Plan de Puerto Rico de trasladar presos a EEUU genera escepticismo y críticas

Roselló propone trasladar presos de Puerto Rico a EEUU para abaratar costos
Plan de Puerto Rico de trasladar presos a EEUU genera escepticismo y críticas
Ricardo Roselló, gobernador de Puerto Rico. Archivo

WASHINGTON— El gobierno de Puerto Rico quiere trasladar a un 30% de su población carcelaria a EEUU en los próximos cinco años para aliviar las presiones presupuestarias, pero el plan ha generado escepticismo y críticas de activistas tanto en la isla como en este país.

El plan de transferir a 3,200 presos, como señaló primero el diario “El Nuevo Día”, tiene que ser aceptado por la junta fiscal, y no está claro que EEUU le dé luz verde.

Según un borrador, la propuesta del gobernador Ricardo Rosselló es parte de un plan fiscal que éste tiene que someter a la junta de supervisión fiscal, que tiene la última palabra sobre los gastos presupuestarios en la isla.

El plan, que promueve la idea de una “externalización de servicios”,  presuntamente ahorraría al fisco $17,2 millones tan solo en el próximo año fiscal, y $46,9 millones para el año 2022, mientras la isla trata de resolver su grave crisis financiera, detonada por una deuda de casi $73,000 millones.

El secretario de Correcciones en la isla, Erik Rolón, le dijo a “El Nuevo Día” que el costo promedio de alojar a un reo en Puerto Rico es de entre $100 y $110 a diario, pero el costo puede subir a $200 para casos más complicados.

En cambio, el costo diario en una cárcel en EEUU sería de aproximadamente $60. Rolón no precisó si los reos serían trasladados a cárceles locales, estatales o federales, y cada tipo tiene sus propios arreglos, pero dijo que el traslado sería “voluntario”, y que el gobierno prevé iniciar un proceso de licitación.

Las autoridades carcelarias del gobierno federal aún no han ofrecido declaraciones públicas sobre el plan en ciernes.

Pero, para algunos críticos, el traslado de presos a instalaciones carcelarias en EEUU lo que hará es poner miles de millas de distancia entre ellos y sus familias, debilitando los lazos comunitarios y su proceso de rehabilitación cuando salen en libertad.

En declaraciones a este diario, Rosa Alexandrino, abogada que defiende los derechos de los presos en Puerto Rico, dijo que ya “resulta complicado visitar a familiares confinados”, y su traslado a EEUU sólo dificultaría las visitas y rompería los lazos familiares y su sistema de apoyo.

“Si bien el gobierno de Puerto Rico tiene serios problemas fiscales, pasar la factura a familias que ya llevan una pesada carga y tienen problemas económicos propios no puede ser parte de la solución. Es increíble que el Departamento de Corrección sea incapaz de explorar otras alternativas;  con el traslado propuesto se ha declarado incapaz de atender su propio sistema”, enfatizó Alexandrino.

Por su parte, el legislador demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, dijo a este diario que el plan es un “gran premio del pueblo puertorriqueño a los inversionistas privados en la industria de prisiones en EEUU, que es exactamente el tipo de problema del que advertí antes de votar contra la Junta de Control” fiscal.

“Washington puso a  Wall Street a cargo de Puerto Rico y ahora vemos cómo le pasan dinero a sus amigos. En este caso, quieren sacar a miles de presos de una colonia que habla principalmente español, y ponerlos en cárceles privadas a miles de millas de distancia en un país donde se habla principalmente inglés. Eso no es bueno para los presos ni para el fisco de Puerto Rico”, puntualizó.