Vidas silenciadas: las muertes evitables bajo custodia de ICE

Human Rights Watch denuncia una falta de atención médica con consecuencias mortales en las cárceles de detención de inmigrantes
Vidas silenciadas: las muertes evitables bajo custodia de ICE
Inmigrantes se reúnen en una área común del centro de detención de Adelanto.
Foto: John Moore / Getty Images

En febrero de 2015, el salvadoreño Raúl Ernesto Morales-Ramos, 44, escribió lo siguiente desde el centro de detención de Adelanto, California:

“A quien reciba esto. Le dejo saber que estoy muy enfermo y que no quieren cuidar de mí. La enfermera solo me da ibuprofeno y eso solo me alivia durante algunas horas. Dime si tú puedes ayudarme. Tan solo necesito atención médica”.

Dos meses después, Morales-Ramos falleció en un hospital en la ciudad de Palmdale debido a un fallo orgánico múltiple con signos de cáncer generalizado. Ramos estaba preso desde marzo de 2011, tiempo en el que había pasado por dos centros de detención migratorios en California. En ninguno recibió tratamiento contra el cáncer que le devoraba por dentro desde hacía dos años.

En un informe reciente, Human Rights Watch denuncia que, desde mayo de 2012 hasta junio de 2015, han muerto al menos 21 personas en centros de detención a cargo de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Dieciocho de esos casos fueron investigados por esta agencia no gubernamental con la ayuda de médicos independientes, y al igual que la muerte de Ramos, se llegó a la conclusión de que siete de esos fallecimientos podrían haberse evitado.

Manuel Cota-Domingo, de 34 años, murió de diabetes no tratada y neumonía en una cárcel de Arizona en 2012. Tiombe Carlos, de 34 años, se suicidó en la prisión del condado de York en 2013 tras dos años y medio preso; tenía problemas mentales y no recibía ninguna supervisión. Santiago Sierra-Sánchez, de 38 años, detenido en la cárcel del condado de Utah, murió de una infección por estafilococo y neumonía en julio de 2014.

Un detenido ciego camina en la prisión de Adelanto, CA.

Muertes eludibles que evidencian un sistema de “atención médica deficiente y peligrosa”, según dicho informe, en el que se repiten prácticas erróneas como una falta de seguimiento de los síntomas de los presos; respuestas lentas o inexistentes a situaciones de emergencia; un personal medico inadecuado en cuanto a sus capacidades o el uso rutinario de las celdas de aislamiento, incluso, para personas con problemas de salud mental.

“Los datos revelan que personas detenidas en centros de inmigración murieron innecesariamente bajo la administración de Obama, incluso tras sus intentos de reforma“, afirma Grace Meng, investigadora estadounidense de Human Rights Watch.

Más muertes tras la llegada de Trump

Al día de hoy, con las órdenes ejecutivas sobre inmigración que Donald Trump firmó nada más llegar a la Casa Blanca, la situación no ha mejorado. ICE ha detenido a más de 41,000 personas indocumentadas desde finales de enero, lo que equivale a un aumento del 40% con respecto al mismo periodo del año anterior.

A su vez, bajo una ley más laxa que permite detener a toda persona que “está o se sospecha que está ilegalmente en el país”, el mayor incremento se ha producido en la detención de inmigrantes sin antecedentes penales. Entre el 22 de enero y el 29 de abril de 2017, 10,800 inmigrantes indocumentados fueron arrestados, en comparación con 4,200 durante el mismo período en 2016, según las estadísticas.

Un inmigrante recibe cuidados médicos en Adelanto, CA.

Una mayor persecución al inmigrante sin papeles que se traduce en un mayor hacinamiento en las celdas (las deportaciones han disminuido en un 12%) y en una muy deficiente atención médica. En ocho meses, desde octubre de 2016, nueve inmigrantes más han muerto en centros de detención de ICE de todo el país. Varios suicidios, un paro cardíaco… son causas que se repiten en los diferentes informes.

Activistas y organizaciones en lucha contra el aislamiento de las personas inmigrantes ya se han movilizado. El director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), Pablo Alvarado, advirtió que la única solución para este creciente problema sería “el cierre de los centros de detención privados”, principalmente dirigidos por las compañías GEO y CoreCivic.

Son muchas las vidas que parecen estar en juego. Vidas que, además de permanecer durante años detrás de unos barrotes, no tienen garantizada, en muchas ocasiones, una asistencia médica digna y adecuada que les socorra en caso de necesitarlo.