Tribunal de apelaciones dice que el gobierno no puede impedir que joven migrante tenga un aborto
Una juez de la mayoría fustigó al gobierno por querer negar sus derechos constitucionales a la muchacha, originaria de un país de América Central. "Es una niña sola, en una tierra ajena", señaló la jueza Patricia Millet, al ordenar se respeten sus derechos.
El bebé fue encerrado durante 85 días en un albergue en Los Fresnos, Texas Crédito: Archivo | Getty Images
Con un voto de 6 a 3, el tribunal federal de apelaciones en la capital del país decidió que el gobierno no puede negar a una menor migrante centroamericana detenida en Texas, el derecho constitucional a hacerse un aborto.
El gobierno de Trump ha estado peleando el caso durante varias semanas, tratando de impedir que la muchacha, identificada solamente con el nombre genérico de “Jane Doe”, se practique un aborto legal luego que entró al país indocumentada y cayó en manos de las autoridades estadounidenses.
El caso ha saltado a la palestra nacional debido a que representa un cambio radical de postura de parte del gobierno en la Casa Blanca, respecto al derecho de migrantes detenidas a tomar decisiones sobre su salud.
La juez Patricia Millet, del tribunal de apelaciones de DC, dijo en su opinión legal como parte de la mayoría, que “la decisión de hoy enmienda un grave error constitucional de parte del gobierno”.
“Recuerden que estamos hablando de una niña. Una niña que está sola en una tierra ajena. Una niña que al llegar aquí en busca de seguridad, y luego que el gobierno la detuvo, supo que estaba embarazada. J.D. tomó entonces una decisión, probablemente a la luz de su difícil situación, de terminar con su embarazo”, escribió Millet.
Millet agregó que la muchacha hace varias semanas que cumplió con todos los requisitos de ley al respecto, y que el gobierno federal, por medio de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, había coartado su derecho en forma inconstitucional.
Hay que recordar que el aborto es legal y constitucional en Estados Unidos, aunque diversos estados han impuesto ciertas reglas para limitarlo, prolongar el período de espera y ofrecer consejería a las mujeres antes de llevar a cabo el procedimiento.
Texas, el estado donde Jane Doe está detenida en un refugio privado para menores migrantes, es uno de los más conservadores, y aún así, la muchacha obtuvo hace ya varias semanas una orden judicial que le permitía practicarse el aborto sin aprobación de sus padres, que están en Centroamérica.
El gobierno normalmente asiste a mujeres presas y migrantes adultas detenidas en sus decisiones reproductivas, tal y como ordena la ley. Pero en este caso, pusieron toda clase de impedimentos a la joven, arrestada en septiembre por las autoridades migratorias.
Abogados que asistieron a Jane Doe en su solicitud dijeron que la decisión de hoy hace justicia
Janes Due process, una organización que asiste a menores embarazadas como la migrante, indicó que la decisión de hoy protege el derecho constitucional de las mujeres más vulnerables-
El gobierno, sin embargo, argumentaba que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, responsable por las menores migrantes como Jane, no tiene el deber de colaborar con la realización del aborto y buscó retrasar el caso para que la joven encontrara una familia patrocinadora y saliera de sus manos.
La decisión de hoy no implica que la joven podrá llevar a cabo el aborto inmediatamente, ya que según la ley de Texas debe iniciar otro período de espera de 24 horas entre la nueva visita al médico y el procedimiento.
En ese interín, el gobierno podría apelar de nuevo la decisión e intentar llevarla a la Suprema.
Cambio de política con Trump
El caso de J.D. no es el único que ha ocurrido desde que Scott Lloyd tomó posesión como nominado de Donald Trump a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) que tiene jurisdicción sobre los migrantes menores no acompañados.
“El niño nonato es un niño que depende de nosotros”, escribió Lloyd a sus subordinados en marzo al comunicarles una directiva interna en la que también advirtió que, de ahora en adelante, cualquier decisión respecto al embarazo de cualquier joven, depende de su oficina directamente.
En marzo, Lloyd dejó claro que ningún refugio bajo contrato con su agencia puede permitir que una menor tenga un aborto, aunque cumpla con todas las otras reglas de la ley estatal, como pedir permiso a un juez (o a sus padres).
El hecho de que la inmensa mayoría de estas jóvenes son violadas en el camino hacia el norte parece irrelevante para las nuevas autoridades.
Amnistía internacional calcula que 6 de cada 10 migrantes han sido violadas. Los que trabajan con estas jóvenes aseguran que el número es más elevado, hasta 8 de cada 10.
