A Trump no le conviene reducir la inmigración legal
Informe revela que el efecto económico podría ser grave
Foto de archivo. Crédito: Aurelia Ventura/La Opinión
WASHINGTON.- El afán republicano por reducir la inmigración legal en EEUU perjudicaría a los sectores que dependen de la mano de obra inmigrante, mermaría el crecimiento económico, y subiría los precios para los consumidores, advirtió este jueves un nuevo informe.
El informe del Foro Nacional de Inmigración (NIF) y la Fundación Nacional para Política Estadounidense (NFAP), analizó el daño a la agricultura y otros rubros de la economía de la legislación “RAISE Act”, que promueven la Casa Blanca y aliados republicanos en el Senado para crear un sistema migratorio con base a “méritos”, y reducir por la mitad la inmigración legal para 2027.
Para Stuart Anderson, director ejecutivo de NFAP y autor del informe, se trata de un momento coyuntural: o EEUU adopta medidas para fortalecer y diversificar la economía o, como propone el proyecto de ley, para que se atasque.
“El reducir por la mitad la inmigración legal bajaría la tasa de crecimiento económico por aproximadamente 12,5%… también eliminaría a cuatro millones de personas de la cola para visas por empleo o vínculos familiares”, lo que también afectaría a la economía, dijo Anderson durante una conferencia telefónica, en la que otros expertos también cuestionaron la eficacia de la legislación.
El presidente Donald Trump y sus aliados conservadores acusan a los inmigrantes de “robar” empleos a los estadounidenses, deprimir los salarios, y ser una “carga pública”, y han prometido a su base “poner de primero a EEUU”.
Sin embargo, omiten que la inmigración de trabajadores con bajas destrezas se niveló hace más de una década y permanece sin cambios, que la mayoría de los nuevos inmigrantes tiene mejores niveles de educación que los nacidos en EEUU, y que reducir su número no provocaría una gran mejora salarial.
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Según analistas, el estancamiento salarial obedece a múltiples factores más allá de la inmigración, incluyendo los cambios en las tecnologías, la mecanización de ciertos empleos, y las presiones de la globalización. La medida no fortalecería la competitividad global de EEUU, añaden.
Otro estudio publicado hoy por la Facultad de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania -de donde se graduó Trump- dijo que la legislación causaría la pérdida de 4,6 millones de empleos y una contracción económica del 2% para 2040.
La legislación estipula que los inmigrantes acumulen hasta 30 puntos para ganarse el derecho a una visa, según su edad, nivel de educación, altas destrezas laborales, y dominio del inglés, entre otros requisitos.
Salvo el rechazo individual de varias organizaciones empresariales, por ahora no parece haber un esfuerzo concertado en contra del “RAISE Act” por el empresariado, aunque sí lo hubo en 2007 con una fallida medida similar.
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Los grandes perdedores
Para 2024, la economía previsiblemente añadirá más de 100,000 puestos para cada una de las ocupaciones de cocineros, construcción, limpieza, creadores de software, analistas de computación, y empleadas domésticas, áreas que tienen una concentración de inmigrantes más alta que el promedio nacional.
Los sectores de agricultura, procesamiento de carnes, construcción y servicios se llevarían la peor parte si el Congreso aprueba la medida, porque ya afrontan una escasez de mano de obra, y muchos de los trabajadores disponibles son indocumentados y corren el riesgo de la deportación.
Los inmigrantes conforman el 51% de los empleados en la industria láctea, y las empresas que dependen de ellos producen el 79% de todo el suministro de leche en EEUU.
Si desaparecen esos trabajadores, el ganado lechero se reduciría por 2,1 millones de vacas, el número de haciendas por 7,011, y la producción de leche por 48,400 millones de libras. Los supermercados verían un aumento del 90,4% en los precios de la leche de venta al menudeo.
La pérdida en las granjas sería de $32,000 millones en productividad y de más de 208,000 empleos. Y la pérdida en los sectores agrícola, de construcción, y otros, afectaría también a una cadena de sectores complementarios que operan en esa órbita.
Según una fórmula del Departamento de Agricultura, cada mil millones de dólares en exportaciones agrícolas apoyó 6,800 empleos en 2011, incluyendo en las fincas, plantas procesadoras de carne, y en los sectores de comercio y transporte.
Sistemas adecuados a su necesidad
Los sistemas de puntos de Canadá y Australia fueron pensados para atraer a más inmigrantes, no para cerrarles la puerta, dijo en la llamada el abogado Peter Rekai.
En el caso de Australia, solo es usado para la residencia permanente, no para visas temporales por contratos laborales.
El informe determinó que la eliminación de tres categorías de visas familiares –para hermanos e hijos adultos, solteros o casados, de ciudadanos estadounidenses- frenaría el ingreso anual de hasta 25,000 inmigrantes con menos de un diploma de secundaria.
Pero esa ínfima cifra, que equivale al 0,01% de la fuerza laboral, no afectaría ni mejoraría los salarios de trabajadores estadounidenses con menos destrezas laborales.
Por otra parte, el 84% de quienes ingresaron legalmente a EEUU entre 2010 y 2014 tuvo un diploma de secundaria o de enseñanza superior, comparado con el 88% de los adultos en EEUU con un bachillerato.
¿EEUU de “primero”, o de último?
El informe de 73 páginas dejó en claro que la medida republicana no fortalecerá la competitividad global de EEUU.
Los senadores Tom Cotton y David Perdue, autores del “RAISE Act”, quieren copiar el modelo de Canadá y Australia, que tienen gobiernos parlamentarios y más ágiles para hacer ajustes unilaterales, pero éste no funcionaría en EEUU, según el informe.
Y sería el gobierno federal, y no los propios empleadores, el que determine arbitrariamente el tipo y cantidad de trabajadores que éstos necesitarían.
La receta, según Laura Reiff, presidenta de la junta directiva de NIF, consiste en equilibrar las necesidades del mercado laboral para inmigrantes con toda clase de destrezas con las visas por vínculos familiares, sin poner trabas a las empresas que patrocinen la residencia permanente de sus empleados, y sin reducir la inmigración de familias.
