Activistas advierten contra cambios en reglamento de “carga pública” para inmigrantes

La Administración Trump mantiene hermetismo sobre cuándo publicará el nuevo reglamento
Activistas advierten contra cambios en reglamento de “carga pública” para inmigrantes
El nuevo reglamento no sólo tiene serios problemas en su planteamiento fiscal sino que tendría un “efecto negativo neto” en los presupuestos gubernamentales

WASHINGTON— La Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca se alista para divulgar en breve un nuevo reglamento que, en aras de la “autosuficiencia” de los inmigrantes, denegará visas a extranjeros que considere que serán una “carga pública” para EEUU, mientras activistas advirtieron hoy del enorme daño incluso para ciudadanos estadounidenses.

La OMB explicó en su anuncio sobre la propuesta reglamentariaque su propósito es asegurar que los extranjeros que llegan al país o ajustan su estatus a la residencia permanente o “tarjeta verde”, de forma temporal o permanente, “tengan los medios de sustento mientras están en EEUU, y que los nacionales extranjeros no se vuelven dependientes de beneficios públicos”.

Consultada por este diario, la OMB no quiso precisar cuándo se publicará el reglamento, que está siendo revisado junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Una fuente del DHS, a su vez, remitió toda pregunta a la OMB.

En todo caso, el DHS está evaluando el impacto de los costos y beneficios del nuevo reglamento.

Una vez que la Administración Trump publique el reglamento en el diario oficial del gobierno (“Federal Register”), las autoridades iniciarán un período de comentarios públicos de 90 días, tras la cual harán una determinación final para su puesta en marcha.

La “carga pública” dentro de las leyes migratorias

Desde al menos 1882, las leyes migratorias han permitido negar visas a extranjeros que puedan convertirse en una “carga pública” .  En general, ha afectado a personas que solicitan la “tarjeta verde” para reunirse con sus familias, o a personas ya en EEUU que solicitan un ajuste a la residencia permanente.

Las leyes también permiten la deportación, con algunas excepciones,de personas que caen en esa categoría en los primeros cinco años de su estancia en el país.

De hecho, según un análisis del Instituto Cato,  entre 2001 y 2017, el Departamento de Estado negó 8,176 visas inmigrantes usando el reglamento vigente sobre la “carga pública”, o apenas el 7% de todas las visas negadas bajo esa categoría, y otras 11,877 visas no inmigrantes, que fueron el 0,4% del total.

¿Exclusión de pobres?

Pero el nuevo reglamento, de aprobarse, alteraría profundamente cómo se determina la “carga pública” y, peor aún, aplicaría a cualquier persona que solicite un ajuste o extensión de su estatus migratorio o pida una visa por primera vez, explicaron activistas consultados hoy por este diario.

En la actualidad, la norma que rige desde 1999 define como “carga pública” a ciertos programas de beneficencia social que ofrecen ayuda monetaria, pero el nuevo reglamento abarcaría cualquier programa de ayuda gubernamental.

El gobierno de EEUU quiere redefinir la prueba que tendrían que pasar la mayoría de los solicitantes de la “tarjeta verde” para demostrar que cuentan con ingresos de clase media, es decir, superiores al 250% del nivel de pobreza.

En la actualidad, esos ingresos se definen como $62,750 para una familia de cuatro personas, o cerca de 12,000 más que el ingreso típico de una persona con un trabajo a tiempo completo,  según un análisis del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP).

En el pasado, la prueba de la “carga pública” se utilizó para excluir a inmigrantes desempleados, que no tenían familia en EEUU y que terminarían en asilos o completamente a merced de la beneficencia social. Ahora Trump quiere usar esa norma para “discriminar una vez más”, alterando el sistema de inmigración familiar saltándose la intervención del Congreso, según CAP.

Entre los aspectos más preocupantes para activistas, es que el nuevo reglamento afectaría incluso a ciudadanos estadounidenses –incluyendo cónyuges, hijos o padres- que dependan del inmigrante en cuestión.

Más restricciones

Según detalles filtrados previamente a la prensa, el nuevo reglamento restringiría aún más el acceso de los inmigrantes a beneficios públicos.

Entre los programas afectados por el inminente reglamento estarían los de “Medicaid”, cupones de comida, el “Programa de Seguro para Niños” (“CHIP”), el programa de nutrición “WIC”,  y el “Crédito Tributario por Ingresos” (EITC, en inglés).

El reglamento no afectaría los beneficios de “Medicare” –a menos que las primas sean pagadas parcialmente o en su totalidad por el gobierno-,  Seguro Social, ayuda para veteranos de guerra, subsidios de desempleo, préstamos federales, matrícula en instituciones estatales, y la educación pública.

Un reglamento “sin sentido”

David Bier, analista del “Instituto Cato”, afirmó que el nuevo reglamento no sólo tiene serios problemas en su planteamiento fiscal sino que tendría un “efecto negativo neto” en los presupuestos gubernamentales.

Las autoridades del DHS, por ejemplo, no están tomando en cuenta que los extranjeros pagan impuestos y aportan al crecimiento económico del país, además de que los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a recibir beneficios aún si el inmigrante no obtiene estatus legal.

“El negarle estatus legal al dependiente de un inmigrante sólo incrementaría su uso de beneficios públicos”, y eso no le ahorraría dinero al fisco, argumentó Bier.

Shawn Fremstad, analista de asuntos de pobreza del CAP) dijo que el reglamento “cambiaría fundamentalmente lo que significa ser un residente permanente legal e incluso un ciudadano estadounidense que pertenece a la familia de un inmigrante legal”.

“Niños que son ciudadanos estadounidenses y que viven en millones de familias inmigrantes verdaderamente serían tratados como ciudadanos de segunda clase, sin poder acceder a seguro de salud y otros servicios públicos y beneficios que están disponibles para niños estadounidenses con padres nacidos en este país”, explicó Fremstad.

Matthew Lopas, abogado especialista en política sanitaria del “Centro Nacional de Leyes de Inmigración” (NILC, en inglés)  dijo que hay mucho en juego respecto al futuro de la política migratoria de EEUU: “¿Tendremos un sistema que da la bienvenida a familias y apoya su prosperidad, o uno que se apoya en cuánto dinero tiene la gente o su valor económico?”

“No creemos que los valores de nuestro país se basan únicamente en el valor monetario de una persona, sino que el verdadero valor yace en las familiasque viven acá, inmigrantes y ciudadanas, y este reglamento será nociva para las familias y para el país entero”, advirtió Lopas, cuyo grupo ha creado una guía para entender el complejo asunto. .

Además de abrirse a posibles demandas por parte de grupos cívicos, el reglamento también crearía pésimas condiciones para la salud pública al negar servicios a personas por su estatus migratorio que requieran atención médica.

Ya antes de que el reglamento entre en vigor, los activistas y autoridades médicas tienen múltiples ejemplos de residentes legales que rechazan beneficios públicos, o temen solicitarlos, para evitar problemas con Inmigración.

Ultraconservadores vuelven al ataque

Grupos ultraconservadores, entre éstos la “Federación para una Reforma Migratoria Estadounidense” (FAIR, por su sigla en inglés), defienden con vehemencia la necesidad de reformar el sistema, pero para restringir aún más la inmigración legal.

“Una inmigración excesiva, que disminuye la integración, afecta adversamente a las escuelas, degrada las oportunidades de aprendizaje para otros estudiantes, y es una carga financiera para las comunidades en las que residen” los inmigrantes, ha dicho FAIR, que promueve la agenda del presidente Donald Trump de “poner a EEUU de primero”.

El manido argumento se apoya, de forma sesgada, en datos del Censo que, según FAIR, sustentan la necesidad de restringir la entrada de inmigrantes.