Tribunal Supremo anula parte de ley que permite deportación de inmigrantes con ciertos delitos

WASHINGTON – En una clara victoria para la comunidad inmigrante, el Tribunal Supremo puso los frenos este martes a los esfuerzos de la Administración Trump de deportar a inmigrantes condenados por delitos violentos, al anular parte de una ley federal que facilita la expulsión de esos extranjeros.

Para mayor ironía, el juez conservador Neil Gorsuch, nombrado por el presidente Donald Trump al cargo vitalicio el año pasado, fue quien dio el voto decisivo en el dictamen de 5-4, sumándose a los cuatro jueces de corte progresista.

En el dictamen, los jueces indicaron que, para efectos de la Constitución, una ley migratoria federal contiene una definición sobre “crimen de violencia” demasiado difusa y, por lo tanto, difícil de aplicar.

Según el código penal estadounidense, un “crimen de violencia” incluye delitos en los que se usa la fuerza física, o hay amago del uso de esa fuerza, contra personas o propiedades.

Bajo el “Acta de Inmigración y Nacionalidad” (INA), los inmigrantes legales condenados por delitos graves –como un “crimen de violencia”- se exponen a la deportación y, aunque la Administración Obama puso prioridad en la expulsión de extranjeros criminales, la de Trump quiere subir el volumen a ese tipo de deportaciones.

Gracias al dictamen de hoy, antes de deportar a alguien, incluyendo residentes legales condenados por delitos graves, el gobierno de EEUU tendrá que demostrar que el delito cometido fue, de hecho, “violento”.

Sin embargo, los inmigrantes indocumentados, aunque tienen derecho al debido proceso, pueden ser deportados con o sin historial criminal.

En este caso, los jueces, liderados en el dictamen mayoritario por Elena Kagan, apoyaron el dictamen del Noveno Circuito de Apelaciones de San Francisco (California) que había anulado esa cláusula de la ley federal, alegando que no era muy clara y violaba la Constitución.

Ese tribunal, a su vez, se había apoyado en un dictamen de 2015 del Tribunal Supremo en un caso similar sobre otra ley federal, el “Acta de Criminal de Carrera Armado” (“Armed Career Criminal Act”, ACCA), que autoriza extender las sentencias para criminales que reinciden.

Tras hacer comparaciones con los abusos de la Corona inglesa antes de la Revolución, Gorsuch dijo que aunque las leyes de ahora posiblemente no son tan “ingratas” como las de entonces, “pueden igualmente invitar al ejercicio del poder arbitrario”, al no tener definiciones legales precisas y dejarlo todo al capricho de los fiscales y los tribunales.

“La ley ante nosotros hoy, es una ley semejante”, observó Gorsuch.

Administración pide ayuda del Congreso

El portavoz del Departamento de Justicia, Devin O´Malley, dejó en claro su oposición al dictamen y pidió la intervención del Congreso.

“El Departamento de Justicia cree que ciertos crímenes cometidos por un extranjero ilegal, una persona con visa, o un extranjero con estatus legal en EEUU, deben desencadenar su deportación”, señaló.

O’Malley instó al Congreso a que cierre las “lagunas legales” en las leyes migratorias de tal manera que extranjeros criminales que cometen “crímenes, como robo en muchos estados, narcotráfico en Florida, y hasta abuso sexual de menores en Nueva Jersey”, no puedan evitar las consecuencias de sus delitos.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tyler Houlton,  dijo que el dictamen minará los esfuerzos de la agencia por deportar a personas que cometen asaltos sexuales, secuestros, y robo. De paso, agregó, permitirá que EEUU se convierta en “refugio seguro de criminales” y un país “más vulnerable”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, se ha reunido con “centenares” de legisladores en los últimos meses para “implorarles” que cierren las lagunas legales que, a su juicio, minan la seguridad pública, alientan la inmigración ilegal y atan las manos de las autoridades policiales, puntualizó Houlton.

Sin embargo, la Administración omite de sus argumentos que el dictamen no interfiere en absoluto con la deportación de personas condenadas por crímenes violentos, como violaciones, asesinatos, narcotráfico y otras infracciones. Es decir, el dictamen solo aplica a delitos con sentencias mínimas de un año y que no encajan en la definición de “delitos graves” que justifican la deportación.

Dulce victoria para inmigrante en California

El caso es una dulce victoria para el inmigrante filipino de California, James García Dimaya, quien impugnó el trámite de deportación que inició el DHS valiéndose de la ley “INA”.

García Dimaya emigró con “tarjeta verde” a EEUU en 1992, cuando apenas tenía 13 años de edad pero en 2007 y 2009, respectivamente, fue condenado en California por robo en primer grado -que no implicó violencia-, lo que le valió sentencias de dos años en prisión.

El DHS inició los trámites para su deportación después de que la Junta de Apelaciones Migratorias (BIA) le diera luz verde, al asegurar que García Dimaya había cometido un crimen “deportable”.

El Tribunal Supremo ya había escuchado el caso en enero de 2017 pero su primer dictamen, un empate de 4-4 tras la muerte del juez conservador Antonin Scalia, lo dejó sin solución.  La máxima corte del país retomó el caso después de la confirmación de Gorsuch.

Un golpe contra el “autoritarismo”

Activistas de la comunidad inmigrante y expertos legales consultados por este diario, celebraron el dictamen del Tribunal Supremo como un innegable triunfo para las familias inmigrantes.

Jess Morales Rocketto, directora de política de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas (NDWA), dijo que el dictamen “es una victoria para las familias inmigrantes, y un golpe al autoritarismo con el que la Administración está aplicando las leyes de inmigración”.

Por su parte, la abogada de Inmigración, Lauren Eagan, dijo que se trata de una buena noticia en particular para “aquellos con un historial de crímenes de bajo nivel”.

“El hecho que el juez Gorsuch, nominado por el presidente Trump y tradicionalmente un conservador llegue a esta decisión, me da algo de esperanza para los casos migratorios que tengamos que resolver en el futuro”, aseguró Eagan.

David Leopold, otro abogado de Inmigración, explicó que, gracias al dictamen, los residentes legales condenados por “delitos graves”  podrán solicitar alivio de la deportación ante un juez de Inmigración.

“No pienso que la decisión tiene un impacto en las redadas más amplias de Trump dirigidas a los inmigrantes indocumentados. Desafortunadamente, continuará el ataque general contra los inmigrantes por parte de la Administración”, advirtió Leopold.

David Bier, analista del Instituto Cato, también consideró que el dictamen no reducirá necesariamente las deportaciones de criminales extranjeros,  porque la Administración está empeñada en expulsar a inmigrantes indocumentados.

El voto de Gorsuch fue significativo pero no sorprendente debido a su historial como juez, pero “sí demuestra que los jueces ´conservadores´ pueden oponerse a políticas conservadoras que sean aplicadas de forma inconstitucional”, afirmó Bier.

Otros grupos pro-inmigrantes, entre éstos CHIRLA y el Foro Nacional de Inmigración, emitieron sendos comunicados para celebrar un dictamen que restringirá la deportación de inmigrantes por crímenes no violentos y, por lo tanto, la separación de familias.