Congreso, sin consenso ni apetito para resolver limbo legal de “tepesianos”

Hay sendas iniciativas en el Congreso para proteger a los "tepesianos", pero sin fecha para su debate y votación
Congreso, sin consenso ni apetito para resolver limbo legal de “tepesianos”
El permiso expira el 5 de enero de 2018 para los hondureños y el 9 de marzo de ese año para los salvadoreños.
Foto: Joe Raedle / Getty Images

WASHINGTON – El Congreso afronta presiones para ayudar pronto a centenares de miles de “tepesianos”, que pasarán de protegidos a “deportables” ante el desmantelamiento gradual del Estatus de Protección Temporal (TPS) iniciado ayer por la Administración Trump, pero los legisladores no tienen apetito ni consenso para resolver el problema.

Durante meses, grupos cívicos, religiosos, empresariales y sindicales han realizado campañas de presión ante la Administración, con argumentos morales, políticos y económicos para mantener con vida el TPS para inmigrantes indocumentados de Haití, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Pero funcionarios de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciaron anoche que la secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke ha cancelado el TPS para los más de 2,500 nicaragüenses, dándoles tan solo una ventana de doce meses, hasta el 5 de enero de 2019, para buscar la residencia legal de alguna manera, o preparar su salida del país.

DHS termina “TPS” para nicaragüenses y lo extiende por seis meses para hondureños

También ha dado una extensión de seis meses para unos 57,000 hondureños, hasta el 5 de julio de 2018, mientras evalúa la situación en ese país. Además, prevé anunciar su decisión final para los 50,000 haitianos, que en mayo recibieron una prórroga de seis meses,  a finales de este mes, y para cerca de 195,000 salvadoreños en enero próximo.

Esas cifras reflejan el número de personas que normalmente se reinscriben en el TPS, y no el número total de beneficiarios para cada país, como lo describe esta tabla del gobierno federal. La discrepancia además se debe a que muchos han ajustado su estatus migratorio,  no renuevan sus permisos o les son revocados, abandonan el programa, o son deportados, explicó el DHS.

Se teme que el DHS también cancele eventualmente el TPS para los hondureños y los salvadoreños, tomando en cuenta que el propio secretario de Estado, Rex Tilleron, argumentó la semana pasada que, a su juicio, ya no existen las condiciones en Haití y Centroamérica que justifiquen la continuidad de ese alivio migratorio.

El TPS es un beneficio migratorio en pie desde 1990 que protege de la deportación a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países de origen por conflictos civiles, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.

En la actualidad, protege a poco más de 320,000 “tepesianos” de diez países, aunque la mayor parte proviene de Haití, El Salvador y Honduras.

Fuentes de la Administración, que pidieron el anonimato, dijeron hoy a La Opinión que el programa, por definición, “se concibió con un alcance temporal”  y que, tal como explicaron funcionarios del DHS anoche, sólo el Congreso puede ofrecer una corrección permanente.

Es el mensaje que también emitieron hoy grupos ultraconservadores, como NumbersUSA y FAIR, que presionan al Congreso para combatir la inmigración ilegal y reducir drásticamente la inmigración legal.

TODO PASA A LA “CANCHA” DEL CONGRESO

Así, la “jugada” pasa ahora a la cancha del Congreso, donde varios legisladores demócratas condenaron hoy la decisión del DHS, entre estos la líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Pelosi dijo que, sin la protección del TPS, miles “serán lanzados al peligro e inestabilidad legal” y, ante la decisión de la Casa Blanca, el Congreso debe ofrecer una “solución permanente y bipartidista”.

“Esta es una decisión desalmada que separará a las familias y causará daños a algunos de nuestros vecinos más vulnerables. Estos inmigrantes llevan décadas aquí, echando raíces en sus comunidades y contribuyendo a las economías locales”, dijo hoy, por su parte, la congresista demócrata por Nueva York, Nydia Velázquez.

“Pedirles de repente que se vayan es moralmente inadmisible, y es una mala política”, agregó Velázquez, quien se hizo eco de las denuncias de otros legisladores demócratas, entre éstos John Conyers, de Michigan,  Zoe Lofgren, de California, Adriano Espaillat, de Nueva York, y el Caucus Hispano del Congreso (CHC).

El viernes pasado, Velázquez, encabezó un grupo demócrata para promover el ‘Acta de la Promesa Estadounidense’ (American Promise Act), que cuenta con el respaldo del CHC y un creciente número de grupos pro-inmigrantes.

Ese proyecto de ley facilitaría la residencia permanente y una vía hacia la ciudadanía para los “tepesianos” que lleven al menos tres años en EEUU y reúnan otros requisitos.

Otro  proyecto de ley, denominado ‘Acta ESPERER’ de 2017, fue presentado a finales del mes pasado por los congresistas de Florida, los republicanos Carlos Curbelo e Ileana Ros-Lehtinen, y las demócratas Alcee Hastings y Frederica Wilson, para legalizar a los “tepesianos” de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití, que hayan recibido el TPS antes del 13 de enero de 2011.

Hasta la fecha, sin embargo, el Congreso, bajo control republicano, ha mostrado poco apetito para abordar el problema de la inmigración ilegal, e incluso medidas con enfoque policial han tenido poco avance en el Legislativo.

“Los líderes republicanos no tienen mucho apetito para hacer algo productivo o constructivo para reformar el sistema migratorio. Y no es por falta de iniciativas, porque los demócratas ya han propuesto soluciones”, dijo a este diario una fuente demócrata de la Cámara de Representantes, que pidió el anonimato.

La desgracia que sufran los “tepesianos” que pierdan sus trabajos, casas, negocios y demás beneficios al vencer sus permisos del TPS, recaerá únicamente sobre el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, enfatizó la fuente.

En declaraciones a este diario, Alex Nowrasteh, analista del conservador Instituto Cato, dijo que “no hay razón en absoluto” para que el Congreso no intente una solución consensuada.

“Muchas personas con TPS han vivido y trabajado acá durante décadas, y quitarles el beneficio los convierte en inmigrantes indocumentados sin ninguna razón. Todo el mundo sale perdiendo con esta movida”, advirtió el experto.