Beneficiarios del TPS y sus hijos demandan a la administración Trump por poner fin al programa

200,000 personas podrían ser obligadas a salir del país por la rescición del programa
Beneficiarios del TPS y sus hijos demandan a la administración Trump por poner fin al programa
Activistas piden que se otorgue residencia permanente a quienes tienen TPS. EFE

Nueve personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) y cinco hijos de beneficiarios del programa presentaron una demanda contra el gobierno federal para detener la terminación del alivio migratorio para más de 200,000 personas que viven en Estados Unidos y para proteger a las decenas de miles de niños y niñas ciudadanos estadounidenses cuyos padres se verían obligados a abandonar el país debido a la política de la administración Trump.

La demanda fue archivada en la Corte de Distrito de Estados Unidos en San Francisco por la Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), y el bufete de abogados de Sidley Austin LLP.

De acuerdo a la querella, la administración Trump adoptó una interpretación nueva, mucho más estrecha de la ley federal que rige el TPS, y luego usó esa interpretación para terminar con el estatus de TPS para todos los individuos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. Muchos de los beneficiarios del programa de esos países han residido en Estados Unidos durante 20 años o más, pero se verán obligados a salir del país si la nueva política de la administración sigue vigente. Sus hijos ciudadanos de Estados Unidos entonces se verán obligados a separarse de sus padres o dejar el único país que han conocido.

 

En riesgo el futuro de los inmigrantes protegidos por el TPS (Mariela Lombard/EDNY)

“Estos niños estadounidenses no deberían tener que elegir entre su país y su familia”, dijo Ahilan Arulanantham, defensora y directora legal del ACLU del Sur de California.

“He vivido aquí casi el doble de lo que he vivido en El Salvador. Mi hogar y mi familia están aquí”, dijo Orlando Zepeda, un padre de 51 años de edad de dos hijos y miembro de la Alianza Nacional de TPS, una coalición establecida y dirigida por beneficiarios del programa que tiene como misión defender el TPS.  “La decisión de poner fin a TPS para El Salvador y otros países fue devastadora. Hoy nos unimos para decir que también fue ilegal “.

 

Orlando Zepeda, un salvadoreño protegido con el TPS dice que cuando comenzó este programa pagaban 70 dólares cada 18 meses por la renovación. En la actualidad pagan casi 500 dólares. (Araceli Martínez/La Opinión).
Orlando Zepeda, un salvadoreño protegido con el TPS dice que cuando comenzó este programa pagaban 70 dólares cada 18 meses por la renovación. En la actualidad pagan casi 500 dólares. (Araceli Martínez/La Opinión).

“Con la acción de un bolígrafo, esta administración puso fin a las vidas de cientos de miles de personas que han residido legalmente en Estados Unidos durante años y a veces décadas”, dijo Emi MacLean, abogada de NDLON. “Pero al terminar el TPS en la forma en que lo hizo, esta administración estaba ejerciendo autoridad que no tenía”.

La queja también argumenta que la opinión restrictiva de la administración sobre las leyes del TPS era inconstitucional, ya que fue adoptada para promover la agenda de la administración contra los inmigrantes y de la supremacía blanca. A principios de este año, durante una negociación sobre el destino de las personas que tienen estatus de TPS, Trump se refirió a las naciones afectadas como “países de la pocilga”.

Esta querella es la primera en impugnar las terminaciones de TPS en nombre de los hijos estadounidenses de los beneficiarios de TPS, y el primero en impugnar las cuatro terminaciones de TPS que han tenido lugar bajo la administración de Trump.