Alegan que arresto de joven tiene que ver con sus activismo pro inmigrante y derechos de la mujer

Alejandra Pablos tiene un record penal, pero estaba en libertad persiguiendo un caso de asilo cuando súbitamente fue arrestada durante un "check-in" de ICE. En enero fue detenida cuando lideraba una protesta en Virginia.
Alegan que arresto de joven tiene que ver con sus activismo pro inmigrante y derechos de la mujer
Alejandra Pablos, activista detenida por ICE esta semana (Foto proporcionada)

El arresto de Alejandra Pablos, activista pro inmigrante y de los derechos reproductivos detenida el pasado miércoles, viene a engrosar la lista de detenciones de personas activas en la denuncia contra las políticas del gobierno estadounidense.

Pablos, de 32 años de edad, fue detenida  durante una cita regular con ICE en Tucson, pero organizadores de Mijente, una de los grupos con los que militaba, aseguran que la razón principal es el activismo de la joven.

La organización Mijente circula una petición recabando firmas para la liberación de Pablos, y ya ha recabado cerca de 16,900 firmas.

Según un comunicado de Mijente, el arresto de Pablos durante su reunión regular con agentes de ICE el pasado miércoles “continúa un patrón de represalias contra organizadores de derechos de los inmigrantes”.

Pablos llegó al país siendo una niña y era residente permanente, pero según la información pública disponible, el gobierno de Estados Unidos le retiró el estatus debido a sus antecedentes penales.

“Pablos perdió su residencia y entró en proceso de deportación luego de un arresto relacionado con drogas y estuvo dos años detenida en el Centro Eloy de Arizona”, reza la petición en línea. También tuvo dos arrestos por manejar ebria (DUI).

Agregan que la joven ahora pide asilo, pero que el pasado enero fue detenida mientras lideraba una protesta frente a una oficina de ICE en Virginia y, al parecer, fue la única persona arrestada ese día bajo sospecha de “trespassing”  y obstrucción de justicia.

Reportes publicados indican que la muchacha supo de un agente en Tucson que los agentes de Virginia “habían llamado a los otros” en Arizona, así creando la sensación de que se trata de una persecución personal contra Pablos.

La activista también tiene una solicitud de asilo pendiente, lo que ha impedido hasta ahora su deportación, porque teme que su activismo haga peligrar su vida en ese país.

ICE, sin embargo, ha mantenido que no se enfoca en activistas y que los arrestos tienen que ver con los antecedentes de los individuos y la aplicación de la ley migratoria. 

Organizadores de todo el país se reunieron el viernes por la tarde en una teleconferencia para planear actividades de apoyo a Pablos y diversas organizaciones y personalidades apoyaron la petición en Twitter.

Tania Unzueta, líder de Mijente y reconocida activista indocumentada, publicó hace un mes un editorial en el periódico USA Today en el que acusaba al gobierno de Trump de perseguir a los activistas para acallarlos.

En el artículo, Unzueta menciona varios casos que han recibido atención mediática en meses recientes, incluyendo la detención de Daniela Vargas en Mississippi luego de participar en una rueda de prensa sobre una redada en su casa, el arresto de Claudia Rueda en Los Ángeles tras denunciar el arresto de su mamá,  y el de los líderes pro inmigrantes Jean Montrevil y Ravi Ragvir en Nueva York.

Otro caso que La Opinión ha cubierto es el de Maru Mora Villalpando, quien recibió una orden de acudir a un tribunal migratorio a pesar de no haber tenido nunca un encuentro ni un caso con ICE.

En el caso de Villalpando, la evidencia señala que un supervisor de ICE en el área donde ella vive solicitó datos personales de la activista a una agencia estatal del estado de Washington para poder enviarle la orden de corte.

Varios activistas y organizaciones indicaron que nunca habían visto una persecución tan sistemática de activistas de alto perfil.

Además, por primera vez en la historia reciente, una demanda federal alega que el gobierno de Estados Unidos está usando a agentes de inmigración de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) para perseguir a inmigrantes que hablan públicamente contra la política migratoria del gobierno.

Citando una docena de arrestos de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) a activistas pro inmigrantes que protestaron o que trabajan en favor de un cambio en las leyes, la demanda legal presentada en una corte federal Nueva York alega que el gobierno estadounidense está persiguiendo a quienes contradicen sus políticas migratorias.