Políticas promigrantes de Los Ángeles no violan la ley federal, asegura procurador

Trump ha dicho que las ciudades "santuario" violan las normas al no colaborar con ICE, pero ¿qué tan cierto es eso?
Políticas promigrantes de Los Ángeles no violan la ley federal, asegura procurador
A lo largo de California, activistas exigen que las autoridades dejen de colaborar con ICE.
Foto: Aurelia Ventura / Impremedia/La Opinión

Las nuevas restricciones que limitan cómo los empleados de la ciudad de Los Ángeles pueden ayudar con la aplicación de leyes migratorias no violan las reglas federales, dijo el procurador de Los Ángeles, Mike Feuer, en un informe que entregó a las autoridades municipales.

La cuestión es especialmente crucial, ya que el presidente Donald Trump trata de quitarle fondos a las ciudades “santuario” que se niegan a cooperar plenamente con los agentes de inmigración.

Los Ángeles se ha sumado a un escrito legal argumentando que la orden ejecutiva, ahora detenida por un juez federal, es inconstitucional.

No hay una definición oficial de una ciudad santuario y Los Ángeles no se ha declarado oficialmente como tal.

Sin embargo, los líderes de Los Ángeles han tratado de limitar la asistencia de la ciudad a los agentes federales de inmigración. La Policía también ha recalcado que no coopera con la detención de personas, solo por el hecho de estar en el país de manera indocumentada.

A principios de este año, el alcalde Eric Garcetti emitió una directiva  que prohíbe a los empleados de la ciudad reunir información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de una persona, a menos que sea legalmente requerido u obligado por la ley.

Feuer también emitió pautas a los departamentos municipales indicando que Los Ángeles no esta requerido a permitir a los agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entrar en las instalaciones de la ciudad que no están abiertas al público en general —como las áreas restringidas a los empleados municipales – a menos que haya una orden o mandato judicial.

Sin embargo, los agentes federales de inmigración sí pueden acceder a las instalaciones de la ciudad que estén abiertas al público en general para interrogar a las personas o detenerlas, según las directrices. Si esto ocurre, los empleados municipales no deben interferir, pero se espera que documenten lo que sucede y se lo hagan saber a sus supervisores.

La ciudad de Los Angeles no se ha declarado una ciudad santuario, pero muchas de sus reglas protegen a los indocumentados. (Aurelia Ventura/La Opinion)
La ciudad de Los Angeles no se ha declarado una ciudad santuario, pero muchas de sus reglas protegen a los indocumentados. (Aurelia Ventura/La Opinion)

No violan la ley federal

Feuer sostiene que ninguna de esas reglas viola un código clave del gobierno federal –la Sección 1373- que involucra la aplicación de la ley de inmigración. Bajo esta regla, los gobiernos locales no pueden impedir que sus empleados proporcionen a los agentes de inmigración información solicitada sobre la ciudadanía y el estatus migratorio.

Feuer dijo que aunque Garcetti impuso restricciones sobre cuándo los empleados pueden recopilar ese tipo de información, la orden ejecutiva no les impide entregar cualquier información que la ciudad ya posea.

En su lugar, efectivamente “reduce el volumen de información que la ciudad podría tener para proporcionar a ICE”, escribió el procurador municipal.

Más allá de las nuevas reglas y pautas, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tiene desde hace tiempo una política- la Orden Especial 40 – que prohíbe a sus agentes iniciar contacto con una persona para preguntar sobre su estatus migratorio. Feuer escribió que un tribunal de apelaciones ya había determinado que esa política no violaba el artículo 1373.

Garcetti ha enfatizado repetidamene – incluso en su discurso del Estado de la Ciudad – que “el LAPD nunca actuará como una fuerza de inmigración federal”. Pero los activistas proinmigrantes han instado a la ciudad a hacer más para distanciarse de la aplicación federal de inmigración y ampliar la Orden Especial 40.

“Ahora más que nunca, es crítico que LAPD establezca una línea muy clara entre ellos y los agentes federales de inmigración para que puedan asegurar a la comunidad que cuando cooperan con la policía, no estarán en riesgo de deportación”, dijo Michael Kaufman, abogado con la ACLU del sur de California.

Los opositores a la inmigración ilegal, a su vez, han criticado a Los Ángeles y sus políticas. Robin Hvidston, directora ejecutiva del grupo We the People Rising, con sede en Claremont, dijo que las nuevas directrices sobre el acceso a las instalaciones de la ciudad protegerían a las personas que viven ilegalmente en Los Ángeles.

Feuer “debe centrarse en la cooperación con la administración Trump en el esfuerzo por lograr la seguridad nacional y la seguridad pública en todo el país mediante la deportación de extranjeros criminales…Es decepcionante que el abogado de la ciudad está trabajando diligentemente en nombre de los presos ilegales—con memorandos en su defensa”, dijo Hvidston en un correo electrónico a Los Angeles Times.

El nuevo informe del procurador no aborda la práctica de las custodias migratorias, en las cuales ICE pide a las agencias del orden local que retengan a los presos que están en el país ilegalmente después de sus fechas de liberación. El LAPD no presta atención a tales solicitudes a menos que hayan sido examinadas por un juez.