Ataques a Roe v. Wade

La Administración Trump propuso una ley mordaza para impedir abortos.
La Administración Trump propuso una ley mordaza para impedir abortos.
Foto: Drew Angerer / Getty Images

Con varios proyectos de ley estatales y federales que buscan debilitar o revocar la decisión de Roe v. Wade y que podrían llegar al Tribunal Supremo, el gobierno del presidente Trump está tomando otras medidas agresivas y legalmente sospechosas para restringir el derecho constitucional de acceder un aborto. Algunas son simples, mientras otras son más matizadas. Debemos permanecer atentos y luchar contra todos los esfuerzos.

Con dos aniversarios juntos, el 45 aniversario de la decisión Roe v. Wade y el primer año de la presidencia de Donald Trump – repasemos las principales formas en la cuales esta administración trata de impedir el acceso al aborto.

El primer intento tuvo lugar tan pronto Trump asumió el cargo, cuando emitió un decreto que prohíbe el financiamiento federal a ONGs que proveen, ofrecen información o hacen referencias a otras organizaciones que proveen servicios de aborto. Si bien, en teoría, este decreto solo se trata de ayuda presupuestaria extranjera, dicho acto señala el repudio de esta administración hacia el acceso al aborto.

Otros decretos dejaron en claro que impedir el acceso al aborto sería una prioridad para esta administración. Un par de meses más tarde, en abril de 2017, el presidente emitió un decreto que permite a estados a recortar fondos del programa Title X, el programa de planificación familiar del país, a proveedores de servicios de salud reproductiva si estos ofrecen servicios de aborto.

También hay acciones más sutiles, pero igualmente dañinas. La semana pasada, en dos decisiones consecutivas, el gobierno prácticamente permitió que cualquier persona que trabaja en la industria médica pueda bloquear el acceso de pacientes a cualquier servicio de salud sexual y reproductiva, incluyendo al aborto.

En primer lugar, se creó una nueva oficina dentro de la Oficina de Derechos Civiles, que es parte del Departamento de Servicios de Salud, con la única misión de permitir que proveedores de servicios de salud basen sus creencias religiosas y morales para negar atención médica integral a mujeres y personas LGTBI. Como explica mi colega Susan Berke Fogel, esta oficina se convertirá “una herramienta para discriminar a las mujeres, las personas LGTBQ y otras personas que intentan acceder a la atención médica.”

Al día siguiente, la administración emitió un reglamento que promueve que proveedores de atención de salud médica y quienes trabajan con ellos discriminen a cualquier persona y el tipo de servicios que ellos brinden. Esta medida permite que hospitales, médicos, enfermeros y su personal determinen la atención que un paciente recibe según sus creencias religiosas, y no según lo que sea médicamente necesario y en el mejor interés del paciente.

Este reglamento está completamente fuera de límites ya que no se debe permitir que proveedores de servicios de salud avergüencen a las mujeres por sus decisiones personales de salud. Esto no solo es moralmente incorrecto, sino que pone a las mujeres en peligro cuando los hospitales se niegan a recibir servicios de aborto. Los hospitales ya se han negado a tratar o derivar a alguien que necesita atención médica inmediata, incluyendo abortos.

Con estas dos decisiones, es innegable que personas perderán el acceso a atención médica esencial, incluido el aborto. En el aniversario del caso Roe v. Wade, recordemos que las mujeres tienen el derecho constitucional de tomar una decisión personal sobre su salud; y nos comprometamos a respaldar este derecho humano contra la serie de ataques de Trump y sus aliados en el Congreso y en los estados.

Fabiola Carrion esAbogada senior del National Health Law Program