Asambleístas proponen proyecto de ley de emergencia para la defensa legal de salvadoreños con TPS

Quieren que tengan acceso a abogados para enfrentar lo que se viene al terminar este programa que les ha permitido vivir y trabajar legalmente
Asambleístas proponen proyecto de ley de emergencia para la defensa legal de salvadoreños con TPS
Salvadoreños con TPS serían beneficiados con los recursos que los asambleístas Wendy Carrillo y Miguel Santiago van a proponer en Sacramento para que ellos puedan recibir asistencia legal. (Araceli Martínez/La Opinión).

Pocas horas después de que la administración del presidente Trump anunciara el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños, los asambleístas de Los Ángeles, Miguel Santiago y Wendy Carrillo comenzaron a trabajar en un proyecto de ley para asignar recursos estatales para su defensa legal.

“Queremos hacer todo lo posible para protegerlos porque son parte de este país, de la economía, de la cultura. Ellos compran casas, pagan impuestos”, dijo el asambleísta de Los Ángeles, Miguel Santiago.

Hizo ver que buscarán todas las avenidas para conseguir los recursos de apoyo, ya sea de inmediato o para que queden incluidos dentro del presupuesto 2018-2019.

La legislación que Santiago y Carrillo planean presentar esta misma semana, tendrá carácter de urgencia, y busca aumentar el presupuesto del área de Servicios de Migración del Departamento de Servicios Sociales de California (DSS) con 10 millones de dólares para el propósito expreso de financiar los servicios legales de los salvadoreños afectados por la decisión de terminar el TPS en 2019.

El asambleista Miguel Santiago está determinado a trabajar en una legislación que brinde asesoría legal a los salvadoreños con TPS.  (Jacqueline García)

El área de Servicios de Migración del DSS distribuye becas y subsidios a las agencias no lucrativas que proveen asistencia legal a muchos inmigrantes de California.

El equipo de Santiago y Carrillo, miembros del Comité de Seguridad Pública de la Asamblea se encuentran redactando el lenguaje de la legislación.

“Como representante de una de las poblaciones de salvadoreños más grandes del país no me puedo sentar calladamente mientras esto pasa. Debe haber compromiso y consideración sobre cómo procedemos con la reforma de migración. Separar familias y comunidades no es una propuesta de política justificable”, dijo el asambleísta Santiago.

El lunes, el secretario del Departamento de Seguridad de la Nación, Kirstjen Nielsen del presidente Trump anunció el fin del TPS para aproximadamente 262,000 salvadoreños que han vivido en Estados Unidos por décadas.

“Como inmigrante de El Salvador, las acciones deplorables de Trump realmente golpean el hogar. Separar cientos de familia ejemplifica lo insensible y desfasado de la administración de Trump”, dijo Carrillo.

Hizo ver que la mayor parte de los salvadoreños amparados con el TPS se encuentran en California, y consideran este estado su hogar ya que trabajan muy duro todos los días para alcanzar el Sueño Americano mientras contribuyen con sus comunidades y a la economía de California.

Uno de los primeros proyectos de ley de la asambleísta Wendy Carrillo será procurar que el estado de California asigne fondos para la defensa legal de los salvadoreños con TPS.

“Voy a trabajar con mis colegas y el Congreso para encontrar rutas para la residencia permanente de los salvadoreños y otros que enfrentan deportación a la luz de la terminación del estatus de protección temporal para El Salvador, una política en vigor tras la guerra civil, terremotos y la actual crisis de la sequía”, dijo.

Según el Centro de Estudios de Migración, el 88% de los salvadoreños con TPS participan activamente en la fuerza de trabajo, comparado con el 63% de la población general, y casi un cuarto de ellos tienen hipotecas.

El TPS permite a los inmigrantes beneficiados, vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Fue aprobado después de que una serie de devastadores terremotos golpearon el país en 2001. Este programa que se renueva cada 18 meses ha sido extendido varias veces debido a la persistencia de la pobreza, sequía y la violencia generada por las pandillas.

El estado de California ha asignado en su presupuesto fiscal para el 2017-18, 45 millones para la ciudadanía y la defensa legal de inmigrantes que enfrentan la deportación y otros alivios migratorios. El condado y la Ciudad de Los Ángeles a través del Fondo de Justicia Legal ha destinado poco más de 7 millones de dólares para apoyar con abogados a los inmigrantes en riesgo de deportación.