TPSianos emprendedores preocupados por fin del alivio migratorio

Temen regresar a su país por el alto índice delictivo en El Salvador a causa de las pandillas
TPSianos emprendedores preocupados por fin del alivio migratorio
Randú Calderón, beneficiario del TPS, es dueño de un estudio de baile en Pacoima. (Francisco Castro)

Aunque Randú Calderón es propietario de su propio negocio, no pudo dejar de inquietarse cuando supo que la administración del presidente Trump puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) y les dio a los casi 200,000 salvadoreños amparados con este programa hasta el 9 de septiembre de 2019 para dejar el país o conseguir la residencia en Estados Unidos.

“Nos quedamos en el aire. ¿Qué voy a ir a hacer a El Salvador con la situación de delincuencia que se vive allá”, cuestiona.

Quedarse sin el TPS significaría perder su estancia legal en el país y su permiso de trabajo, y si bien no lo necesita porque es su propio empleador, contar con esa protección le da una tremenda paz mental.

“Yo siempre he sido optimista. Digo que lo último que se pierde es la esperanza. Pero lo primero que pensé al escuchar que el TPS se terminaba para nosotros los salvadoreños, fue que mi vida se pondría en riesgo si me voy a El Salvador”, dice.

“Allá los pandilleros disponen de un gran olfato. Ellos tienen bien marcados sus territorios. Luego se dan cuenta cuando alguien es nuevo, y le empiezan a mandar papelitos para que les pagues cuota, acompañados por amenazas de muerte”, comenta.

Los temores de este pequeño empresario salvadoreño son bien fundados. El Salvador tiene bien ganado el título de uno de los países más violentos del mundo. El 2017 terminó para ese pequeño país centroamericano con un promedio de 10 homicidios por día; en 2016 registró 14.4; y en 2015 tocó fondo con 104 asesinatos por cada 100,000 habitantes.

Randú Calderón, beneficiario del TPS, es durante una clase de baile. (Francisco Castro)
Randú Calderón, beneficiario del TPS, es durante una clase de baile. (Francisco Castro)

La extorsión de individuos y negocios es una práctica generaliza y la principal fuente de ingresos de las pandillas criminales conocidas como “maras”. Negarse a pagar suele representar una sentencia de muerte.

Su propia escuela de baile

Calderon, de 42 años de edad, vino de El Salvador cuando tenía 25 años. En su país, era maestro. Daba clases de baile y educación física. En 2003, se benefició con el TPS.

Después de dos devastadores terremotos, en 2001, el presidente George W. Bush permitió que los salvadoreños que vivían en Estados Unidos antes de febrero de 2001 pudieran solicitar el TPS que les concede un permiso de trabajo y evita su deportación. Desde esa fecha, el TPS ha sido renovado cada 18 meses.

Protegido por el TPS, hace cinco años Randú abrió su propia escuela de baile a la que llamó “Randú Dance Fitness” en Arleta, una comunidad en el Valle de San Fernando.

“Enseñamos zumba, bootcamp, aerobics, bailes de salón y coreografias para quinceañeras”, cuenta. Él mismo da clases. A la vez renta su local para otros instructores de danza y rutinas deportivas.

“Siempre me ha gustado el entretenimiento, el baile, la música. Soy cantante de un grupo musical. Canto pop y tropical. Pueden ver mis videos en YouTube”, dice.

Además de su academia de baile, Calderón creó hace cuatro años la Fundación El Corazón de Jesús a través de la cual lleva a cabo eventos de recaudación de fondos que le permiten comprar regalos para llevarlos a las comunidades pobres de El Salvador.

“También ayudamos con operaciones a los niños y organizamos torneos de fútbol”, platica.

Antes de la llegada del presidente Trump, y aprovechando que el TPS les permite solicitar un permiso para viajar fuera del país, este salvadoreño solía ir a El Salvador a llevar el beneficio de lo recaudado a los niños de escasos recursos. “Pero desde que entró Trump ya no me atrevo a salir, menos ahora que nos quitaron el TPS”, precisa.

Calderón no sabe qué va a pasar con su vida después del anuncio de que el TPS queda cancelado para los casi 200,000 salvadores que están amparados con este programa. Trata de no preocuparse y seguir adelante con su negocio. Sin embargo, admite que su sueño es conseguir la residencia permanente. “Ojalá venga una nueva reforma migratoria. Así podría ir a cantar a otros países y ayudar a otros países con mi fundación El Corazón de Jesús”, dice.

La vendedora de ‘hot dogs’

Desde hace dos años, Angélica Herrera decidió establecer su propio negocio ambulante de hot dogs. “De ahí vivimos mi esposo y tres de mis hijos. Los tres trabajamos juntos en la venta de hot dogs’, dice la salvadoreña beneficiada con el TPS.

Herrera vino de El Salvador en el año 2000; y en 2001 se amparó con el TPS. “Con el salario mínimo no nos alcanzaba para pagar la renta. Por eso le entramos al negocio de los hot dogs. Aunque batallamos mucho con los policías que cada rato nos dan tickets por vender en la calle”, cuenta.

Esta inmigrante y su familia normalmente se ponen a vender afuera de los juegos de basquetbol en el Staples Center de Los Ángeles.

El sueño de Herrera es que la Ciudad de Los Ángeles comience a dar permisos a los vendedores de las banquetas bajo una nueva ley, de manera que pueda vender legalmente y con tranquilidad en la calle; y así un día poder establecer un local de venta de hot dogs. Pero no deja de pensar en la finalizació del TPS, que significaría muchos problemas.

Al enterarse de la noticia de que solo les renovarán el TPS por un periodo más, Herrera no pudo dejar de preocuparse. “Nos podrían deportar. Y regresar a El Salvador es ir a morir. La violencia está terrible en Usulután, de donde yo soy. Ahí los pandilleros queman y hacen pedazos a la gente”, indica.

El daño económico

Se calcula que hay aproximadamente 300,000 inmigrantes beneficiados con el TPS, entre salvadoreños, hondureños y haitianos. Los salvadoreños con alrededor de 195,000 representan el mayor número. En tanto ,se estima que hay 57,000 hondureños, y 50,000 haitianos.

 

Activistas, organizaciones y otros líderes piden al gobierno de Trump que se extienda el programa TPS.

De acuerdo al Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes (ILRC), deportarlos costaría a los contribuyentes $3,100 millones de dólares; y resultaría en una reducción de $6,900 millones de dólares en contribuciones para Medicare y el Seguro Social durante 10 años.

Estos TPSsianos aportan $4,500 millones de dólares en impuestos por ingresos salariales al Producto Interno Bruto.

Además arrojaría una reducción de $45,200 millones de dólares en el Producto Interno Bruto (GDP) en una década.

El Foro Nacional de Migración reveló un sondeo reciente de salvadoreños y hondureños con TPS el cual determinó que, en promedio, el 88.5% de ellos trabaja, el 94% de los hombres y 82% son mujeres.

Los hombres trabajan en la construcción, pintura, como conductores en la entrega de paquetes, limpieza de edificios y casas, jardineros, cocineros, o empleados de tiendas. Las mujeres laboran en la limpieza de edificios o casas; cuidado de niños, como cocineras, en fábricas de ropa o empleadas en tiendas.

El despido de la población entera de empleados con TPS resultaría en un costo para los empleadores de $967 millones de dólares. Los estados más afectados por tener la mayor población de inmigrantes con TPS serían Florida, Nueva York, California, Texas, Maryland y Virginia. En California, se concentran en el área urbana de Los Ángeles, Long Beach y Anaheim.

Si bien muchos de ellos son empleados en los servicios, hay quienes han encontrado en los negocios una fuente de vida como es el caso de Randú Calderón.