California a un paso de la moratoria contra las cárceles para inmigrantes

Las propuestas aprobadas en el presupuesto contemplan darle poder al procurador Xavier Becerra para monitorearlas
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California a un paso de la moratoria contra las cárceles para inmigrantes

La legislatura estatal aprobó un par de medidas dentro del plan de gastos 2017-18 de California que ponen un alto al crecimiento de los centros de migración en California, y al procurador le asignan un millón de dólares para monitorear las instalaciones migratorias del estado.

Si las SB 87 y AB103 son firmadas por el gobernador Jerry Brown, California se convertirá en el primer estado de la nación en dar poder a una agencia estatal como es la procuraduría para monitorear los centros de detención de migración. También sería el único en establecer una moratoria en la ampliación de dichas instalaciones en las cárceles públicas a lo largo de la entidad.

La aprobación de estas medidas se dio a pocas horas de que 42 refugiados bajo custodia en el Centro de Detención Adelanto, la más grande cárcel privada para inmigrantes, pusieron fin a una huelga de hambre en protesta contra los abusos que sufren.

Siguen presentándose casos de abusos en la cárcel de ICE en Adelanto, California

La acción presupuestal aprobada previene que los municipios de California hagan nuevos contratos con el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) o con cualquier agencia federal tendientes a poner a los inmigrantes en cárceles de la ciudad y el condado.

También previene la ampliación de las camas en las instalaciones carcelarias de los municipios y condados bajo contrato con ICE. Esto incluye además cualquier instalación que albergue niños inmigrantes.

Al aprobarse, el procurador general de California supervisará y monitoreará todas las instalaciones donde se encuentren los inmigrantes detenidos, incluyendo las condiciones de aislamiento, normas de cuidado y circunstancias alrededor de la detención y transferencia.

Inmigrantes en el Centro de Detención Adelanto se quejan de los alimentos que les sirven.

Los resultados del monitoreo estarán disponibles al público. El primer reporte debe entregarse el 1 de marzo de 2019.

Estas medidas complementan el proyecto de ley SB29, el Acta Dignidad no Detención que busca que los municipios no sirvan como cárceles privadas de migración.

“Esto no es realmente acerca de migración, es sobre los derechos humanos y asegurar que sostengamos los valores constitucionales estadounidenses”, dijo el senador Ricardo Lara quien felicitó a la legislatura y al gobernador por apoyar a los más vulnerables y mandar un mensaje diferente al que el gobierno federal envía a las comunidades inmigrantes.