La “cero tolerancia” en la frontera de Estados Unidos no desalentará a quienes huyen por su vida: expertos

El procurador Sessions quiere convertir en delincuentes convictos a todos los adultos que lleguen a la frontera para "disuadir" futuros cruces, pero esta vez no se trata de inmigrantes económicos, sino potenciales refugiados.
La “cero tolerancia” en la frontera de Estados Unidos no desalentará a quienes huyen por su vida: expertos
Este tipo de audiencia masiva es lo que tiende a ocurrir en programas de "cero tolerancia". Pero antes los que cruzaban eran hombres buscando trabajo. Hoy son niños y mujeres refugiados. Dibujo por Maggie Keane para Humans Rights Watch.

La mayoría de los inmigrantes indocumentados que hoy se acercan a la frontera son familias, mujeres jóvenes y niños centroamericanos, una población con pocas probabilidades de sobrevivir en sus países de origen y para los cuales las medidas de “cero tolerancia” que ha anunciado el gobierno de Trump son un riesgo que vale la pena correr, dicen expertos.

“Antes de 2014, no sólo había más personas cruzando la frontera sin autorización legal, sino que los que cruzaban eran muy diferentes: hombres adultos jóvenes buscando trabajo“, dijo Tom Jawetz, analista de inmigración del Centro para el Progreso Americano.

A partir de ese año, la mayoría de los migrantes son mujeres, madres con niños, adolescentes y hasta niños que cruzan con coyotes, mientras familiares y padres los esperan del otro lado. El factor que más influye en su partida de Honduras, Guatemala o El Salvador es la violencia y el temor por su vida.

El tipo de programa judicial que el actual gobierno va a implementar con el nombre de “cero tolerancia” es una simple ampliación de uno que existe desde 2005 y cuyos resultados han sido mixtos. Su nombre es “Operation Streamline”.

La principal preocupación, sin embargo, es que aplicar este tipo de delitos a jóvenes o familias que no vienen por trabajos, sino huyendo de la violencia, puede resultar en violaciones a tratados internacionales y, además, reducir notablemente o eliminar del todo la capacidad de esas personas de pedir asilo efectivamente.

Un reporte del propio gobierno en 2015 lo describió así:

“La Patrulla Fronteriza no tiene suficiente guía para usar Streamline en personas que expresan el miedo al regreso a su país y su uso sobre esta población puede violar tratados internacionales sobre refugiados”, reza un reporte del Inspector General de DHS que data del mencionado año.

Algo que sí logra este tipo de medida es engrosar las ganancias de cárceles privadas y gastar mucho dinero del erario público, sin que se haya comprobado la efectividad de la medida para detener futura inmigración.

Según un estudio del grupo Grassroots Leadership,  Operation Streamline ha costado al menos 7,000 millones de dólares desde su origen.

Sin embargo, ni siquiera los que la aplicaron consideran que este tipo de táctica es efectiva.

“La acusación criminal de los migrantes no tiene ningún efecto en los cruces”, dijo el juez retirado de Brownsville Felix Recio en un reciente reporte.

Un estudio de Human Rights First dijo que aumentar el gasto en fiscales para perseguir a inmigrantes por cruzar la frontera “distrae escasos fondos judiciales que se necesitan para otros delitos más importantes”.

“Justicia como ganado”.

Con mucha fanfarria, el procurador de la nación Jeff Sessions anunció la pasada semana una política de “cero tolerancia” en la frontera, destinada a meter en la cárcel a personas detenidas cruzando hacia Estados Unidos y acusarlos de un delito penal.

Pero la llamada “cero tolerancia” no es un programa nuevo, y su aplicación con mano dura durante el final del gobierno de George W. Bush y luego durante seis años del gobierno de Barack Obama produjo mucho escepticismo, debido a su costo y a dudas sobre su efectividad en impedir la inmigración indocumentada.

Comenzando en 2005 en Del Rio Texas, el gobierno federal cambió su política de simplemente regresar a migrantes indocumentados a su país de origen y comenzó a aplicar una ley aprobada en 1996 para acusarlos de un delito.

El programa, llamado “Operation Streamline” hizo noticia en esa época porque se apoyaba en audiencias masivas, en las que docenas de migrantes esposados acudían a una sola audiencia con un juez y terminaban declarándose culpable del delito de “entrada ilegal”.

El delito acarrea seis meses de prisión y es un delito menor. Pero si estos mismos migrantes intentan cruzar de nuevo, pueden enfrentar una acusación por “reentrada ilegal”, que es una felonía y puede acarrear muchos años de prisión.

Para Leah Chavla, de la Comisión de Mujeres sobre Refugiados, “una vez que los refugiados tienen un record criminal, es imposible lograr protección de asilo”.

 

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