Senadoras demócratas piden proteger a jueces de inmigración de “interferencia política”

El sindicato de jueces de inmigración se opone a la imposición de cuotas para agilizar casos
Senadoras demócratas piden proteger a jueces de inmigración de “interferencia política”
Ashley Tabbador, pidió la eliminación de cuotas, y el apoyo del Congreso para reformar el sistema. Foto: María Peña/Impremedia

WASHINGTON— Un grupo de tres senadoras demócratas presentó este miércoles una medida para proteger a los jueces de Inmigración de una indebida influencia política, en medio de los esfuerzos de la Administración por agilizar las deportaciones.

El proyecto de ley, encabezado por la senadora demócrata de Hawai, Mazie K. Hirono quiere proteger a los jueces de Inmigración de una “inapropiada interferencia o manipulación política”.

La medida fue presentada en respuesta al reciente anuncio del Departamento de Justicia de que a partir del próximo 1 de octubre impondrá cuotas para medir el rendimiento y eficacia de los 334 jueces de los tribunales de Inmigración.

Para recibir una calificación “satisfactoria”, los jueces tendrán que despachar un mínimo de 700 casos al año.

En concreto, el “Acta para Mejorar los Tribunales de Inmigración”, pide que los jueces sean evaluados sin la imposición de cuotas; que el fiscal general supervise a los jueces sin interferir en su autoridad para hacer decisiones independientes, y que los jueces sean evaluados bajo el código de conducta judicial, no el que se aplica a los abogados.

También pide proteger a los jueces de medidas disciplinarias por tomar decisiones judiciales “de buena fe”, y que éstos además preserven su estatus judicial apropiado.

“En unos momentos en que la Administración Trump está contantemente atacando el imperio de la ley y amenazando a las comunidades inmigrantes, los jueces de Inmigración necesitan nuevas protecciones legales de la interferencia política del presidente”, afirmó Hirono, quien condenó el aparente esfuerzo de amenazar con represalias a jueces que no se ajusten a la nueva política migratoria.

Por su parte, la senadora demócrata de California, Kamala Harris, señaló que el sistema de tribunales de Inmigración sólo funciona si los jueces cumplen sus labores de forma no partidista y no se convierten en “herramientas” para llevar a cabo la agenda política del fiscal general, Jeff Sessions.

A su juicio, la imposición de cuotas es otro ejemplo de cómo el presidente Donald Trump no respeta la independencia de las instituciones, lo que hace urgente proteger la integridad de los tribunales.

La senadora demócrata por Nueva York, Kirsten Gillibrand, condenó los esfuerzos por “manipular a los jueces”, y subrayó que la iniciativa ayudará a que las familias inmigrantes tengan acceso a un sistema que les responda con justicia.

Durante una audiencia hoy ante el subcomité jurídico del Senado, la presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, Ashley Tabbador, y la presidenta de la Asociación de Abogados Estadounidenses (ABA), Hilarie Bass, insistieron en que el sistema de tribunales de inmigración “está roto” y requiere urgentes reformas.

Tabbador describió un ambiente en el que los jueces, que ganan entre $100,000 y $165,000 al año, cada vez “hacen más con menos”, y afrontan una montaña de 700,000 casos pendientes. El atasco de casos fluctúa de una a otra región. En Baltimore (Maryland), por ejemplo, hay cinco jueces que deben resolver, en su conjunto, 31,000 casos.

Tabbador urgió la eliminación de las cuotas, por considerar que éstas no contribuirán a la eficiencia del sistema. La imposición de cuotas y las metas “aspiracionales” para completar los casos “son dos animales completamente diferentes”, dijo la jueza de Los Angeles (California)

Bass dijo que el sistema “requiere un cambio fundamental”, comenzando con retirar a los tribunales de Inmigración del paraguas del Departamento de Justicia, proveerles más recursos para mejorar su eficiencia, y promover su plena independencia jurídica.

En la misma audiencia, Andrew R. Arthur, analista del conservador Centro para Estudios de Inmigración (CIS),  aconsejó la contratación de más jueces, cerrar las “lagunas legales” que permiten la inmigración ilegal, ampliar las detenciones y deportaciones,  y “sellar” la frontera sur.

En declaraciones a este diario tras concluir la audiencia, Tabbador dijo apoyar el objetivo de la legislación demócrata y espera que el Congreso la respalde.

“Esperamos que el Departamento de Justicia revierta su decisión sin precedente… la senadora Hirono reconoce la importancia de proteger la autoridad de los jueces para tomar decisiones independientes, y que estas cuotas ligadas a medidas disciplinarias contraviene esa independencia”, explicó Tabbador.

“Apoyamos estos esfuerzos para proteger la integridad de los tribunales”, enfatizó.

La presidenta del gremio de jueces de Inmigración, Ashley Tabbador, pidió la eliminación de cuotas, y el apoyo del Congreso para reformar el sistema. Foto: María Peña/Impremedia

¿Prueba política para contratación?

Tres legisladores demócratas enviaron una carta a Sessions ayerpidiendo explicaciones sobre informes de que su agencia y la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR), de la que dependen los tribunales de Inmigración,  toman en cuenta consideraciones políticas o ideológicas a la hora de contratar a jueces y miembros de la Junta de Apelaciones Migratorias (BIA).

Si se comprueba que el Departamento de Justicia contrata a los jueces según sus posturas políticas o ideológicas –algo que ya había ocurrido en 2008, según una investigación interna-, eso sería una violación de las leyes federales y de los propios reglamentos de la agencia, dijo el legislador demócrata por Maryland, Elijah E. Cummings.

En la carta los legisladores destacaron casos en los que, según informantes anónimos, el Departamento de Justicia ha demorado la contratación de jueces y, en algunos casos, retiró o suspendió la oferta de trabajo.

La misiva, en la que pidieron un informe detallado sobre el proceso de selección y cuántos jueces han sido designados desde el inicio de la Administración Trump el año pasado, está firmada también por los legisladores demócratas de Texas, Lloyd Doggett y Joaquín Castro.