constructora, fue detenida bajo cargos de asesinar al padre de sus dos hijos, y un juez de California estableció su libertad bajo una fianza multimillonaria.

Los familiares de Li unieron sus recursos, pagaron $35 millones de dólares y ella fue puesta en libertad hasta el día de su juicio en septiembre. Una vez sea declarada inocente o culpable, la corte reembolsará hasta el último centavo a la familia de Li cuando ella comparezca ante los tribunales.

La fianza promedia en California es de $50,000 dólares, una cantidad mucho más baja que lo que pagó la familia Li. Aún así, pocas personas tienen esa suma a la mano, por lo cual, de acuerdo a datos recopilados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), cientos de miles de personas han optado por quedar presos.

Esta privación de libertad, señala Allyson Osorio, estratega del Concilio Nacional de la Raza, genera “efectos nocivos para los detenidos, sobre todo para miembros de la comunidad inmigrante”.

Allyson Osorio, durante una rueda de prensa sobre los problemas con el sistema de fianzas en California. (Aurelia Ventura/ La Opinión)

Los detenidos suelen esperar semanas, meses o hasta años antes del día de su juicio. Kalief Browder, por ejemplo, fue arrestado a los 16 años bajo cargos de robar una mochila. Él fue encarcelado por tres años en una isla de Nueva York antes de que se le declarara inocente. Al salir, el joven cometió suicidio.

Además del impacto psicológico ocasionado por estar presos, los detenidos corren el riesgo de perder sus empleos y, por lo tanto, de no poder pagar el alquiler de sus hogares y autos. La falta de ingresos también afecta al bienestar de la familia, quienes dependen de ellos para el sustento. Incluso, aún después de salir de la cárcel, el haber estado preso puede perjudicar a personas involucradas en casos de inmigración.

Enfrentados con esta situación, muchas familias de bajos recursos acuden a agentes de fianzas, quienes cobran 10% del monto total de las fianzas por adelantado. Ya que muchas familias tampoco pueden pagar esa cantidad, las agencias suelen ofrecer planes de pago. Las personas que se ven forzadas a acudir a estas agencias, sin embargo, jamás reciben su dinero de vuelta. Al contrario, muchas quedan endeudas por largo tiempo.

Reformas al sistema de fianzas

Con esto en mente, un grupo de legisladores han formado una coalición dedicada a reformar el sistema de fianzas en California.

Actualmente, ambas cámaras legislativas contemplan proyectos de ley que eliminarían las cuotas que los jueces utilizan para poner en libertad a las personas mientras sus casos siguen pendientes. En lugar de esto, los condados tendrían que establecer agencias de servicios preventivos para determinar si los acusados deben ser liberados y bajo qué condiciones.

Esta práctica ya se ejerce a nivel federal. Incluso, los estados de Kentucky, Nueva Jersey y la ciudad de Santa Clara, en el norte de California, también la han adoptado.

Las agencias de fianzas, para quienes el actual sistema es un negocio lucrativo, se oponen a la reforma.


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