Plan migratorio de Trump entorpece negociación para proteger “Dreamers”, según expertos

La Administración se propone proteger el estatus migratorio de los dreamers a cambio de reforzar la frontera

WASHINGTON— El plan migratorio de la Casa Blanca, en ciertos aspectos más radical que uno aprobado por el Senado en 2013, afronta el rechazo de grupos de izquierda y derecha en todo EEUU,  podría empantanar las negociaciones para proteger a los “Dreamers”, según expertos.

La propuesta migratoria, que debía ser presentada oficialmente el lunes próximo, fue compartida el jueves con el Congreso y la prensa porque el propio presidente Donald Trump adelantó el día anterior que estaría dispuesto a una vía a la ciudadanía para los “Dreamers”.

Desde Davos (Suiza), donde participa en un foro económico mundial, Trump dijo a la cadena CNBC que quiere “resolver el problema de DACA”, y que confía en que su plan tendrá un “tremendo apoyo”, incluso de senadores republicanos ultraconservadores como John Cornyn, Tom Cotton y David Perdue.

La bancada demócrata, liderada en el Senado por Chuck Schumer, habló en una sola voz contra el plan, que tachó como un “rescate” costoso e inaceptable a cambio de proteger a los “Dreamers”,  e instó al Congreso a actuar pronto.

Desde el avión presidencial de regreso a Washington, Trump replicó hoy que “el llorón de Chuck Schumer” está bloqueando las negociaciones por la “paliza” que recibió al provocar el reciente cierre del gobierno.

No está claro que, en pleno año electoral, su plan sirva de guía o logre los 60 votos mínimos en el Senado. El temor es que, tal como ocurrió con la reforma de 2013,  el ala “restriccionista” del Partido Republicano boicotee los esfuerzos y frene un acuerdo para los “Dreamers” en ambas cámaras del Congreso.

Salvo el silencio de algunos republicanos moderados, los progresistas lo tachan como un plan de ensueño de “supremacistas blancos”, y los ultraconservadores, como una “amnistía inmerecida” para inmigrantes indocumentados y no lo suficientemente “duro”.

En todo caso, el plan no es “centrista” – fue elaborado por el asesor ultraconservador Stephen Miller- ni ofrece una guía para resolver la situación de los once millones de inmigrantes indocumentados, ni cómo reformar numerosas categorías de visas de las que depende la economía nacional.

Expertos consultados hoy por este diario coincidieron en que el plan no sólo “esta muerto” sino que entorpece las negociaciones bipartidistas en el Congreso, donde pululan propuestas de legisladores ultraconservadores y moderados.

“El plan de Trump llegó muerto. Reduce la inmigración legal demasiado, para el gusto de los demócratas, y ofrece una amnistía para inmigrantes indocumentados que los republicanos consideran demasiado amplia y no podrían apoyar”, resumió Alex Nowrasteh, analista del Instituto Cato.

Por su parte, Tom Jawetz, vicepresidente de política migratoria del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP),  recordó que Trump creó la crisis actual al eliminar “DACA” en septiembre pasado,  poniendo en riesgo de deportación a cerca de 800,000 jóvenes indocumentados, y tanto la opinión pública como líderes de ambos partidos quieren resolver.

“Ahora, la misma Administración que creó la crisis propone aprovechar el caos que creó para así reducir la inmigración legal a los niveles más bajo de la historia, maximizar las deportaciones sin derecho al debido proceso, y minar las protecciones humanitarias para niños vulnerables que huyen de la persecución”, enfatizó Jawetz.

Daniel Griswold, analista del “Mercatus Center” de la Universidad George Mason, dijo que para quienes apoyan más inmigración legal, “el plan es diametralmente opuesto a lo que se aprobó en 2013”, porque reduciría la inmigración legal por al menos un 25%, y la población beneficiada sería mucho menor.

No es un buen punto de arranque “porque priva a nuestra economía de los trabajadores que necesita ahora y en el futuro, en momentos en que el número de trabajadores estadounidenses ha comenzado un declive inexorable”, dijo Griswold.

Nuevo intento de reforma

La reforma migratoria que aprobó el Senado en junio de 2013, con 68 votos a favor y 32 en contra, contó con el apoyo de la mayoría de los demócratas porque, si bien tenía fuertes componentes para la seguridad fronteriza, al menos ofrecía una vía para la legalización de toda la población indocumentada.

Entre otros elementos, la reforma migratoria de entonces, “S.744”, presentada por el llamado “Grupo de los Ocho”, hubiese regularizado a once millones de inmigrantes indocumentados, de los cuales 5,6 millones son mexicanos.

También autorizaba $46,300 millones para la seguridad fronteriza, con más agentes y más barreras; institucionalizaba el programa “E-Verify” para el sector privado; reformaba el sistema de visas legales con base a “puntos”, y establecía un programa de “trabajadores huéspedes”.

El presidente de la Cámara de Representantes entonces, el republicano John Boehner, se negó a someterla voto y nunca presentó una alternativa.

“La diferencia más inmediata entre la propuesta de ahora de la Casa Blanca y la iniciativa de 2013 es la cantidad de personas que podrían legalizarse. La propuesta de la Casa Blanca arreglaría el estatus migratorio de menos de una quinta parte de la población indocumentada en EEUU”, dijo la abogada Sarah Pierce, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI).

“A cambio de esa legalización, no sólo incrementa la seguridad fronteriza y y las medidas policiales al interior del país sino que elimina el flujo de migración familiar de más de 300,000 al año, y la lotería de visas. Esto es difícil de tragar, tomando en cuenta que la meta inicial era corregir el estatus legal de los Dreamers”, enfatizó.

Ahora, el “marco legal”  de la Casa Blanca provee una eventual ciudadanía para 1,8 millones de jóvenes indocumentados, en un plazo de 10 a 12 años, y solicita $25,000 millones para resguardar la seguridad fronteriza y el cumplimiento de las leyes al interior del país.

También restringe las visas familiares futuras solo a cónyuges e hijos menores de ciudadanos y residentes legales, y pone fin tanto a la “lotería de visas” como a la “inmigración en cadena”, reduciendo drásticamente la inmigración legal en EEUU.

Las 50,000 visas dentro de la “lotería” serían designadas para reducir las demoras actuales en los trámites para visas familiares y extranjeros con altas destrezas laborales.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, afirmó hoy que apoya el plan porque contiene los recursos que ha pedido su agencia para la seguridad fronteriza y la “integridad de nuestro sistema de inmigración”.

El objetivo de la Administración es eliminar los “resquicios legales” en el sistema migratorio que, a su juicio, aprovechan los contrabandistas de drogas y personas, pandilleros, criminales y terroristas.

De esta forma, se ampliarían los arrestos y deportaciones tanto en la frontera como al interior del país, incluyendo personas con visas vencidas e inmigrantes centroamericanos.

Aunque una orden judicial exigió la reactivación de “DACA” para la renovación de permisos, Greisa Martínez Rosas, de “United We Dream” señaló hoy que la apelación del fallo ante el Tribunal Supremo por parte de la Administración añade incertidumbre y no da garantías de protección.

Por ahora, grupos como el suyo continuarán presionando para que el Congreso dé una respuesta razonable para el próximo 8 de febrero.

Entre la oposición de los “Dreamers” y grupos progresistas, y las de ultraconservadores anti-inmigrantes como la Fundación Heritage o “NumbersUSA”, senadores bipartidistas de la llamada “Coalición de Sentido Común” elaboran a puerta cerrada una propuesta “centrista” que corrija “DACA”.

Pero las exigencias de grupos en ambos extremos del espectro político dificultan, casi al punto de la asfixia, la posibilidad de lograr la escurridiza reforma.