Los Ángeles demanda al gobierno federal para bloquear condiciones migratorias sobre donativos de lucha contra el crimen

La demanda se dirige a la rama ejecutiva, amenazando con financiar el programa de seguridad pública de L.A.
Los Ángeles demanda al gobierno federal para bloquear condiciones migratorias sobre donativos de lucha contra el crimen

El procurador de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, anunció hoy que su oficina ha presentado una demanda contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en busca de una orden judicial, “… para impedir que un brazo de la rama ejecutiva del gobierno de Estados Unidos ejerza inconstitucionalmente su autoridad para avanzar objetivos políticos que no puede efectuar legalmente – todo ello a costa de la seguridad pública en los Ángeles y otras ciudades ….

La querella alega que es inconstitucional que el DOJ imponga condiciones relacionadas con la inmigración civil en un programa basado en formulas y promulgado por el Congreso para ayudar a las autoridades estatales y locales a prevenir y reducir el crimen violento.

El 25 de julio, el fiscal general Jeff Sessions anunció que de acuerdo con una orden ejecutiva emitida por el Presidente Trump, se impondrían nuevos requisitos de cumplimiento de las leyes de inmigración en todas las solicitudes del donativo Byrne Jag. Las jurisdicciones que no modifiquen sus políticas para alinearse con estos nuevos requisitos serían inelegibles para los fondos.

“Estamos demandando para bloquear la administración Trump de inconstitucionalmente imponer su voluntad en nuestra ciudad. La administración pondría a Los Ángeles en la opción insostenible de arriesgar una concesión clave de seguridad pública o hacer del LAPD un brazo de la política federal de inmigración civil”, dijo Feuer al anunciar la demanda. “La acción de la Administración es tan irónica como ilegal, ya que los fondos en juego apoyan un programa modelo de Los Ángeles dirigido a delitos violentos relacionados con pandillas”.

 

El procurador municipal Mike Feuer anunció la demanda contra el DOJ este martes. (Aurelia Ventura/La Opinion)
El procurador municipal Mike Feuer anunció la demanda contra el DOJ este martes. (Aurelia Ventura/La Opinion)

“Tenemos una responsabilidad con las familias de Los Ángeles para luchar siempre por su seguridad y protección”, indicó en un comunicado Herb Wesson, presidente del Concejo Municipal de Los Ángeles. “Nuestra ciudad es un faro de luz para el resto del país porque no comprometemos nuestros valores, independientemente de lo que el gobierno federal exija”.

Cada año, el DOJ otorga a los estados y ciudades el donativo Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (JAG), fondos federales para la prevención del crimen que se utilizan para apoyar la aplicación de la ley local. Estas subvenciones se otorgan a través de una fórmula basada en estadísticas de población y delincuencia. Desde 1997, la ciudad de Los Ángeles ha recibido más de $1 millón en la financiación de JAG anualmente, incluyendo $1.8 millones para el año fiscal de 2016. Este año, Los Ángeles es elegible para recibir $1.9 millones, dinero que se comparte con la ciudad y el condado. Aproximadamente $800,000 dólares en fondos Byrne JAG este año se ha utilizado para ayudar a reducir la actividad pandilleril en Los Ángeles.

Las solicitudes para financiamiento Byrne JAG para el año fiscal 2017 fueron publicadas el 3 de agosto de 2017 y Deben presentarse para el 5 de septiembre de 2017, y específicamente requieren un amplio acceso federal a las cárceles locales para propósitos migratorios, y obligan a emitir notificaciones de 48 horas a los funcionarios de inmigración federal antes de que un detenido sea puesto en libertad.

La demanda cita numerosas razones por las que estas condiciones son inconstitucionales. Alega que el DOJ no tiene autoridad para imponer las condiciones en absoluto, porque sólo el Congreso puede imponer condiciones sustantivas a las subvenciones federales establecidas por la legislatura. La querella también señala múltiples razones por las cuales las condiciones violan la intención del Congreso de crear el programa de subvenciones, que apoya la aplicación de la ley penal local, no los esfuerzos de inmigración federales. Además, la demanda señala que la condición de 48 horas se puede leer como una exigencia para que Los Ángeles viole los derechos de la Cuarta Enmienda de los arrestados al requerir efectivamente que el LAPD detenga a estos individuos más allá del tiempo en que serían liberados.

La demanda se presentó en San Francisco, donde Los Ángeles pretende unirse al fiscal general de California, la ciudad de San Francisco y otros en el desafío de las nuevas condiciones impuestas por el DOJ.

Feuer indicó además que a partir del viernes, 4 de agosto, su oficina contactó al Departamento de Justicia por teléfono, correo electrónico y carta, tratando de clarificar la condición de notificación de 48 horas y que hasta la fecha, el DOJ no ha emitido ninguna aclaración.

Grupos proinmigrantes como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) alabaron la medida.

“Apoyamos la defensa legal de la ciudad de Los Ángeles ante los atropellos anticonstitucionales de la Administración Trump.  Los esfuerzos de quitar fondos federales a ciudades que dan la bienvenida a los inmigrantes son peligrosos y afectarán la seguridad y el bienestar de todos en la comunidad”, declaró Jorge Mario Cabrera, vocero de la organización.