Se acaban los $50 de cuota para acceder a un abogado público

Junta de Supervisores de Los Ángeles vota para eliminar este registro
Se acaban los $50 de cuota para acceder a un abogado público
El cobro empujaba a algunas personas a desistir de usar un abogado público, según informe de ACLU. / archivo

En varias ocasiones se deja de contratar a un abogado por falta de recursos económicos, por lo que estos casos terminan por ser representados por una defensa pública, provista por el estado.

Sin embargo, a pesar de que esta defensa es casi siempre para personas de bajos ingresos, se les pedía pagar una cuota de $50 para obtener el beneficio, pero esto se acabó.

La junta de supervisores del condado de Los Ángeles votó ayer a favor de eliminar dicha tarifa para acceder a un abogado público y esto aplicará para casos de menores de edad y adultos con cargos criminales.

Los Ángeles se une hoy a los condados de Santa Clara, Alameda y Contra Costa que no requieren pago alguno.

Un informe reciente de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California encontró que la cuota puede convertirse en una deuda abrupta para los acusados de bajos ingresos o indigentes, quienes luego pueden ser contactados por las agencias de cobro.

“Para los acusados pobres, las tarifas de inscripción inicial son especialmente preocupantes”, según el informe de la ACLU.

“Estas tarifas desalientan a algunos acusados de ejercer su derecho a un abogado y pueden frustrar los intentos de un defensor público de construir confianza y clientes”.

El condado de Los Ángeles comenzó a cobrar tarifas en 1996, cuando la legislatura de California autorizó a los condados cobrar $25. En 2010, la Junta de Supervisores elevó el pago a $50.

La junta aprobó el aumento de tarifas en ese momento para compensar los costos para el condado.

Actualmente, el defensor público recibe el 89% de los fondos de registración y el 11% restante se paga a una agencia de recaudación privada con fines lucrativos para cobrar los honorarios, de acuerdo con una moción presentada por los supervisores Sheila Kuehl y Mark Ridley-Thomas.

Como resultado de ello, la oficina del defensor público el año pasado recaudó alrededor de $300,000, “no destinado a ningún uso específico”, de acuerdo al reporte de los supervisores.

En su moción, Kuehl y Ridley-Thomas dijeron que los honorarios no pagados pueden eventualmente convertirse en una barrera para algunos acusados, que están tratando de reingresar a la fuerza laboral debido a la deuda.

La cuota de registro “socava el derecho constitucionalmente protegido a un abogado”, según Kuehl y Ridley-Thomas. También puede afectar a los acusados inmigrantes en cuanto a su estatus migratorio, señalan.

La oficina del defensor público del condado de San Francisco se opone a los honorarios y el condado de Santa Bárbara también dejó de cobrar el pago inicial en 2001, según el informe de la ACLU.

Ni la oficina del defensor público del condado de Los Ángeles ni la oficina del fiscal del distrito del condado comentaron en esta historia.