Más de $150 millones de dólares en fondos adicionales serán distribuidos entre 50 de las escuelas de mayor necesidad en Los Ángeles durante los próximos tres años como parte de un acuerdo para poner fin a una querella sobre la distribución desigual de fondos escolares. El dinero pagará por nuevos servicios para estudiantes de bajos ingresos, aprendices de inglés y jóvenes de crianza.
El acuerdo tiene que ver con una demanda judicial de 2015 presentada en la Corte Superior de Los Ángeles por parte de Public Advocates Inc., la Fundación de la Unión Americana de Derechos Civiles del Sur de California, y Covington & Burling LLP contra el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) en nombre de Reyna Frias, una madre de familia y Community Coalition, una organización de justicia social con sede en el sur de Los Ángeles. Es el primer caso para hacer cumplir la ley de reforma financiera educativa de California conocida como la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF).
“Nos complace haber llegado a una solución que mejore inmediatamente la vida de los estudiantes de Los Ángeles”, dijo Aurea Montes-Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Community Coalition. “Si bien esto es una victoria prometedora, también sirve como un recordatorio importante de que las comunidades de bajos ingresos de color son relegadas en Los Ángeles”.
“Estoy muy contenta de ver que a muchos de nuestros niños se les proporcionarán los nuevos servicios que han estado esperando”, dijo Frias, la madre demandante. “Ha sido un largo esfuerzo, pero bien vale la pena el tiempo que nuestros estudiantes y padres dedicaron a esto”.
La queja alegaba que el LAUSD reducía indebidamente su obligación hacia los estudiantes de alta necesidad al acreditarse cada año por unos $450 millones de dólares gastados en servicios de educación especial que eran en realidad parte del programa básico de educación del Distrito. Con el tiempo, esto habría resultado en más de $2,000 millones de dólares en fondos perdidos para servicios dirigidos a estudiantes de alta necesidad. Una decisión administrativa ganada por los demandantes en agosto por parte del Departamento de Educación de California (CDE) requirió que el Distrito corrigiera la mayoría de esos fondos en el futuro, pero aún así dejó varios cientos de millones de dólares de fondos desasignados en disputa. El acuerdo resuelve los fondos pendientes que los demandantes todavía estaban buscando.
“Con nuestra victoria anterior y ahora este acuerdo, estamos enviando un poderoso mensaje a las juntas escolares en todo el estado que serán responsables de cumplir con el requisito de LCFF de aumentar los recursos equitativamente a los estudiantes de alta necesidad”, dijo John Affeldt, abogada de Public Advocates.
“Este acuerdo es en última instancia acerca de los niños y darles los recursos que necesitan, merecen y requieren para prosperar”, dijo Sylvia Torres-Guillén, directora de equidad educativa en la ACLU de California. “Los distritos escolares son responsables del éxito de sus estudiantes y deben invertir adecuadamente en ellos como lo exige la ley. Sólo entonces la equidad educativa tendrá significado, y nuestros estudiantes tendrán las herramientas para triunfar”.
Las 50 escuelas que recibirán fondos como resultado de este acuerdo representan sitios en todo el Distrito y están ubicadas principalmente en el sur y el este de Los Ángeles. La selección de planteles que recibirán los fondos se basó en múltiples factores, incluyendo el número de estudiantes de alta necesidad, las tasas de los jóvenes de crianza, de falta de vivienda, las calificaciones de matemáticas y las tasas de suspensión.
Los servicios que podrían financiarse bajo el acuerdo incluyen apoyo académico, social y emocional, programas de prevención de abandono de la escuela, programas de justicia restaurativa y esfuerzos de participación de los padres.
“Antes de este acuerdo, el ranking de una escuela como una de las ‘necesidades más altas’ en el índice de equidad hizo poco para asegurar que la escuela recibiría los fondos necesarios para aumentar o mejorar los servicios para sus estudiantes”, dijo Laura Muschamp, abogada de Covington & Burling. “Esperamos que la decisión del CDE y este acuerdo puedan allanar el camino para que las reformas se aseguren de que las escuelas, en particular las de las comunidades de mayor necesidad, reciban la cantidad adecuada y justa de fondos”.