La Junta del Aire de California demanda a la administración Trump por derogar norma anticontaminación

Es el 31er desafío legal emprendido por el fiscal general Xabier Becerra contra la administración republicana
La Junta del Aire de California demanda a la administración Trump por derogar norma anticontaminación
Trump derogó la política que requiere que las refinerías de petróleo tomen medidas para reducir sus emisiones.
Foto: Archivo

La junta de aire limpio de California y su fiscal general, Xavier Becerra, demandaron a la administración Trump para impugnar como ilegal la derogación de una política que requiere que las principales fuentes de contaminantes atmosféricos, incluidas las refinerías de petróleo, tomen medidas permanentemente para reducir sus emisiones, anunciaron el martes las autoridades.

La demanda apunta a un cambio de política por parte de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU, por el cual los principales contaminadores dejarán de estar oblogados a instala y operar equipos que minimicen permanentemente la liberación de sustancias peligrosas. “En lugar de priorizar la salud de los trabajadores estadounidenses, el administrador de la EPA, Scott Pruitt, quiere dejar libres a los principales contaminadores“, dijo Becerra en un comunicado, “eso es desmesurado, y es ilegal“.

Presentada ante el Tribunal de Apelaciones de los EEUU para el Circuito D.C., esta demanda constituye el 31er desafío legal emprendido por el fiscal general demócrata contra la administración del presidente republicano (otras de ellas se enfocan en las políticas de Trump sobre inmigración, atención médica y el censo de EEUU).

Además, Becerra ha presentado otras demandas ambientales en el último año, incluida una para preservar una regla contra la liberación de metano de las operaciones de petróleo y gas en tierras públicas. También demandó para impugnar un retraso en el aumento de las sanciones para los fabricantes de automóviles cuyos vehículos no cumplen con los estándares de eficiencia de combustible. Sin embargo, otra demanda desafió como ilegal el retraso de un año de la EPA en los estándares de logro de ozono.