Lo estuvieron escondiendo de pueblo en pueblo para que el Ejército o la guerrilla no lo reclutara durante la guerra civil en El Salvador. Ante el temor de lo peor en medio de los tiroteos, levantones y muerte que se vivía en 1984, sus padres deciden mandarlo a Estados Unidos. Orlando, de 17 años en ese tiempo, no volvería a ver a sus progenitores en los siguientes 16 años.
Durante nueve años vivió sin documentos en Estados Unidos ante el rechazo del gobierno estadounidense de clasificarlo como refugiado de guerra. A partir de 1993 y hasta el 2001, Orlando solicitó un asilo que le permitió trabajar legalmente hasta que su petición le fue negado en el 2001.
Dos terremotos al inicio del nuevo siglo dieron un respiro al pueblo salvadoreño en Estados Unidos. A partir del 2001, los salvadoreños se pudieron inscriber al programa Estatus de Protección Temporal (TPS).
Este programa está designado para las personas víctimas de un conflicto armado en curso en sus países de origen, un desastre natural, una epidemia u otras condiciones extraordinarias que no permitan a las personas su regreso a su lugar de origen.
El TPS permite a los beneficiarios recibir un permiso de trabajo con el que pueden rehacer su vida apegados a la ley, bajo la condición de pagar $495 dólares cada 18 meses y someterse a una extensa investigación para asegurarse de su carácter moral y no abuso de la ley.
Orlando, quien pidió no revelar su apellido, no lo pensó dos veces para registrarse en el programa, hasta la fecha a él y a su esposa, Lorena, les ha permitido trabajar legalmente, formar una familia, comprar una casa y mantener a sus dos hijos estadounidenses: Benjamín de 14 y Lisbeth de 12.
El ahora padre de familia de 57 años ha recibido varios reconocimientos por su ética y responsabilidad en el trabajo al ser nombrado empleado del año y del mes en varias ocasiones; por más de una década ha sido voluntario en una iglesia y actualmente lleva más de cinco años alertando a la comunidad salvadoreña sobre sus derechos y responsabilidades.
El TPS, lejos de ser temporal, fue renovado en 11 ocasiones por administraciones republicanas y demócratas, permitiendo a las familias establecerse en las comunidades a las que llegaron; muchos inclusive tienen a hermanos, padres e hijos en los campos santos de la nación.
No obstante, después de 17 años, la administración Trump decidió cancelar el programa y ahora cerca de 195,000 personas viven con temor. Si la ley no cambia, ellos podrían ser deportados después de septiembre de 2019. Pero no solo ellos serán afectados. Estudios calculan que existe un promedio de 192,000 menores estadounidenses que han nacido de padres amparados bajo el TPS salvadoreño. Ellos quedarían desprotegidos si es que sus padres son obligados a regresar a su país.
Activistas que constantemente hablan con los tepesianos han dicho que el regreso a El Salvador por parte de las personas no es una opción. Ellos argumentan la falta de empleo y la inseguridad que actualmente vive el país.
“El sentir es de preocupación y temo”, indicó Salvador Sanabria, director de El Rescate, organización sin fines de lucro que ayuda a los migrantes en Los Ángeles. “El retorno no es una opción porque la nación de origen no ofrece las condiciones para recibirlos, hay desempleo y serios problemas de seguridad pública”.
Miedo a la violencia
En el 2015, El Salvador fue considerado la capital de los asesinatos ya que alcanzó la cifra de 116 homicidios por cada 100,000 personas, un número superior a los que se alcanzó durante cualquiera de los 12 años de guerra civil (1980 a 1992).
Y aunque en el 2016 la cifra descendió, en el 2017 el número de homicidios cerró en 60.8 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, siendo considerado todavía uno de los países más violentos que no está en zona de conflicto.
Es precisamente esa violencia a la que Orlando y Lorena temen para sus hijos en caso de tener que regresar a El Salvador. En dicho país actualmente los jóvenes se han convertido en los principales blancos de las pandillas que los presionan y hasta llegan a matar si es que no ceden a sus peticiones.
Orlando y Lorena no desean separarse de sus hijos y mucho menos ponerlos en riesgo en El Salvador; ambos fueron separados de sus familias a causa de la guerra, y no quieren que la historia de separación de familias se repita.
“Nosotros hemos luchado para que nuestros hijos puedan tener una familia y salir adelante”, expresó Orlando desde su hogar en el sur de Los Ángeles. “En el pasado, nuestras familias fueron divididas por una guerra que patrocinó Estados Unidos, no es justo que ahora por una decisión en Washington, cientos de miles de familias tengan que decidir entre separarse de sus hijos o arriesgar su vida”.
Mientras tanto, las autoridades estadounidenses enfatizan que el TPS es temporal y que las condiciones que se vivían en el momento que se amplió el programa a los salvadoreños ya no existen en El Salvador.
Sin embargo, el mismo enero que se canceló el programa, el presidente Trump advirtió a los estadounidenses no viajar a El Salvador debido a los niveles de violencia que vive el país.
Saldo de la guerra
La guerra civil salvadoreña -1980a 1992- fue financiada por $4,500 millones de dólares que las administraciones Carter, Reagan y Bush dieron al gobierno salvadoreño; además de armas y entrenamiento militar. Al final de la guerra el saldo fue de 75,000 personas asesinadas y un éxodo de casi un millón de personas; mismas que buscaron asilo principalmente en Estados Unidos, pero menos del 3% de los solicitantes lo obtuvieron.
De acuerdo a la comisión de la verdad de las Naciones Unidas, el 85% de las violaciones a los derechos humanos fueron causadas por el ejército salvadoreño que siempre fue respaldado por el gobierno estadounidense; mientras los cientos de miles de personas que salieron del país vivieron sin documentos hasta que surgió el TPS.
