Gobierno de Trump se prepara para “medir” el tiempo que jueces de inmigración toman en los casos

La intención sería "acelerar" los procesos, lo que preocupa a algunos observadores que ven la mano negra de la burocracia en las decisiones de deportación y asilo.
Gobierno de Trump se prepara para “medir” el tiempo que jueces de inmigración toman en los casos
Los tribunales de inmigración, dependientes del Departamento de Justicia y del EIOR (oficina ejecutiva de inmigración) se ocupan de casos de asilo y deportación.

El gobierno del presidente Donald Trump planea un nuevo sistema para “medir el rendimiento” de jueces de inmigración de acuerdo a la cantidad de casos que pueden finiquitar en un cierto período de tiempo.

Hay pocos detalles sobre cómo se llevaría a cabo este tipo de medida, pero la Casa Blanca mencionó el tema en un documento dado a conocer este domingo, en el que presenta sus “principios migratorios” al Congreso de Estados Unidos.

De acuerdo al documento, el gobierno de Donald Trump pretende acelerar deportaciones pendientes en tribunales y procesar más rápidamente la acumulación de más de 600,000 casos que están en manos de los Jueces de Inmigración.

Medir el desempeño “numérico” de cada juez, sería una de las formas en las que se pretende acelerar el proceso.  El documento señala que también busca cambios en las leyes y reglamentos para realizar más “deportaciones expeditas” e invertir fondos en la contratación de 370 jueces migratorios y 1,000 abogados para ICE.

“La seguridad fronteriza será imposible mientras tengamos 600,000 acumulados en las cortes migratorias, que nos impide expulsar a los inmigrantes ilegales (sic.)”, reza el documento. “El promedio para un proceso migratorio es de 682 días”.

El uso de una “métrica” para los jueces de inmigración despertó de inmediato la preocupación de algunos observadores del sistema civil de tribunales migratorios.

El juez retirado Paul Wickham Schmidt, quien fue magistrado migratorio desde 2003 hasta junio del año pasado y presidente de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) durante varios años, dijo que el plan del gobierno suena a que la intención es realizar una “manipulación burocrática del sistema judicial”.

“Me preocupa, porque parece que quieren crear un sistema arbitrario para obligar a los jueces migratorios a dar órdenes de deportación sin dar el proceso debido a los inmigrantes”, dijo Wickham Schmidt a La Opinión.

Lo más probable, dijo Schmidt, es que acortar el tiempo que toman los casos resulte en más dictámenes negativos para los inmigrantes, porque la mayoría de los jueces “tarda más tiempo en otorgar una decisión favorable que una desfavorable”.

“Negar un caso y deportar a alguien, particularmente a la buena parte de inmigrantes sin abogado que pasan por nuestras cortes de inmigración, sería muy fácil de hacer bajo estas circunstancias”, dijo. “También recompensaría a jueces malos por encima de los buenos”.

Acelerar casos resulta en más deportaciones

Los tribunales migratorios no son parte del sistema penal de justicia del gobierno federal sino que son tribunales civiles a cargo del Departamento de Justicia. En otras palabras, dependen directamente del procurador Jeff Sessions, quien puede realizar cambios unilaterales a la forma en que estos funcionan.

Pero las decisiones de estos tribunales sí están sujetas a revisión judicial por el sistema federal regular, por lo que a menudo otros jueces revierten casos otorgados o negados por un juez de inmigración.

Naomi Tsu, subdirectora legal del Proyecto de Justicia para Inmigrantes de la organización Southern Poverty Law Center, dijo que la idea de decir a los jueces de inmigración que su efectividad será medida por el tiempo que toman los casos, resultará en un perjuicio para los inmigrantes.

Hay zonas en el sur del país, donde los jueces aceleran los casos lo más posible, y niegan las solicitudes de los migrantes de obtener más tiempo para prepararse o contratar un abogado (que el estado no proporciona, porque en estos tribunales civiles no hay derecho a representación para los indigentes).

“Aquí en el sur, los casos van muy rápido y esto va en perjuicio de los inmigrantes”, dijo Tsu. “¿Qué como lo sabemos? Por ejemplo, la tasa de casos de asilo que se otorgan es sólo del 5%, cuando el promedio del país es del 50%”.

Tsu agrego que el desempeño de un juez debería estar apoyado sobre “cómo imparten justicia y si lo hacen en la forma más objetiva y correcta, no en cuánto tiempo se tardan”.

Pero el abogado de inmigración Richard Wilner, del bufete Wilner & O´Reilly de Orange, California, dijo que no es una mala idea “poner límites al tiempo que tardan los casos”.

“En la corte estatal o federal los casos deben terminar en un período finito de tiempo, y eso es bueno”, dijo Wilner. ” De otra forma, los casos quedan retrasados por mucho tiempo y eso no garantiza que el proceso sea más justo”.

No obstante, Wilner indicó que si la métrica tiene que ver con “cuántos casos niegan o aceptan”, entonces sería inaceptable. “No creo que se trate de eso. Sería absurdo”, apuntó.

La acumulación de casos en las cortes de inmigración es generalmente atribuida a la falta de suficientes jueces y a cambios en prioridades de deportación que varían con las prioridades políticas del momento. 

Por ejemplo, el gobierno de Trump decidió trasladar algunos jueces a cortes fronterizas para procesar casos de deportación en la zona, pero un reciente reporte reveló que esto ha causado más retrasos en los tribunales que estos jueces dejaron desamparados en sus ciudadaes de origen.