Santa Ana alquilará más camas de su cárcel a los U.S. Marshals

La medida se da para cubrir el déficit que quedó al cancelar contrato con ICE
Santa Ana alquilará más camas de su cárcel a los U.S. Marshals
Los U.S. Marshals albergan en las cárceles a personas con casos federales. / archivo

Santa Ana ampliará su contrato con el Servicio de Alguaciles del país (U.S. Marshals) para alojar a reclusos. Esto, con la finalidad de aliviar a la ciudad con un déficit en su presupuesto que se dio como resultado de la cancelación del contrato que tenían con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

El Servicio de Alguaciles —brazo de aplicación de la ley del sistema de tribunales federales— usará 173 camas adicionales en la cárcel de Santa Ana, sobre las 75 o más camas que ya tiene ocupadas.

El acuerdo, más los ingresos de un aumento inesperado en los reclusos —permitidos bajo el actual contrato de alguaciles— reducirá el déficit presupuestario de la ciudad este año de $9.3 a $4 millones, según indicó Cynthia Kurtz, directora municipal interina de la ciudad.

Se espera que el uso extendido de los alguaciles de la cárcel dure por lo menos dos años, mientras que el centro de detención metropolitano de Los Ángeles se somete a renovación.

El presupuesto de Santa Ana tuvo un impacto grave cuando ICE avisó en febrero de este año que terminaría su contrato de 11 años con la ciudad.

La cancelación se produjo después de que Santa Ana, bajo la presión de activistas proinmigrantes, anunciara su intención de eliminar dicho contrato.

El acuerdo de ICE trajo $11 millones de aportes a la ciudad durante 2016, aunque los ingresos a lo largo de los años variaron. Las agencias federales pagan a Santa Ana una tarifa diaria de $105 por cada preso.

Y a principios de 2017, un contratista externo estudió las opciones para el futuro de esta cárcel, incluyendo convertirlo en algo que no sea un centro de detención, sino más bien en una escuela o un centro de salud mental.

La alcaldesa Pro Tem Michele Martínez dijo hace poco que le gustaría verlo como un centro de datos para el gobierno local y las pequeñas empresas.

Mientras que, la directora municipal interina Cynthia Kurtz, dijo que el contrato con los alguaciles compraría tiempo en la ciudad para hacer un estudio exhaustivo de todas las opciones.

“Pensábamos que íbamos a estar operando en un déficit tan grande cuando el contrato ICE se fuera [de Santa Ana] y por eso estábamos deseosos de pasar al siguiente uso lo más rápido posible”, explicó.

“[Ahora] estamos encantados de tener la posibilidad de tener más tiempo y ser más reflexivos”.

La ciudad todavía tiene una deuda de $21 millones por la construcción de la cárcel.