Cuotas para jueces migratorios generarán malas decisiones y avalancha de demandas, anticipan

Mientras el gobierno de Trump presiona a jueces para que terminen casos de deportación más rápidamente, expertos advierten que algo similar se intentó tras el 911 y terminó generando infinidad de apelaciones que retrasaron aún más los tribunales.
Cuotas para jueces migratorios generarán malas decisiones y avalancha de demandas, anticipan

Líderes gremiales de los jueces de inmigración en Estados Unidos y abogados especialistas en el área anticiparon que, lejos de rebajar los retrasos en las corte, las cuotas y otras medidas para vigilar el rendimiento de los magistrados y acelerar las deportaciones tendrán el efecto contrario.

“Si nos imponen cuotas y medidas, eliminando nuestra independencia para juzgar los casos bajo nuestro criterio profesional, pasará lo que ya pasó una vez después de los ataques terroristas del 911“, dijo la jueza de inmigración Ashley Tabbador, presidente de la Asociación Nacional de Jueces Migratorios.

Después de aquellos ataques terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono, en Washington, el entonces procurador de la nación John Ashcroft tomó una serie de medidas controversiales, entre ellas acelerar las apelaciones en la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

El objetivo era “aligerar los casos acumulados en las cortes” (retrasos que ya existían por allá en 2001, aunque no tan grandes como hoy), pero el resultado fue que muchos inmigrantes apelaron esos casos por defectuosos.

“El resultado fue que muchos de esos casos regresaron a las cortes de inmigración por orden de jueces federales y engrosaron de nuevo la acumulación de casos en espera”, dijo Tabbador.

En los últimos meses, la administración del presidente Donald Trump por medio de su procurador Jeff Sessions han tomado cada vez más control sobre los jueces de inmigración, el tiempo que tienen para decidir los casos y las decisiones que toman en su tribunal.

Aunque la “toma de control” ha sido progresiva, iniciándose el año pasado con “tiempos límite para completar casos migratorios”, el pasado viernes Sessions le puso la cereza a la nata al anunciar, entre otras métricas, que cada juez debe terminar al menos 700 casos al año.

Tabbador anticipó que la imposición de las cuotas, so pena de un juicio negativo al rendimiento del juez, podría llevar a algunos magistrados a acelerar injustamente los casos para tratar de proteger sus trabajos.

Agregó además que la toma de control por parte de Sessions de las cortes migratorias -que no son independientes sino están bajo el Departamento de Justicia- ya está empujando a muchos jueces a tomar su opción de retiro, cuando antes se hubieran quedado muchos años más trabajando.

“Un 40% de los jueces de inmigración ya son elegibles para su retiro”, dijo la magistrada. “Normalmente suelen quedarse mucho después de ser elegibles, pero desde que comenzaron todos estos cambios recientes, se están retirando mucho más que antes”.

Aparte de imponer límites de tiempo a los casos y cuotas anuales, Sessions también ha decidido referir a su propia pluma varios casos que han sido decididos por la Junta de Apelaciones de inmigración.

La ley permite a un procurador revisar casos de la BIA, ya que las cortes de inmigración no pertenecen al poder judicial sino el ejecutivo y están dentro del Departamento de Justicia.

Sessions ha tomado control de varios casos, para dificultar que los jueces puedan cerrar administrativamente o retrasar audiencias en casos de deportación.

Todo esto, según Jeremy McKinney, de la Asociación Nacional de Abogados Migratorios (AILA), tiene como objetivo y probable consecuencia “convertir a las cortes en máquinas deportadoras”.

“Pero al hacerlo”, dijo McKinney, “este gobierno quita derechos esenciales a los procesados, garantizando que va a haber muchísimas demandas.

Karen Lucas, de la campaña por la justicia migratoria, dijo que acelerar los casos y atar las manos de los jueces es muy perjudicial para los migrantes procesados, especialmente porque nacionalmente sólo 14% tiene un abogado que los represente.

Además, indicó, la administración Trump está sumando muchos casos de personas sin delitos y con largos años en el país, y estos casos requieren un proceso y buena parte terminarán en los tribunales.

El problema, dijeron abogados y jueza, es que ante la acumulación de casos pendientes, a veces toma meses únicamente para que un inmigrante pueda llegar a su primera audiencia.

“¿Cómo terminas un caso en un año si la persona tarda meses en simplemente llegar a su primera audiencia”, dijo  Lucas.

Muchos casos complicados de asilo también están bajo proceso, y estos a menudo requieren retrasos para obtener documentación del exterior, o archivos médicos, por ejemplo.

“En muchas ocasiones se trata de casos de vida o muerte que si se aceleran bajo presión política solo resultarán en violaciones masivas a los derechos de los detenidos”, agregó la abogada.

 

 

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