Republicanos presentan medida para castigar contratación de trabajadores indocumentados

WASHINGTON.- En lo que supone la mayor regulación del mercado laboral, líderes republicanos del Congreso presentaron este viernes una medida que codifica el uso obligatorio del sistema “E-Verify”, e incrementa las multas a empresas que contraten a trabajadores “sin papeles”.

El proyecto de ley, titulado “Acta para la Fuerza Laboral Legal” (“Legal Workforce Act”, obligar a todas las empresas a participar en el programa federal “E-Verify”, so pena de multas, con el objetivo de impedir que los inmigrantes indocumentados “roben” empleos a estadounidenses, según sus autores.

De esta forma, se cierra el “grifo” de empleos que atrae a los inmigrantes indocumentados a EEUU y alienta su salida voluntaria del país.

La medida es un guiño a grupos de la base conservadora del Partido Republicano que se opone a cualquier alivio contra los inmigrantes indocumentados, incluyendo los “DREAMers” amparados al programa de “acción diferida” (DACA) de 2012.

El presidente Donald Trump ganó en 2016 con promesas de combatir la inmigración ilegal, y ahora ha dejado en manos del Congreso el futuro de los “DREAMers”, aunque también ha dicho que apoya una solución legislativa.

El “E-Verify”, creado por el Congreso en 1996, es un sistema digital que coteja la información del Seguro Social y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y permite que las empresas puedan verificar el estatus migratorio de sus empleados.

Más de 740,000 empresas participan en “E-Verify”, pero hasta ahora ésta es obligatoria sólo para aquellas  que obtienen contratos con el gobierno federal. La nueva legislación “H.R.3711” amplía el programa a todo el empresariado.

No es la primera vez que los republicanos promueven este tipo de medidas, pero ninguna ha llegado hasta el pleno de la Cámara de Representantes y también ha afrontado oposición de buena parte del empresariado.

La iniciativa, de aprobarse, se aplicará a todos los sectores, incluyendo el agrícola, y tanto a empresas con menos de 20 empleados como a corporaciones de hasta casi 10,000 trabajadores.

En la actualidad, las multas civiles para las empresas oscilan entre $250 y $2,000 por la primera infracción, entre $2,000 y $5,000 para la segunda infracción, y entre $3,000 y $10,000 para subsiguientes infracciones.

La medida incrementaría la primera infracción a entre $2,500 y $5,000, duplicaría el monto de la segunda infracción, y también el monto para subsiguientes multas.

Entre otros elementos, la iniciativa:

• Elimina los formularios “I-9” y los reemplaza con un sistema electrónico en el que las empresas pueden recabar datos de los empleados y confirmar su elegilidad para trabajar legalmente en EEUU.
• Implementa de forma gradual el uso obligatorio de “E-Verify” para todas las empresas en plazos de seis meses a partir de la fecha de la eventual promulgación de la ley.
• Uso voluntario de “E-Verify” para verificar el estatus de los empleados ya contratados, siempre que se realice sin discriminación y por parejo a todos los empleados en una zona geográfica o misma categoría.
• Permite que las autoridades locales y estatales puedan continuar condicionando la concesión de licencias a empresas si usan “E-Verify”. Como incentivo, los estados podrán quedarse con las multas que impongan a empresas que violan las leyes de inmigración.
• Protege el número de Seguro Social de los trabajadores, para que no pueda ser robado y utilizado por otro solicitante de empleo.
• Protege de acciones legales a empresas que usen “E-Verify” “con buena fe” pero que, sin saberlo, reciben información incorrecta de los empleados.
• Aumenta las sanciones a empleadores que, a sabiendas, contratan a trabajadores indocumentados, y también impone multas a empresas y empleados que proveen datos fraudulentos en “E-Verify”.
• Establece dos programas pilotos para usar tecnología de punta en “E-Verify”

El presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, Bob Goodlatte, afirmó que la iniciativa “pone de primero a los trabajadores legales y goza de un amplio apoyo del pueblo estadounidense”, y aliviaría la situación de “casi 20 millones de estadounidenses desempleadas o subempleadas”.

La expansión de “E-Verify” es, según Goodlatte, una parte clave para hacer cumplir las leyes de inmigración y “ayudará a mantener la integridad del sistema migratorio”.

Los coautores de la medida, Lamar Smith, y Ken Calvert, afirmaron que la expansión de “E-Verify” permitirá que los empleos sólo estén disponibles para trabajadores legales.

Críticas al “E-Verify”

Al defender su iniciativa, sin embargo, los congresistas omitieron que los siete millones de trabajadores indocumentados en la fuerza laboral del país son una especie de “salvavidas” en sectores afectados por la escasez de mano de obra.

El concejo ejecutivo de la federación sindical AFL-CIO ha dicho que estrategia punitivas y la represión de inmigrantes indocumentados –como lo que ocasionaría esta iniciativa- sólo crean un clima de miedo a los inmigrantes y miembros de sindicatos, y aumentan su riesgo de sufrir abusos laborales.

En declaraciones a este diario, David Bier, analista del conservador Instituto Cato, explicó que “prácticamente todo lo que dicen quienes apoyan E-Verify es falso”: la medida no frenará la contratación de indocumentados; aumenta los costos para las empresas y empleados; incrementa la posibilidad de errores; no establece un proceso de apelación para corregir errores, y alienta despidos injustificados.

“Los negocios con toda seguridad se opondrán a esta propuesta. Nadie apoyará un E-Verify sin programas para trabajadores huéspedes y de legalización para que los extranjeros puedan trabajar legalmente y las empresas los contraten legalmente; no se aprobado en veces anteriores por esta misma razón”, enfatizó Bier.

Por su parte, Frank Sharry, director ejecutivo de “America´s Voice”, afirmó que Goodlatte y “las fuerzas anti-inmigrantes”, en su desesperación, buscan condicionar la aprobación del “DREAM Act” a otras medidas extremas pero, a su juicio, “E-Verify” no funcionará sin la legalización de los trabajadores indocumentados.

“La mayoría de la gente se quedará y será más propensa a la explotación y abuso de empresas sin escrúpulos, y entonces lo que podría ocurrir es que eso deprimirá sus salarios, afectando al resto de los trabajadores”, puntualizó Sharry.