MALDEF continúa ataque legal contra la ley antiinmigrante de Texas

Los argumentos vuelven al tribunal de apelaciones federal la próxima semana, mientras buena parte de la ley anti inmigrante continúa suspendida o se permite solo su aplicación muy estrecha, recuerdan abogados.

El juez Orlando Garcíam que preside el distrito occidental de Texas, aún debe presidir el juicio sobre la SB54 de Texas.

El juez Orlando Garcíam que preside el distrito occidental de Texas, aún debe presidir el juicio sobre la SB54 de Texas.  Crédito: Cortesía

La lucha legal sobre la constitucionalidad de la ley antiinmigrante de Texas, aprobada a instancias de los partidarios de Donald Trump en ese estado continúa la próxima semana con una audiencia ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito.

Entretanto, las cláusulas más nocivas de la ley SB4, que obligan a toda cooperación sin restricciones entre policías locales y ICE, continúan bloqueadas o limitadas a los casos más estrictos de colaboración en operativos de la ley que no tienen que ver en inmigración.

Tom Saenz, presidente del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF) dijo que el destino final de la ley aún está en veremos, pero que la mayoría de su implementación continúa prohibida.

“Nosotros insistimos en que esta ley viola numerosas cláusulas de la constitución”, dijo Saenz. “Y hay que tomar en cuenta que aún estamos litigando sobre la orden judicial que dispone si se debe aplicar o no mientras hay un juicio definitivo”.

La ley SB 54, promulgada por el gobernador Greg Abbot de Texas en mayo, requiere que cada policía local o estatal en ese estado se comporte literalmente como agente migratorio en sus encuentros con la población.

También limita las expresiones de opinión de funcionarios públicos en Texas al respecto de esta ley e incluso impone multas a quienes “no cumplan” con la ley en colaborar con la aplicación de leyes migratorias.

Incluye asimismo una obligatoriedad de responder a todos y cada uno de los “detainers” u órdenes de arresto de inmigrantes enviadas por ICE a agencias locales.

No obstante, buena parte de esas cláusulas han sido prohibidas por orden judicial hasta nueva orden,  agregó el abogado.

Hace un mes debió entrar en vigencia la ley antiinmigrante de Texas SB4, pero una orden del juez federal Orlando García el último día de agosto lo impidió casi en su totalidad.

La orden fue posteriormente modificada por un panel de emergencia de apelaciones, permitiendo que siguieran adelante alguna de sus cláusulas.

Saenz explicó que el panel de emergencia solo permitió que existiera algo de cooperación entre ICE y agencias policiales locales en casos de operativos especiales, y no en general.

Además, “un departamento local debe responder a órdenes de detención de ICE a menos que considere que al hacerlo está violentando la constitución”.

MALDEF representa a las ciudades de El Paso y San Antonio , entre otras partes demandantes,  y los abogados dijeron que han pedido al tribunal de apelaciones reconsiderar todo lo que se ha permitido que entre en vigor, incluso en la orden inicial de García.

La abogada a cargo Nina Perales dijo que la resolución final de la demanda no tiene límite de tiempo, pero que la orden judicial generalmente refleja si “es demasiado obvio que la ley es inconstitucional”.

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