ACLU demanda al condado de San Bernardino y ICE por detención de ciudadana

Guadalupe Plascencia fue detenida ilegalmente el pasado marzo, alegan sus abogados
ACLU demanda al condado de San Bernardino y ICE por detención de ciudadana
Guadalupe Plascencia, de 59 años, nació en Guadalajara, México, y se hizo ciudadana de EEUU en 1986. / Foto: Alejandro Cano

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la firma de abogados Sidley Austin LLP presentaron una demanda en representación de Guadalupe Plascencia, de 60 años, una ciudadana de Estados Unidos que fue detenida ilegalmente por el Departamento del Sheriff del condado de San Bernadino (SBSD) y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado marzo.

A pesar de sus protestas de que había sido ciudadana de EEUU por los últimos 20 años, agentes del Sheriff notificaron a ICE de que tenían a Plascencia bajo custodia y la retuvieron hasta que llegaron las autoridades migratorias.

Según el ACLU, los agentes de ICE se “reían” de las aseveraciones de Plascencia y no hicieron caso a sus pedidos de comprobar su nacionalidad, hasta que ella logró hablar con su hija quien arribó luego con su pasaporte.

“El caso de Plascencia muestra por qué la colaboración entre ICE y agencias del orden local es especialmente peligrosa: los agentes del Sheriff de San Bernardino debieron saber mejor que confiar en ICE, ya que la agencia se apoya en bases de datos llenas de errores para justicar sus arrestos”, dijo Eva Bitran, abogada de ACLU del Sur de California.

El Caso

Como lo reportó La Opinión en marzo pasado, Guadalupe Robles Plascencia acudió al Departamento de Policía de Ontario con la intención de recobrar sus pertenencias tras un accidente, pero al presentar su licencia de manejo, se le dijo que debía esperar en in cuarto pequeño. Luego dos policías le dijeron que estaba detenida por una orden de captura de hacía 10 años. Al mismo tiempo se rehusaron a responder sus preguntas sobre dicha orden.

La madre de cinco hijos y abuela de 16 estuvo detenida injustamente durante varias horas y pasó la noche en el Centro de Detención West Valley, en Rancho Cucamonga, bajo cargos de no presentarse a declarar en corte haceía una década. Más tarde le dijeron que sería puesta en libertad con la condición de que firmara unos papeles que – sin ella saber – la transferían a las autoridades migratorias.

“Ahí me interrogaron por horas y hasta se burlaron de mí cuando les dije que yo era estadounidense”, relató la mujer en ese entonces.

Tas el caso, ella presentó una acusación formal contra el Sheriff y ICE donde exigía casi $200,000 dólares por daños y perjuicios.

Según ACLU, Plascencia sufrió: pérdida de su libertad, violación a sus derechos constitucionales, angustia emocional extrema, sufrimiento, trauma, preocupación, ansiedad, humillación y vergüenza.

Además, Plascencia presentó reacciones físicas tales como dolores de cabeza, nausea, perdida de sueño y ataques de pánico.

Rubén Pérez, portavoz de SBSD), dijo entonces a La Opinión que Plascencia no fue enviada a Inmigración por la entidad en la que trabaja sino por agentes del ICE.

“Nosotros no transferimos a los presos a la custodia de ICE. Si ICE solicita la fecha de liberación de un recluso, compartiremos esa información pero es responsabilidad exclusiva de ICE tomar la custodia de la persona después de que sea liberada [del Departamento del Sheriff]”, explicó.

“En el caso de la señora Plascencia, ICE nos envió una petición solicitando al Departamento del Sheriff detenerla hasta 48 horas después de su liberación. Este Departamento no honra estas peticiones a menos que sean firmadas por jueces federales o haya una orden de arresto válida”, agregó entonces.

Pérez agregó que en el caso de Plascencia puede existir un error en los formularios que firmó.

“La señora Plascencia firmó dos formularios que le notificaron: que ICE solicitó su fecha de liberación y que ICE emitió una petición para detenerla. El SBSD no hace cumplir las leyes de inmigración y tampoco notificamos a ICE del estatus legal de un recluso”, aseveró Pérez.

Explicó que toda persona arrestada pasa por el mismo proceso durante el cual se le indica de los cargos, son evaluados médicamente, se les toma sus huellas digitales y son fotografiados.

Las huellas son enviadas al Departamento de Justicia y a todas las agencias federales, agregó el representante de la entidad.

Cabe señalar que desde el 5 de mayo de 2014 las autoridades del condado de San Bernardino dejaron de participar en el programa 287 (g), lo que significa que ya no notifican a inmigración del status del individuo que se encuentra bajo arresto.

Sin embargo, las autoridades proveen información a una agencia federal siempre y cuando sea requerida, dijo Pérez.

“La odisea de la Sra. Plascencia fue totalmente prevenible si los agentes hubieran tomado un momento para investigar adecuadamente su ciudadanía y escuchar aseveraciones de que era una ciudadana estadounidense”, indicó James Pérez, abogado de la firma Sidley Austin LLP.