ICE buscó información de licencia de activista para mandarle orden de deportación

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU se suman a la alarma por aparente persecución política de ICE contra activistas de los indocumentados.

Durante años Maru Mora Villalpando, activista indocumentada que ha vivido en Estados Unidos por dos décadas, ha liderado protestas contra un notorio centro de detención privado en Tacoma, Washington y estado a la cabeza de la defensa de los inmigrantes en el noroeste del país.

A pesar de su alto perfil, que incluye protestas y comunicación constante con personas de los medios de comunicación, Villalpando nunca tuvo un encontronazo personal con ICE, un arresto o un proceso de deportación.

Eso cambió en diciembre, cuando un agente supervisor de Operativos de Deportación (ERO) de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) escribió un email al departamento de licencias del estado de Washington (DOL) pidiendo información sobre Villalpando.

El departamento de licencias de Washington respondió el 7 de diciembre a una solicitud de ICE, enviando por email una copia fotográfica de la licencia de manejar de Villalpando y del formulario que llenó para obtenerla.

Exactamente una semana después, Villalpando recibió una orden de ir a la corte de inmigración para iniciarle un proceso de deportación.

El agente que firmó su Notice to Appear (Notificación de Comparecencia) ante el tribunal es el mismo que pidió sus datos y su dirección postal a DOL: Timothy Black, agente de detención y deportación de ICE en Seattle.

“Antes de ese email no tenían nada mío, excepto mi trabajo público. Ni siquiera mi dirección”, dijo Villalpando a La Opinión. “Supongo que lo que buscaban era mi dirección y allí la encontraron, el estado se las entregó. Esto no debería estar pasando”.

No se trata de un hecho aislado en su estado. En enero, una investigación periodística de un diario en Seattle halló que el departamento que otorga licencias a los residentes del estado de Washington estaba cooperando en forma rutinaria con solicitudes de ICE.

Al descubrirse el patrón, en un estado supuestamente santuario para inmigrantes, el gobernador Jay Inslee -un demócrata- ordenó que suspendieran la práctica.

Sin embargo, el caso de Villalpando también resuena con algo que está pasando en otras partes del país: ciertos activistas de alto perfil que agitan contra ICE y defienden a los inmigrantes están siendo arrestados, perseguidos y deportados.

“Nuestro trabajo no es nuevo. Lo hicimos bajo Bush, bajo Obama y ahora bajo Trump”, dijo Villalpando, fundadora de la organización    “La única diferencia es que ICE se está convirtiendo en un aparato represor político, no sólo contra los inmigrantes”.

Es amplia la persecución de activistas

Una reciente demanda, presentada esta semana en un tribunal federal de Nueva York alega que el gobierno de Estados Unidos está usando a agentes de inmigración de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) para perseguir a inmigrantes que hablan públicamente contra la política migratoria del gobierno.

La amenaza que esto representa está causando temor generalizado entre los inmigrantes y dreamers que por años han abogado por la comunidad inmigrante y por sus casos particulares, hasta el punto de que cada vez son más cautos con su imagen pública.

“Esto está teniendo un efecto paralizador”, dijo Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA). “Llevo años haciendo este trabajo y es la primera vez que veo tanto miedo y los inmigrantes que dan testimonio exigen que no se use su nombre o solo su inicial”.

Entretanto, dos organismos internacionales de derechos humanos expresaron esta semana su preocupación y condena por la aparente persecución políticamente motivada de activistas de derechos de los inmigrantes por parte del gobierno de Donald Trump.

El alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hicieron esta semana sendas declaraciones públicas al respecto, indicando que hay señales obvias de que este gobierno usa la amenaza de deportación para acallar a ciertos defensores de los inmigrantes.

“El trabajo de los defensores de los derechos humanos de los inmigrantes es vital para dar voz a miles de personas en riesgo de detención arbitraria y deportación”, dijo el comisionado Francisco José Equiguren Praeli, presidente de la CIDH. “Las prácticas de represalia amenazan su permanencia en Estados Unidos y perjudica desproporcionadamente a activistas, migrantes, sus familias y comunidades”.