También los empleadores pueden decir “no” a ICE, dicen activistas

Activistas preparan talleres de información para los empleadores, que también pueden frenar el paso de agentes de ICE si éstos no tienen el debido permiso judicial para inspeccionar un sitio de empleo
También los empleadores pueden decir “no” a ICE, dicen activistas

WASHINGTON.- Los trabajadores indocumentados son parte de la columna vertebral de muchas empresas en EEUU y, ante posibles redadas de agentes de ICE que afecten sus negocios, también las compañías pueden bloquearles el paso si no tienen el debido permiso, han afirmado activistas.

Desde su creación en 2003, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha centrado sus esfuerzos en el cumplimiento de las leyes de inmigración y, bajo la Administración Trump, ha dejado en claro que cualquier inmigrante indocumentado puede quedar sujeto al arresto y la deportación, tenga o no antecedentes criminales.

Durante una conferencia telefónica de “New America Media”, activistas de grupos cívicos indicaron ayer que, en el clima actual de temor a un aumento en las redadas y deportaciones, es importante que tanto las empresas como sus trabajadores conozcan sus derechos.

Las empresas son responsables de las personas que emplean bajo su techo y como tal tienen la obligación de proteger los derechos laborales y constitucionales de sus empleados, sin importar su estatus migratorio, afirmaron.

Así como los inmigrantes pueden impedir el allanamiento de su vivienda por agentes de ICE –si no tienen el debido permiso judicial-, también los empleadores pueden negarse a dejarlos entrar en su propiedad privada, explicaron los activistas.

“Si agentes de ICE se presentan a una empresa privada, ésta puede impedirles el paso y decirles que no les permitirán entrar a menos que tengan un permiso judicial”, explicó Grisel Ruiz, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC).

En el caso de los inmigrantes en sus viviendas, éstos tienen derecho a guarder silencio frente a agentes de ICE; impedirles la entrada; exigir muestra de una orden judicial, y no firmar ningún documento que no entiendan o que no hayan consultado con un abogado, dijo.

Michael Young, asesor legislativo de la Federación Laboral de California, precisó que los empleadores tienen derecho a exigir que los agentes muestren que tienen permiso para entrar a inspeccionar el sitio de trabajo, y deben también presentar una orden de un juez antes de que la empresa entregue información privada o confidencial sobre los empleados.

“Creemos que los empleadores tienen la obligación de asegurar que protegen los derechos laborales, de seguridad,  de la vida privada y el debido proceso de sus empleados, e impedir que ocurran violaciones a esos derechos en los sitios de empleo”, dijo Young.

“No podemos regular las leyes de inmigración federales pero sí podemos regular el comportamiento de las empresas”, argumentó Young, cuyo grupo apoya la iniciativa estatal de California AB 450, que impide redadas en sitios de empleo a menos que los agentes de ICE presenten un permiso u orden de un juez.

La medida, conocida como el “Acta de Protección de los Trabajadores Inmigrantes” y presentada por el asambleísta David Chiu y el senador estatal Scott Weiner,  ambos demócratas, es la primera de su tipo en todo el país, ya fue aprobada en la asamblea y aguarda su votación definitiva en el Senado estatal.

Young señaló que tan solo en California, hay alrededor de 2,6 millones de inmigrantes indocumentados, y uno de cada 10 trabajadores no tiene “papeles”.  Su presencia es especialmente pronunciada en los sectores de agricultura y construcción, donde conforman el 45% y 21%, respectivamente.

Esa cifra supone “un tremendo bloque de personas en riesgo” de la deportación si los agentes de ICE tienen mano libre en los sitios de empleo, advirtió Young.

Por su parte, Cal Soto, coordinador de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), dijo que, en términos generales, organizaciones como la suya han recabado información sobre un incremento de la violencia e intimidación de jornaleros, gracias en parte al clima de miedo que la Administración y grupos afines han fomentado.

“Lo que estamos viendo es una normalización de la violencia” contra los trabajadores, dijo.

Se calcula que, desde que el presidente Donald Trump asumió el poder el pasado 20 de enero, las autoridades de Inmigración han arrestado y deportado a decenas de miles de inmigrantes indocumentados, aunque los activistas no pudieron precisar el impacto económico que eso ha tenido en las empresas.

Auditorías a empresas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, sigue usando las mismas herramientas de siempre para hacer cumplir las leyes de Inmigración.  En el caso de las empresas, los agentes realizan auditorías de los formularios “I-9”, para comprobar que las compañías no están contratando indebidamente a inmigrantes indocumentados.

A menos que los agentes se presenten en el negocio con una orden o citación judicial, por ley deben dar al empleador un plazo de tres días para que se someta a una inspección y entregue fotocopias de los formularios “I-9”.

Si la empresa se niega a cooperar con los investigadores de ICE, una vez que la agencia muestra la orden judicial, éstos pueden pedir la intervención de un tribunal.

Consultada por este diario, ICE reiteró que parte de su tarea es hacer cumplir las leyes que prohíben la contratación de inmigrantes indocumentados, para así desalentar la inmigración ilegal en EEUU, y las auditorías son una herramienta útil para lograr esa meta.

Durante la Administración Obama, las autoridades realizaron entre 2009 y 2016 un total de 16,108 auditorías en sitios de empleo en todo el país, según datos oficiales de ICE.

El número de arrestos relacionados con la contratación de empleados indocumentados tuvo su punto máximo en 2011, con un total de 713 arrestos y 193 condenas, además de que las autoridades impusieron multas y lograron la confiscación de bienes por decenas de millones de dólares.

Durante la llamada, Mohan Kanungo,  director de programas del “Mission Asset Fund”, recordó que, ante la incertidumbre actual, los inmigrantes indocumentados deben tomar pasos concretos para proteger su dinero y sus bienes en caso de un arresto o trámites de deportación, y tener un plan de acción para también proteger a su familia.

Es que las redadas y deportaciones acarrean un alto costo para el gobierno pero también para los inmigrantes atrapados: el costo promedio nacional para una fianza es de $10,000; la representación legal ante un tribunal puede añadir entre $3,000 y $5,000, y el costo legal en casos de deportación o ajuste migratorio oscila entre $5,000 y $25,000, precisó Kanungo.

Aunque los activistas coincidieron en que la Administración Trump no tiene los recursos para deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados, éstos deben desarrollar un plan de acción frente a lo imprevisible, y acudir a los centros de ayuda legal para inmigrantes.