Trump cruzó la “línea roja” y carece de plan para reunificar familias

La Administración Trump carece de un plan específico para la reunificación familiar, pero mantiene su retórica sobre la criminalidad de los inmigrantes

WASHINGTON—El presidente Donald Trump cruzó una “línea roja” al separar a las familias inmigrantes en la frontera y, tres días después de anular esa práctica, carece de un plan para la reunificación de padres pero mantiene su ecuación de que los inmigrantes indocumentados son sinónimo de criminalidad.

Aparentemente ignorando el clamor de líderes del Congreso y de la sociedad civil sobre cómo y cuándo su gobierno reunificará a unos 2,440 niños con sus padres, la Administración Trump aún no ha divulgado un plan al respecto.

La Administración ha dado explicaciones cambiantes y contradictorias desde el miércoles pasado, cuando Trump firmó una orden ejecutiva que mantiene la detención indefinida de las familias inmigrantes, aunque ya no las separe.

En vez de un plan, Trump optó por reunirse hoy en el complejo de la Casa Blanca con familiares de “víctimas estadounidenses de la inmigración ilegal”, donde machacó la idea de que éstas han sido separadas “permanentemente”.

De nueva cuenta, recurrió a su discurso populista para destacar, con cifras erradas o desacreditadas, que los inmigrantes cometen más crímenes.

“Nuestra primera responsabilidad, y nuestra más alta lealtad, es para los ciudadanos de Estados  Unidos. No descansaremos hasta que nuestra frontera esté segura, nuestros ciudadanos estén a salvo, y finalmente pongamos fin a la crisis de inmigración de una vez por todas”, dijo

Horas antes, Trump acusó a los demócratas de utilizar  “falsas historias de tristeza y angustia”, para sumar votos en noviembre próximo.

Es decir, ha intentado minimizar el sufrimiento de familias que han sido separadas al llegar a la frontera, muchas de ellas con casos de asilo.

Para reforzar la narrativa de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) distribuyó a la prensa un informe de que la niña hondureña que figura en una imagen icónica no fue separada de su madre. Sin embargo, ese mismo artículo de prensa sí menciona a los 2,440 que aún esperan a sus padres.

La orden ejecutiva permite la detención indefinida de las familias mientras se resuelven sus casos en los tribunales criminales o de inmigración; el enjuiciamiento por cruces ilegales, y pide modificar el “Acuerdo Flores” de 1997 para facilitar detenciones de más de 20 días.

Exigen respuestas

Expertos y activistas consultados por este diario coincidieron en que hay un gran riesgo de “separación permanente” para algunas familias, debido a trabas burocráticas, descoordinación entre las agencias, formularios de arresto incompletos, y otras complicaciones, y exigieron que la Administración divulgue su plan para reunificar a las familias.

Sara Gozalo, coordinadora de la Coalición Nuevo Santuario, señaló que la situación sobre el terreno es alarmante: en muchos casos, no se sabe dónde fueron a parar los niños o no ha sido posible contactarlos, añadiendo al trauma que viven.

“La idea de encerrar a estas familias en bases militares compite con la inhumanidad de separarlas. No importa dónde estén, en bases militares o dispersas en centros de detención en ciudades por todo el país, donde se está deportando a los padres, esta práctica debe parar ya”, subrayó.

Cristina Parker, directora de comunicaciones de “Grassroots Leadership”, mencionó el caso de dos mujeres en el centro de detención de Hutto, en Taylor (Texas), que corren el riesgo de ser deportadas y aún no les dicen dónde están sus hijos.

“La incertidumbre está causando mucho dolor a muchas familias”, observó.

El “Proyecto de Derechos Civiles de Texas”, que representa a más de 300 padres, ha dicho que hasta la fecha solo ha podido rastrear a dos niños.

Para Debbie Mucarsel-Powell, candidata demócrata a un escaño de Florida en la Cámara de Representantes, la orden “no es más que otro juego político por parte del presidente” y todo indica que las familias seguirán en centros de detención, incluso las que piden asilo.

“La Administración debe darnos más detalles sobre la orden ejecutiva y el plan para reunificar a estas familias” enfatizó Mucarsel-Powell.

El reto para el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), del que depende la agencia a cargo del manejo de niños no acompañados detenidos en la frontera, es reunificar a niños con padres detenidos en instalaciones lejanas  o, peor aún, que ya hayan sido deportados.

La agencia no ha contestado a una solicitud de este diario sobre si, al no encontrar familiares en EEUU,  ha enviado a niños a hogares de crianza, ni cuántos.

El titular del HHS, Alex Azar, aún no ha presentado un plan, pero su oficina ha dicho que trabaja con celeridad para entregar a los niños a sus padres u otros familiares.

Mientras tanto, líderes demócratas del Congreso enviaron hoy una carta  a los Inspectores Generales del DHS y HHS para que de inmediato inicien una investigación sobre si tienen expedientes disponibles para facilitar la reunificación de los niños con sus padres.

“Esta Administración tomó a estos niños y debe rendir cuentas sobre cómo reunificarlos con sus familias”, explicó el legislador demócrata Lou Correa.

Sarah Pierce, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI) señaló que hay “alternativas” al encierro de inmigrantes que son “más eficaces y eficientes”, como el “Programa de Manejo de Casos Familiares” (FCMP), eliminado el año pasado. Bajo ese programa, que costaba $36 por familia, en contraste con $298 en un centro de detención en Dilley (Texas), el 99% de las familias cumplía con su cita ante los tribunales.

Aparte del costo, la pregunta fundamental, según Price, es: “¿Qué pasará con los miles de niños que ya han sido separados de sus padres?”

Es la pregunta que intentan responder varias organizaciones cívicas, entre éstas “Define American”, que han iniciado una petición en línea para reunificar a esos niños.