Viven amontonados y sin salida en Santa Ana

Residentes y grupos comunitarios de Santa Ana buscan llevar a la boleta electoral de noviembre una ordenanza para el control de renta
Viven amontonados y sin salida en Santa Ana
Mucha gente cohabita y convive en un apartamento de Santa Ana, donde el comedor, la sala de estar un dormitorio y la cocina donde apenas pueden caminar sin tropezarse uno con otro. (Jorge Luis Macias, Especial para La Opinión)

La inacción de los concejales de Santa Ana y del alcalde Miguel Pulido condujo a los residentes de esta ciudad a presentar una iniciativa de ley para establecer un control de rentas.

Ahora, la abogada municipal Sonia Carvalho tiene hasta el 18 de abril para armar un título y un resumen de la medida. Luego de que la ciudad publique un aviso público, los proponentes tendrán 180 días para reunir aproximadamente 12,000 firmas válidas para colocar la iniciativa en la bolete electoral del próximo 6 de noviembre.

La medida electoral, conocida como la “Ley de Preservación de la Comunidad, Estabilización de Rentas e Inquilinos”, utilizaría la tasa de inflación para establecer límites a los aumentos de alquiler anual, con un límite estricto de 5 por ciento. También impondría políticas de desalojo de “causa justa” en la ciudad.

“¡Ya basta de vivir amontonados!”, dijo Heraclio Rivas, un zacatecano que ha residido en Santa Ana por más de tres décadas. “Ya no aguantamos vivir así”.

 

Heraclio Rivas vigila a su nieto y un vecinito mientras juegan en la cama, instalada a la entrada de su apartamento de una sola recámara en la ciudad de Santa Ana. (Jorge Luis Macias, Especial para La Opinión)
Heraclio Rivas vigila a su nieto y un vecinito mientras juegan en la cama, instalada a la entrada de su apartamento de una sola recámara en la ciudad de Santa Ana. (Jorge Luis Macias, Especial para La Opinión)

Varias generaciones bajo un mismo techo

En sus años mozos, Rivas trabajó 20 años como cocinero en un restaurante y después se dedicó a vender  fruta fresca en las calles de Santa Ana, antes de jubilarse hace cinco años.

El, su esposa, María Teresa, y una hija adulta viven en un departamento de solo una recámara y un espacio pequeño donde apenas se puede caminar.

“Ya pagamos $1,275 dólares al mes por vivir en este cuchitril”, dice enojado. “No podemos pagar más”.

Es evidente que Rivas y su familia requieren espacio, – al menos para respirar – pero les resulta casi imposible pagar un lugar más grande, ya que la renta de un departamento de dos recámaras en Santa Ana, –  y dependiendo del vecindario – oscilan entre $1,793 y $2,213 dólares.

Asegura que han sido obligados a vivir así por la falta de vivienda a bajo costo, las altas rentas en esta ciudad y la avaricia de los propietarios de edificios de apartamentos, para quienes no hay leyes que les impidan incrementar el costo del alquiler cuando quieran y cómo quieran.

Es difícil caminar por el departamento de la familia, donde la cocina, comedor, sala y dormitorio se encuentra en un mismo espacio. En la habitación, alguien debe salir para que el otro entre, mientras se evade una “jungla” de ropa amontonada y un televisor grande para poder sentarse en una cama, no en una silla.

Rivas cuenta que hace cuatro años era propietario de una casa de $495,000 dólares en Lake Elsinore, una zona del condado de Riverside donde pagaba una hipoteca mensual de $3,000 dólares.

“Me duró poco el gusto, porque la perdí en tres años, en el 2010”, recordó. “Sucedió que, por la falta de agua, el patrón que me vendía la fruta fresca para (vender a) la gente decidió cortar los árboles y el que pagó el pato [perjudicado] fui yo”.

Heraclio Rivas, de Juchipila, Zacatecas, quien se ha unido a la lucha por el control de rentas en Santa Ana. (Jorge Luis Macías, Especial para La Opinión)
A la izquierda, Heraclio Rivas, de Juchipila, Zacatecas, quien se ha unido a la lucha por el control de rentas en Santa Ana. (Jorge Luis Macías, Especial para La Opinión)

 

Sin protección, ni control de renta

Isuri Ramos, organizadora comunitaria de la Comisión Kennedy, dice que la vivienda es un asunto primordial para la salud física y mental de las familias.

“Muchas familias viven en pésimas condiciones y tienen temor de pedir ayuda, porque al hacerlo, el dueño les dará inmediatamente un aviso de desalojo. En Santa Ana no hay ninguna protección para inquilinos ni control de rentas”, detalla.

La Comisión Kennedy es una de decenas de grupos de activistas que pretenden lograr el control de rentas en la ciudad. Se han organizado a través de la organización Inquilinos Unidos Santa Ana (Tú Santa Ana).

Las proponentes de la ordenanza – Karla N. Juárez, Jonathan Bribiresca y Benjamín Vázquez – señalan que el aumento en los costos de vivienda sigue subiendo más rápido que los salarios de las familias, y miles no pueden soportar ese ritmo que consume sus sueldos.

“Estoy a favor de los derechos de los inquilinos”, dijo Jonathan Hernández, director ejecutivo de Santa Ana Unidos. “Me gustaría saber cómo el plan estratégico de cinco años fue diseñado estratégicamente para desplazar las familias, dañar e interrumpir la vida de nuestras comunidades”.

Plan Municipal

En efecto, junto con el exadministrador de la ciudad, David Cavazos, la ciudad supuestamente puso en marcha un plan estratégico de 2014-15 a 2018-19 en el que establecía como meta garantizar que se cumpla la mission de “ofrecer servicios públicos eficientes en asociación con nuestra comunidad que garanticen seguridad pública, un entorno económico próspero, oportunidades para nuestros jóvenes y una alta calidad de vida para los residentes”.

Hernández criticó que los propios datos municipales muestran a los funcionarios públicos que las amenazas más grandes en Santa Ana “no son las pandillas, las drogas o la violencia…nuestra mayor amenaza es la desigualdad y las oportunidades de una vivienda digna”.

Ropa amontonada, toallas colgando de una litera y una ventana completamente cerrada que impide que el aire entre a la habitación donde duerme una hija de Laura López y su nieto, además de otros dos hijos, residentes de Santa Ana. (Jorge Luis Macías, Especial para La Opinión)
Ropa amontonada, toallas colgando de una litera y una ventana completamente cerrada que impide que el aire entre a la habitación donde duerme una hija de Laura López y su nieto, además de otros dos hijos, residentes de Santa Ana. (Jorge Luis Macías, Especial para La Opinión)

 

Desplazamiento de latinos

Si bien el Ayuntamiento de Santa Ana programó en enero pasado una sesión para la discusión sobre el tema del control de rentas con expertos en el tema, todo quedó en palabras al viento.

Algunos grupos comunitarios presionaron para poner fin a los aumentos en los alquileres que, según dicen, están haciendo que Santa Ana sea inaccesible para vivir a largo plazo. Los propietarios dicen que el verdadero problema es la escasez de viviendas.

“La ordenanza sigue un proceso legal con cierto número de reglas que deben respetarse; por eso estamos exhortando a nuestra gente que nos apoye porque el desplazamiento [de las familias] está sucediendo en toda la ciudad”, dijo Hairo Cortes, director de la organización comunitaria Chispa. “Sin embargo, la ordenanza crearía in proceso justo para que una persona no sea desalojada por cualquier razón esgrimida por el propietario de un inmueble, ya que pueden encontrar a alguien a quien le puedan cobrar más renta y el Concilio no ha reconocido la urgencia de lo que la gente necesita”.

Los dueños de edificios

Los líderes comunitarios, empero, no cuentan con el apoyo de al menos tres miembros del Ayuntamiento, y tienen la oposición de la poderosa Asociación de Apartamentos de California (CAA).

Tommy Thompson, vicepresidente de CAA, dijo que el control de rentas “es un desastre comprobado en el estado”.

“Aunque las personas piensan que el control del alquiler dará lugar a alquileres más bajos, es todo lo contrario”, dijo Thompson en un mensaje electrónico. “Las rentas de departamentos disponibles en ciudades con control de alquiler son dramáticamente más altas que las rentas en ciudades sin control de renta. En ciudades sin esta política, las unidades disponibles van desde precios bajos hasta precios altos. En las ciudades con alquiler controlado, las únicas unidades disponibles son las más caras, muy por encima de la renta mediana. Esta sería una mala dirección para Santa Ana”.

¿Y cómo se puede tener privacidad en un hogar de una recámara?, se le preguntó a Heraclio Rivas.

“Mire usted, nadie merece vivir así, allá en mi pueblo [Juchipila, Zacatecas] vivíamos más tranquilos y nada de estar amontonados”, respondió. “Aquí [en Santa Ana] los políticos nos prometían los bueyes y la carreta, pero no nos dan ni un vaso de agua…Todos merecemos una vida digna y por eso estamos luchando”.

Coincide con él su vecina, Laura López, de Nayarit, quien vive en un departamento contiguo. En su caso, empero, son seis personas quienes cohabitan en un mismo lugar: su esposo, tres hijos (dos chicas mayores de 21 años y un varón de 14 años) y un nieto.

“Hemos querido cambiarnos a un lugar más grande y que nos guste, pero la renta es muy cara y el área está llena de cholillos [pandilleros]”, dice Laura. “Mientras no podamos, aquí tenemos que aguantarnos”.