Comité clave del Senado frena plan para contratación de más agentes de ICE

Ambas cámaras del Congreso tienen que armonizar sus iniciativas para los gastos del DHS para el año fiscal 2018

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Comité clave del Senado frena plan para contratación de más agentes de ICE
Cortesía ICE

WASHINGTON – El Comité de Asignaciones del Senado frenó este martes un plan de la Administración Trump para acelerar la contratación de más agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que augura una fuerte pelea en el Congreso para la aprobación definitiva del presupuesto para el año fiscal en curso.

El comité, bajo control republicano, respondió hoy con su propia versión de gastos para para el año fiscal 2018 para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, con un total de $51,600 millones.

El presidente del Comité, Thad Cochran, dijo que la medida provee los recursos que requiere el DHS para responder a las perennes amenazas terroristas.

Por su parte, el senador republicano por Arkansas y presidente del subcomité de Asignaciones para la Seguridad Nacional, John Boozman, dijo que la iniciativa “ayudará a fortalecer la seguridad fronteriza, proveerá alivio ante desastres naturales, y ayudará a adaptarnos a las cambiantes amenazas” contra EEUU.

Según esta versión, los legisladores sólo recomiendan la aprobación de $100 millones para la contratación de 500 agentes de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP), pero no para los mil agentes de ICE que solicitó la Administración en enero pasado como una partida inicial para la contratación total de 15,000 agentes en ambas agencias.

Entre otros elementos, la versión del Comité de Asignaciones incluye $13,500 millones para la CBP para la seguridad fronteriza, incluyendo infraestructura, personal y tecnología. Ese monto supone un incremento del 10% sobre el presupuesto del año fiscal 2017 que concluyó el pasado 31 de octubre.

La medida también aparta $1,600 millones para iniciar la construcción del muro fronterizo y la instalación de demás barreras en la frontera con México, y $132 millones para financiar el sistema federal de “E-Verify” para que las empresas puedan verificar el estatus migratorio de sus empleados.

Varios líderes demócratas del Senado, entre ellos Patrick Leahy y Jon Tester, consideraron que los fondos destinados al muro tendrían mejor uso en otras prioridades sociales u otras tareas clave del DHS.

En ese sentido, Annaluisa Padilla, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU (AILA, por su sigla en inglés),  dijo que, en vez de desperdiciar el dinero de los contribuyentes, el Congreso haría bien en canalizar esos recursos a otras áreas, como la seguridad de puertos y aeropuertos, y asegurar que los agentes de Inmigración respetan los derechos de los inmigrantes al debido proceso.

Además, la contratación de 500 agentes para la CBP incrementará la persecución de inmigrantes “que han vivido acá durante años, con fuertes vínculos familiares y comunitarios”, señaló.

Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, dijo que el proyecto de ley del Comité “refleja el esfuerzo del Congreso de cumplir con promesas de campaña, en vez de reconstruir la reputación global de EEUU como una nación que da la bienvenida a inmigrantes”, pero debería centrarse en “soluciones constructivas”, como la legalización de la población indocumentada.

En abril pasado, AILA publicó un mordaz informe en el que criticó el plan de deportaciones de la Administración, en particular la  idea del muro fronterizo, especialmente cuando varios funcionarios del DHS han dicho al Congreso que el megaproyecto sería inviable en toda la frontera.

La Cámara de Representantes aprobó en septiembre pasado su proyecto de ley de gastos para el año fiscal 2018, que incluye fondos para el muro fronterizo, $100 millones para más agentes de la CBP y $186 millones para los agentes de ICE.

En esa ocasión, grupos defensores de los inmigrantes atacaron esa medida como un esfuerzo despiadado para engrasar la “máquina de deportación” del gobierno federal.

Para convertirse en ley, la versión que eventualmente salga del Senado tendrá que ser armonizada con la que aprobó la Cámara Baja.