“Hay vida después de la cárcel”, dice exprisionera y activista mexicana

Al salir de la cárcel, los presos afrontan humillaciones y trabas legales que les impiden rehacer sus vidas
“Hay vida después de la cárcel”, dice exprisionera y activista mexicana
La mexicana Lily González usa su experiencia en prisión para ayudar en la rehabilitación de otros. Foto: María Peña/Impremedia

WASHINGTON— La mexicana Lily González pasó dos años en confinamiento en solitario y, al salir de prisión, afrontó incontables trabas para rehacer su vida, por lo que ahora lucha para que los exprisioneros puedan trabajar o ir a la universidad, porque “hay vida después de la cárcel”.

González, quien purgó dos años de prisión en California por fraude, vivió en carne propia algunas de las hasta 50,000 trabas legales que, según expertos, afrontan millones de personas con alguna mancha criminal.

“Hay vida después de la cárcel, pero no es nada fácil. La gente te quiere seguir castigando aún cuando ya has pagado tu condena”, dijo a este diario González, tras participar en un panel en Washington sobre la estigmatización de los presos.

En EEUU, hay poco más de 1,5 millones de personas tras las rejas, muchos de ellos por delitos menores, pero aún cuando salen libres les persiguen las “consecuencias colaterales” de su vida en prisión.

Según la organización ““Prison Fellowship”,  que organizó el panel de ayer en Washington, titulado precisamente “Segundas Oportunidades”, 65 millones de personas en Estados Unidos tienen un expediente criminal.

Ese antecedente penal los persigue fuera de la cárcel y les hace prácticamente imposible obtener licencias de conducir o licencias laborales, además de que con frecuencia pierden el derecho al voto y no pueden poseer armas.

Convertidos en “parias”, los exprisioneros afrontan hasta 50,000 trabas legales y restricciones en servicios de vivienda, además de corren el riesgo de perder sus derechos civiles, la custodia de sus hijos, el acceso a beneficios migratorios, ayudas públicas y oportunidades de superación personal, según el grupo.

González, de 34 años, señaló que “así no se puede vivir, y no es justo porque la gente debe tener acceso a oportunidades para ir a la universidad y pelear por su ascenso social”.

Nacida en el sur de Los Angeles  y criada por su padre, González fue arrestada a los 26 años edad por un delito no violento que cometió a los 18, relacionado con la falsificación de firmas. Fue condenada a cuatro años en una prisión estatal, de los cuales sólo tuvo que cumplir dos, en confinamiento en solitario.

Una madre ausente

“Esa experiencia para mí fue muy deshumanizante, encerrada 23 horas al día, sin televisión, con apenas cuatro o cinco libros. Lo más duro fue cuando mi hija me visitaba los domingos, y solo la podía ver a través de un cristal”, recordó.

Lily González asegura que lo más duro fue ver a su hija solo a través de un cristal. Foto: María Peña/Impremedia

“Cuando las mamás acompañaban a sus hijos al primer día de escuela, se hacían fotos, les deseaban un feliz inicio de clases y se despedían con un beso, yo no podía estar allí. Eso me hizo reflexionar mucho”, señaló.

González dijo que desde que salió de prisión, sigue en la lucha por rehacer su vida y recuperar el tiempo perdido: trabaja, estudia un posgrado en la Universidad Estatal de California en Northridge (CSUN) y, sobre todo, dedica tiempo a sus hijas.

Casi no tiene tiempo libre porque, además, fundó en el recinto universitario el grupo “Estudiantes Revolucionarios” (“Revolutionary Scholars”),  para ayudar a estudiantes afectados por el encarcelamiento masivo en EEUU.

“Hay niños en nuestra comunidad con papás en prisión, y eso les afecta en sus estudios. ¿Qué estamos haciendo para ayudarlos, para que no sientan ese agudo estigma? Los presos no son personas desechables, ellos y sus familias merecen una segunda oportunidad… esa oportunidad pasa por crear para ellos un canal que vaya de la cárcel directo a las universidades”, afirmó González.

Pero las buenas intenciones se topan con la realidad de la “bendita casilla” que en muchos formularios pregunta si la persona ha sido condenada por un delito.

“Si mientes mal, y si dices la verdad también, porque los empleadores, las agencias, los centros de estudio pueden rechazarte por eso. Nos dicen que todos somos iguales, pero a los ex-prisioneros se les discrimina”, observó.

González dijo que programas como los que promueve “Prison Fellowship” para evitar la reincidencia de delitos,  no son una “cura mágica”, pero sí son clave para personas que quieren rehabilitarse pero carecen de una red de apoyo que les impida una recaída.

“Creo que es importante iniciar este diálogo, especialmente en la comunidad latina, donde no se habla mucho de estas experiencias.  Tenemos que ver las razones por las que una persona cayó presa y no seguir criminalizándola”, subrayó.

Sentada a su lado, una de sus hijas, Celeste Ruiz, de 16 años, sonríe y afirma que siente mucho orgullo por su mamá.

“La apoyó plenamente en lo que está haciendo para ayudar a otros. Creo que es una gran causa, y me inspira a luchar también. Me gusta presumir de todo lo que ella está haciendo, si puede ir a la universidad después de todo lo que pasó, yo no tengo excusas”, dijo Celeste.