Defensores de derechos humanos exigen “cese inmediato” de separación de familias
La política de "cero tolerancia" contra la inmigración ilegal ha generado críticas de la comunidad internacional
Desde 2014, comenzó a intensificarse la llegada de niños migrantes no acompañados. (Foto: Archivo) Crédito: Getty
WASHINGTON— El gobierno de EEUU continúa violando los derechos básicos de los menores al separarlos de sus padres en la frontera sur, afirmaron este miércoles activistas de los derechos humanos, que exigieron el cese inmediato de esa práctica.
La separación de familias en la frontera sur se ha convertido en una especie de “daño colateral” de la política migratoria de “cero tolerancia” de la Administración Trump para desalentar la inmigración ilegal desde Centroamérica, lo que ha generado la repulsa de organizaciones como Naciones Unidas y Amnistía Internacional.
Hoy mismo, un juez federal en San Diego (California) dio luz verde a una demanda que interpuso la Unión de Libertades Civiles de EEUU para frenar la separación de niños de sus padres que solicitan asilo en la frontera sur. El juez calificó la postura de la Administración a favor de la práctica como algo “brutal y ofensivo”.
Activistas consultados hoy por este diario se sumaron a la que condena que ayer hiciera desde Ginebra la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la práctica, tras advertir que ésta viola las leyes de EEUU y los tratados internacionales.
El director interino de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Tom Homan, dijo ayer en un foro conservador que aunque es “triste” tener que arrestar a padres delante de sus hijos, éstos tienen la culpa por cruzar ilegalmente la frontera. El presidente Donald Trump echó la culpa a “mala legislación aprobada por los demócratas.
“La retórica y las declaraciones de la Administración Trump son engañosas, porque ninguna ley estadounidense requiere que haya separación de familias”, dijo Brian Griffey, investigador de Amnistía Internacional, entidad que acaba de culminar una gira de dos semanas y media por toda la frontera del suroeste de EEUU.
“En esa gira documentamos 15 casos de separación de familias, de los cuales 13 presentaron sus casos de asilo formalmente… he entrevistado a víctimas de tortura en muchas partes del mundo, y esta política (de separaciones) es cruel e inhumana, el sufrimiento y la ansiedad de los padres son indecibles”, afirmó Griffey.
La explicación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es que separa a los niños y los manda a albergues a cargo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud cuando los padres no pueden demostrar vínculos familiares, o para evitar que los niños caigan en manos de traficantes.
Pero Griffey replicó que, en muchos casos, los agentes de Inmigración están violando los derechos de las familias, aún cuando éstas demuestran sus vínculos con los menores.
El experto agregó que, diga lo que diga la Administración, grupos como el suyo mantendrán el asunto en el radar y continuarán presionando al Congreso para que ponga fin a la “ilegalidad de las autoridades estadounidenses”.
“Esto no va a desaparecer solo porque la Administración busca echarles la culpa (a los padres) por los cruces ilegales”, subrayó Griffey, quien condenó que, cada vez con más frecuencia, EEUU le da la espalda a los inmigrantes y les hace esperar en México, donde sus vidas corren peligro.
Por su parte, Cassandra Seery, experta legal e investigadora de derechos humanos de la Facultad de Leyes Deakin de la Universidad de Australia, destacó en un correo electrónico la ironía de que EEUU se declara paladín de los derechos humanos en el mundo pero “ha mostrado una renuencia crónica a otorgar a los menores sus derechos más fundamentales”.
De hecho, EEUU sigue siendo el único país en el mundo que no ha ratificado la Convención de los Derechos de la Niñez de la ONU, dijo.
Esa convención, suscrita en 1989, es la de mayor ratificación en el mundo y aunque EEUU la firmó en principio se niega a cumplir con sus compromisos legales dentro del pacto, advirtió Seery.
El pacto enumera una lista de derechos de los menores, incluyendo el derecho a la no discriminación; el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo; el derecho a no ser separados de sus padres, y el de tener derecho a opinar sobre asuntos que afectan sus vidas.
Seery hizo hincapié en que, bajo esa convención, los niños que entran a EEUU en calidad de refugiados “deben tener los mismos derechos que los niños nacidos” en este país.
El martes, una portavoz de la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas, Ravina Shamdasani, instó a la Administración Trump a que “cese de inmediato” la política de separar a las familias en la frontera sur porque ésta contraviene los principios y normas relacionadas con los derechos humanos.
La embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, emitió un comunicado en el que acusó a la entidad internacional de “hipocresía” al denunciar a la Administración Trump mientras ignora el “reprensible historial de derechos humanos de varios miembros de su Concejo de Derechos Humanos”.
A juzgar por la creciente represión de los inmigrantes indocumentados, tanto en la frontera como al interior del país, es casi nula la posibilidad de que la Administración Trump escuche el reclamo de los defensores de los derechos humanos.
