Inquilinos exigen alto a las amenazas de caseros con reportarlos a migración

La táctica es usada para obligarlos a aceptar incrementos, desalojos injustos o condiciones deplorables
Inquilinos exigen alto a las amenazas de caseros con reportarlos a migración
Vecinos exigen que el propietario de sus viviendas rentadasdeje de acosarlos.
Foto: Aurelia Ventura / Impremedia/La Opinión

Los esposos Salvador Ramírez y Sofía Martínez, acompañados por otros inquilinos y activistas, irrumpieron en un lote de autos del sur de la ciudad para entregar una carta al dueño en la que le piden que deje de amenazarlos con reportarlos a las autoridades de migración si no desalojan.

“No queremos que nos siga acosando, que nos esté amenazando con echarnos a migración. Se le olvida de dónde viene. Ya basta de tanto abuso”, dijo Sofía Martínez.

“Queremos vivir en paz en nuestra casa”, urgió.

La madre de familia cuenta que viven desde 2014 en una vivienda en el sur de la ciudad que es propiedad del dueño del concesionario de vehículos. 

“Tenemos un año sin contrato y pagamos 1,700 dólares al mes. El propietario nos quitó una recámara para meter a uno de sus empleados, y se mete a cualquier hora. Quiere que desalojemos y que ya no usemos la cocina”, explica.

“De su propia boca, Carlos Hernández – el dueño – le gritó a mi esposo que iba a llamar a migración para que nos deportaran a todos. Me preocupa que con tanto estrés mi esposo se vaya a enfermar porque sufre de diabetes”, relata.

Un grupo de activistas e inquilinos que apoyan a Salvador Ramirez y su esposa Sofia Martínez marcharon y protestaron en contra del propietario de un lote de autos que es también el casero de la pareja por supuestamente presionarlos con amenazas de reportarlos a las autoridades de migración.(Photo Aurelia Ventura/ La Opinion)

Carlos Hernández Soto es propietario de la vivienda donde vive Salvador Ramírez y Sofía Martínez. Y se defendió de los señalamientos.

“Aquí la única víctima y el ofendido soy yo. Salvador Ramírez fue a hacer una manifestación con 30, 40 personas y a desprestigiarme a mi negocio, que es independiente de la vivienda que le rento”, se lamentó Hernández.

Y negó terminantemente haber amenazado a Ramírez con reportarlo a migración.

“Yo no soy agente de migración ni me voy a pelear por 300, 400 dólares. Yo sé que solo puedo aumentarles la renta en un 3%. El problema ha sido que ellos subarrendan la vivienda a otras personas y quieren hacer negocio con mi propiedad. Meten al que va a pasando sin investigar quién es. No entienden que hay reglamentos y que me van a meter en problemas si ocurre un incendio o una violación ahí adentro”, indica.

Agrega que la persona que vive con la familia, a quien identificó como Mohammed Mahnad, no es su empleado. “Ahora no lo pueden sacar y están inventando que yo los hostigo”, señaló.

Negó además que como propietario, él se meta a la casa en renta sin autorización.

Salvador Ramirez y su esposa Sofia apoyan un proyecto de ley que se discute en Sacramento para prohibir que los propietarios de vivienda en renta amenacen a los inquilinos con reportarlos a migración. (Photo Aurelia Ventura/ La Opinion)

Propuesta de ley

Mientras en Los Ángeles protestan contra las amenazas de intimidación hacia inquilinos que no tienen documentos de residencia, en Sacramento se preparan para votar en el pleno del Senado la medida AB 291 que prohibiría a los dueños de casas o departamentos de renta, mostrar a las autoridades de migración, información relacionada con el estatus migratorio de los inquilinos.

El autor de la medida, el asambleísta David Chiu (D-San Francisco) dijo cuando la medida fue aprobada en la Asamblea que su iniciativa detendrá a una pequeña minoría de propietarios de vivienda en renta que de manera inescrupulosa toman ventaja del estatus de migración real o del que perciben en sus inquilinos para abusar de ellos.

Este proyecto de ley también prohibiría a los caseros amenazar con reportar a los inquilinos con las autoridades de migración en represalia por tomar acciones legales para protegerse o por no querer desalojar.

Abel González denunció que ha sido víctima de amenazas con echarle a las autoridades de migración por negarse a desalojar su vivienda. (Photo Aurelia Ventura/ La Opinion)

Amenazado

Abel González también lleva semanas con los nervios de punta y sin poder dormir.

“Yo rento una casa de dos recámaras en Huntington Park desde 2011. Pago 1,250 dólares y ahora el dueño quiere subirme 750 dólares. No se me hace justo”, dice.

González comenta que el año pasado comenzó un proceso en migración para obtener la residencia y como necesitaba 12,000 dólares para pagar por el trámite, le pidió al dueño si lo podía esperar con la renta uno o dos meses.

“Al principio estuvo de acuerdo. Después se retractó y me mandó una nota para desalojar la casa. Aunque me puse al corriente con la deuda, en abril de este año me dio 60 días para dejar la vivienda a menos que le page 2,000 dólares de la renta, pero yo no puede pagar eso”, admite.

Lo que es más grave, asegura que el propietario de su vivienda en renta le mandó a una persona de su confianza – Patricia Hernández Lara – a decirle que si no pagaba, lo llevaría a la corte y perdería su proceso de migración porque lo iban a deportar.

“No sé qué hacer. Me siento entre la espada y la pared”, dice González. “El dueño quiere que me vaya para rentar más caro la casa. No sé a dónde irme porque todas las rentas están muy caras”, observa en tono desesperado.

La Opinión contactó a Robert Hernández, el arrendador de la vivienda de Abel González, pero éste respondió que no tenía comentarios que hacer.

Muchos inquilinos están cansados de recibir amenazas con reportarlos ante las autoridades de migración por parte de sus caseros cuando se niegan a darle los aumentos de renta que reclaman . (Photo Aurelia Ventura/ La Opinion)

Amenazas son cosa de diario

Lupita González, organizadora de inquilinos de la Alianza de Californianos para el Empoderamiento de la Comunidad (ACCE), sostiene que el ambiente antiinmigrante ha hecho que los dueños que son abusivos se aprovechen.

“Muchas veces, por el aspecto hispano asumen que no tienen documentos. Cada semana en el taller que tenemos sobre los derechos de los inquilinos, la queja por amenazas de que les van a echar a la migra, es una de las que más se plantean”, expone.

Esto se ve agravado porque no hay muchas viviendas que estén dentro del control de renta. “Así que con un aviso de 60 días ya no les quieren rentar”, observa.

Además, Los Ángeles enfrenta una crisis de vivienda. “No tenemos y las que hay son muy caras”, dice.

Las tácticas que utilizan para desalojar a los arrendatarios de bajos ingresos son aumentos estratosféricos para que no pueda pagar y decidan mejor irse, indica.

“Si se aprueba la propuesta de Chiu para prohibir las amenazas contra los inquilinos con reportarlos a migración nos van a ayudar mucho. Aunque es una pena que algunos legisladores que representan el sur de Los Ángeles no la apoyen”, externa.

Pero también, González enfatiza que se necesita ampliar el control de rentas. “Si nos organizamos vamos a poder hacer el cambio y mover a los políticos”, señala.

La línea telefónica para reportar abusos contra los inquilinos de ACCE es:  (888) 964-8086