ICE se empeña en deportar a madre de familia que ayudó a cambiar una ley de California

Los esfuerzos de Silvia Ocampo resultaron en cambios a las leyes para reducir las penas en este tipo de casos, pero no llegó a beneficiarse

Una madre de familia que ayudó a cambiar la ley de California para dar alivio legal a migrantes convictos de delitos menores, fue arrestada por ICE la pasada semana durante una cita regular con la agencia.

Silvia Ocampo Ortiz se presentó como cada año en julio a su cita con la Agencia de Inmigración de Aduanas (ICE)  y le indicaron que volviera en tres meses. El miércoles pasado acudió de nuevo a la convocatoria y las autoridades la detuvieron, enviándola al Centro de Detención de Otay Mesa.

La madre de cuatro hijos, tres de ellos ciudadanos estaría siendo deportada al momento de escribir esta nota. En horas de la mañana de este jueves, la asambleísta de San Diego Lorena González Fletcher, el director de la escuela de su hija pequeña, amigos y colegas del sindicato de Hoteles y Restaurantes (HERE, Local 30), hicieron un llamado urgente a sus pender su expulsión del país. 

La ironía del caso es que Ocampo Ortíz, quien ha vivido en este país desde hace 24 años, fue la principal portavoz de un proyecto de ley aprobado el año pasado y patrocinado por González Fletcher, que la propia asambleísta tilda como “la ley de Silvia”.

“Me siento devastada”, dijo a La Opinión la asambleísta estatal. “Lo que están haciendo en este caso no tiene sentido. Yo escribí la ley AB 813 en su honor, porque su situación se debe a que recibió malos consejos de un abogado. Además, Silvia es una madre ejemplar, que está involucrada en la vida de sus hijos y trabaja muy duro para mantenerlos”.

En 2009, Silvia y su esposo fueron acusados de  perjurio por mentir al intentar renovar sus licencias de conducir, cuando las personas indocumentadas no podían tener licencias en California.  La mujer estaba recién parida de su hija más pequeña y un abogado le recomendó que si quería salir en libertad, se declarara culpable del cargo. 

Pero la convicción acarrea consecuencias migratorias, es decir, facilita que el gobierno la deporte.

Su esposo fue deportado pero las autoridades migratorias le permitieron quedarse, renovando su permiso y con citas anuales, debido a la discapacidad de su hija menor.

Tras años de apelar su caso de perjurio, Silvia tenía una audiencia la próxima semana con un juez estatal para revisar su caso bajo la ley que ella ayudó a aprobar el pasado año. Pero no llegó a presentarse: antes la arrestó ICE.

Brigette Browning, portavoz de la local 30 de UNITE Here, explicó que Silvia trabajaba como camarera en un hotel de la zona de San Diego y es una activa participante del sindicato.  González Fletcher la conoció cuando era directora de la Federación Laboral de SD, antes de ser elegida a la asamblea estatal.

“Con su salario de camarera, ella mantenía a sus hijos”, indicó Browning. “Ella adoraba a su hija más que a nada en el mundo”.

El director de la escuela de su hija pequeña dijo que todos los maestros estaban escribiendo cartas de apoyo, al igual que él lo hizo, ya que la mujer era una participante valiosa en la escuela y en la educación de sus hijos.

La asambleísta estatal dijo que “está claro que este gobierno quiere deportar a mucha más gente que a los criminales que dicen perseguir. Y no me extraña que la gente tenga miedo de ir a sus citas con ICE. No sé cómo pretenden mantener un sistema como ese si hacen este tipo de cosas”.

Hasta el momento de terminar esta nota, portavoces de ICE no habían respondido a preguntas sobre el caso enviadas vía email, aunque una portavoz dijo que no era seguro que tuviera una respuesta.