Consultores de inmigración con la soga al cuello

Proyecto de ley busca eliminar a quienes ofrecen servicios sin ser abogados; las personas de bajos recursos se oponen
Consultores de inmigración con la soga al cuello
La AB 638 está hoy en una comisión dirigida por el senador Ricardo Lara. / fotos: Aurelia Ventura.
Foto: Aurelia Ventura / Impremedia/La Opinión

Un grupo de proveedores de servicios de inmigración y activistas proinmigrantes se reunieron en el centro de Los Ángeles esta semana para pedir al Senado estatal que detenga la propuesta de ley AB 638.

De ser aprobada, esta medida prohibiría que una persona ayude a otros en temas migratorios —excepto que sea un abogado— y en caso de desobedecer, se entendería como que el proveedor cometió un crimen. Esto con el objetivo de prevenir fraudes.

La propuesta fue creada por la asambleísta Ana Caballero de Salinas, California.

Sin embargo, los activistas dicen que este proyecto de ley dañará a familias, sobre todo a madres solteras y personas mayores de bajos recursos.

Kari López-Yánez contó su historia y unió su voz para oponerse a esta medida. / Foto: Aurelia Ventura.

Quienes realizan este tipo de trámites, sin ser abogados pero que cuentan con años de experiencia, aseguran que la AB 638 en vez de ayudar impactaría de manera negativa a los clientes de bajos recursos y dejaría a muchos proveedores de servicios migratorios sin empleo.

“El fraude va a continuar, hay que ir por los malos. Estamos de acuerdo que los malos tienen que pagar y tienen que seguir la ley… Pero no estoy de acuerdo con que nos quieran eliminar”, dijo Guadalupe Gómez, quien es activista y dueño de una oficina que provee servicios de inmigración.

“Yo lo hago [ayudar a otros inmigrantes] desde mi oficina pero a muy bajo costo. Luchamos por una integración justa”, agregó.

Por su parte, la guatemalteca Kary Yaneth Lopez-Yañez contó que después de 10 años de casada en 2003 intentó iniciar el proceso para obtener su residencia permanente pero que el trámite con un abogado le iba a costar cerca de 5,000 dólares.

“Era muy difícil tener un buen trabajo. Yo estudiaba y era cajera”, dijo esta mujer, a quien poco después uno de sus amigos le recomendó ir a una oficina de servicios de inmigración.

“[La representante de la oficina] no me cobró mucho, se me hizo muy económico y ese mismo me ayudaron… Después de un año me llegaron mis papeles”, explicó López Yáñez, quien poco después decidió trabajar con la misma oficina que le ayudó para tenderle la mano a otros.

Activistas creen que de pasar la ley, los más afectados serían las madres solteras y las personas mayores. / Foto: Aurelia Ventura.

“Me da mucho gusto estar del otro lado del escritorio y ayudar a familias que califican para una estadía legal en este país y que pueden aplicar a bajo costo”, aseveró.

“Algunos de nosotros operamos de manera privada y otros con organizaciones no lucrativas. En ambos casos habemos personas que aparte de proveer los servicios somos promotores de una reforma migratoria”, dijo Juan José Gutiérrez, activista de la Coalición de Derechos Plenos para Inmigrantes.

“Todos nos unimos en oposición a la AB 638 porque no hace nada para prevenir el acceso a los servicios de inmigración a bajo costo”, aseveró.

Organizaciones apoyan la AB 638, ¿por qué?

Organizaciones como la Coalición Proderechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA) y el Centro de Recursos para Centroamericanos (CARECEN) apoyan la aprobación de la AB 638.

“Los errores de los consultores le cuestan a la comunidad miles y miles de dólares y en ocasiones resultan en la deportación de las víctimas”, explicó Jorge Mario Cabrera, portavoz de CHIRLA.

“Actualmente hay casi 900,000 personas con órdenes de deportación y la gran mayoría estimamos ha llegado a esa situación por causa de errores causado por notarios y consultores migratorios”, agregó.

“Los consultores dicen que se quedarán sin trabajo si esta ley es aprobada. Pero hay personas que han sido defraudadas y se han quedado sin casa, sin familia, sin futuro y sin trabajo.  ¿Donde están los consultores de inmigración bien pagados defendiendo a estas familias defraudadas?” cuestionó Cabrera.

Por su parte, Daniel Sharp —director legal en la organización CARECEN en Los Ángeles— dijo: “[Estos consultores] argumentan que ofrecen servicios a bajo costo, al mismo tiempo que se oponen a un límite de precio que reflejaría lo poco que están autorizados a hacer”.

Y agrega que muchos cobran tanto o más que los abogados y “cuando un caso va mal, nunca están para respaldar al cliente. Esas consecuencias que paga el cliente y su familia no son baratas.”

La AB 638 ya fue aprobada por la Asamblea Estatal y ahora se encuentra en el Comité de Asignación de Créditos del Senado, grupo dirigido por el senador Ricardo Lara, quien representa a las áreas de Huntington Park, South Gate, Lakewood y Long Beach.

Se espera que la AB 638 sea debatida, además de obtener un voto final, por la Comisión de Apropiación del Senado la próxima semana.