WASHINGTON— Regresando a su consabida queja sobre la inmigración ilegal, el presidente Donald Trump afirmó este viernes que hay más presión que nunca para agilizar la construcción de su prometido muro fronterizo y combatir las “ciudades santuario”.
“Está surgiendo una tremenda presión, como nunca antes, para el Muro Fronterizo y un fin a las ciudades santuario que acunan el crimen. Comenzamos el Muro en San Diego, donde la gente estaba presionando verdaderamente fuerte para conseguirlo. Pronto serán protegidos”, afirmó.
El mandatario hizo esas declaraciones al final de otra intensa semana de ataques de su Administración contra los inmigrantes, y en unos momentos en que su Administración está bajo la lupa por la reciente racha de renuncias y despidos y por la investigación del FBI sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016.
Aunque Trump habla de su prometido muro, el Congreso en realidad aprobó $1,600 millones para la seguridad fronteriza y fijó restricciones en el tipo de barreras colocadas en la frontera sur.
De ese total, $251 millones son para “bardas secundarias” cerca de San Diego (California), $445 millones para diques en el Valle del Río Bravo, $196 millones para barreras peatonales en esa zona, $445 millones para reemplazar barreras peatonales, $38 millones para el diseño y planificación de más barreras, y $196 millones para recursos tecnológicos.
Trump insiste en cada oportunidad en que el muro frenará el trasiego de drogas y contrabando de inmigrantes indocumentados, pero datos oficiales de su Administración reflejan que los cruces ilegales se encuentran en un descenso histórico.
El muro no frenará el narcotráfico porque los carteles siempre se las ingenian para encontrar rutas alternativas, o sobornar a agentes fronterizos, según un informe reciente de la Institución Brookings.
Un informe de 2015 de la Dirección Antidrogas Estadounidense (DEA) indicó que los carteles de la droga mexicanos transporta su mercancía a través de los puertos de entrada oficiales, en vehículos privados o camiones de carga.
Durante una conferencia telefónica con periodistas, expertos en inmigración afirmaron que el mensaje no sorprende, porque se enmarca en su “guerra frontal contra los inmigrantes”, escudada en argumentos de “seguridad pública y nacional”.
- Fueron a la graduación militar de su hijo y terminaron capturados por ICE
-
Jueza de padres inmigrantes da la bienvenida a 201 nuevos ciudadanos
Trump recurre a su muletilla ant-inmigrante porque es una herramienta “fiable” de cara a su base, dijo David Leopold, abogado de Inmigración en Ohio.
En eso lo secundó Tom Jawetz, analista de asuntos migratorios del “Centro para el Progreso Estadounidense” (CAP), quien dijo que “cuando las cosas no le van bien, Trump recurre a su tema favorito” y sus ataques contra los inmigrantes, con el argumento de resguardar la seguridad nacional.
“Mucho de esto es una reacción” a lo poco que el Congreso le aprobó y a la situación política del momento, observó Jawetz.
En los últimos días, tanto la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, como otros funcionarios de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acudieron a sendas audiencias del Congreso para defender la solicitud presupuestaria para el año fiscal 2019.
Trump ha dejado en claro su malestar porque para el año fiscal en curso, el Congreso sólo aprobó en marzo pasado $1,600 millones para barreras físicas –no el muro de concreto que prometió Trump- y el sistema de seguridad fronteriza, no los $25,000 millones que él solicitó.
Para el año fiscal 2019, que comenzará en octubre próximo, el DHS ha solicitado un total de $47,500 millones, que incluye poco más de $16,600 millones para la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), y poco más de $8,800 millones para la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
