Condado de Los Ángeles busca eliminar pregunta sobre antecedentes penales en solicitudes de empleo
El empleo es el factor más significativo en prevenir la reincidencia
A lo largo del país, 28 estados y 150 condados o ciudades han adoptado normas "ban the box". Crédito: captura de twitter
Después de cumplir sus condenas, muchas personas batallan para rehacer sus vidas debido a una pregunta en las solicitudes de empleo:
¿Ha sido convicto de un crimen o declarado culpable por alguna ofensa?
Cuando el candidato admite a antecedentes penales, los empleadores se suelen desalentar, lo cual mantiene a personas previamente encarceladas atrapadas en ciclos de pobreza y actividad delictiva.
Así como la ciudad de Los Ángeles y otras entidades a través del país, el condado angelino pronto podría eliminar dicha pregunta de los formularios. La junta de supervisores ha pedido que funcionarios del condado proporcionen directrices para establecer estándares de “una oportunidad justa”.
Los decretos se aplicarían al gobierno del condado y a las empresas con las que celebran contratos, así como a negocios ubicados en las zonas no incorporadas del condado.
Algunas de las políticas contempladas incluyen el no indagar sobre los antecedentes penales de un posible empleado hasta después de hacerle una oferta de trabajo, o darle la oportunidad de apelar si se rescinde una oferta.
De acuerdo a National Employment Law Project, una organización que se dedica a llevar un registro de estas políticas, 28 estados y 150 condados o ciudades han adoptado normas ban the box (“elimina la caja”, refiriéndose a la caja en los formularios). Entre ellos, estás políticas aplican al sector privado en nueve estados y 13 ciudades, incluyendo Los Ángeles y San Francisco.
A nivel estatal, los legisladores de California contemplan una propuesta de ley que impediría que cualquier empleador—ya sea en el sector público o privado—pregunte sobre el historial criminal de un postulante hasta después de ofrecerle una oferta condicional.
Algunos grupos empresariales se oponen a la medida, alegando que retardaría el proceso de contratación y expondría a los negocios a responsabilidad jurídica.
Según el Instituto Nacional de Justicia, aproximadamente tres cuartos de las personas que han sido puestas en libertad vuelven a cometer un delito dentro de cinco años. Un estudio realizado por Justice Quarterly en 2011 señala que el empleo es el factor más significativo en prevenir la reincidencia.
