Autoridades completan reunificación de casi todos los niños menores de cinco años, dos días tarde

WASHINGTON— Dos días después de haber incumplido el plazo fijado por un juez federal, la Administración Trump dijo que completó este jueves la reunificación de casi todos los niños menores de cinco años bajo custodia federal que fueron separados de sus padres, salvo aquellos cuyos padres no reunían los requisitos.

El juez federal en San Diego (California), Dana Sabraw, había fijado el plazo del martes pasado para que las autoridades federales reunificaran a los menores de cinco años que fueron separados de sus padres desde mayo pasado como parte de la política de “tolerancia cero” en la frontera sur.

El siguiente plazo, para devolver al resto de los niños y jóvenes, vence el próximo 26 de julio, y el juez Sabraw ha convocado una audiencia para mañana para obtener datos sobre los esfuerzos prometidos por la Administración.

La reunificación es producto de una demanda colectiva presentada por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), en nombre de una madre congolesa, “Ms L”, que había sido separada de su hija. Ambas fueron reunificadas en marzo pasado, pero la demanda ahora incluye a otros inmigrantes y prosigue su curso en el tribunal.

Lee Gelernt, un abogado de la ACLU,  dio la bienvenida al anuncio de hoy pero afirmó en declaraciones a la prensa que eso no borra el hecho de que el gobierno incumplió con el plazo que fijó Sabraw.

“Por ello, antes de concluir el día, decidiremos qué remedios le recomendaremos al tribunal por el incumplimiento” de la Administración, dijo Gelernt.

Tanto en un comunicado como una llamada telefónica con periodistas, las autoridades precisaron hoy que completaron la reunificación de 57 de los 103 menores de cinco años que habían sido separados de sus padres y enviados a albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).

Del total, 46 niños no pudieron ser regresados con sus padres porque éstos no reunían los requisitos establecidos por el tribunal.  Las autoridades indicaron que también realizan esfuerzos para ubicar a doce padres que ya habían sido deportados, para poder devolverle a sus hijos.

Originalmente, el total de menores de cinco años era de 102 pero, durante la llamada, Matthew Albence, a cargo de las operaciones de deportaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), dijo que agregaron un niño a la lista porque su padre cambio de parecer y pidió su reunificación.

Albence argumentó que los padres que fueron deportados decidieron por cuenta propia regresar a sus países de origen sin sus hijos, porque su intención en realidad era traerlos a Estados Unidos.

Debido a que esos padres entraron ilegalmente al país y “no tienen derecho legal a estar acá”, tampoco el gobierno tiene la “autoridad legal” para que regresen a EEUU a recoger a sus hijos, precisó Albence.

En una declaración conjunta, los secretarios del HHS, Alex Azar, y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, así como el fiscal general, Jeff Sessions, afirmaron que “equipos dedicados” de esas agencias “han trabajado incansablemente para resguardar la seguridad” de los menores incluidos en la demanda de ACLU.

Azar reconoció recientemente que cerca de 3,000  niños fueron separados de sus padres desde que Sessions anunció la política de “tolerancia cero” para enjuiciar a quienes crucen ilegalmente el país.

Debido a un dictamen de la jueza federal, Dolly Gee, los padres que fueron separados de sus hijos serán puestos en libertad pero tendrán que llevar grilletes electrónicos mientras aguardan cita en los tribunales. Gee rechazó la solicitud de la Administración de modificar el “Acuerdo Flores” de 1997, que prohíbe la detención de menores por más de 20 días, lo que significa que la Administración no podrá realizar detenciones indefinidas de familias inmigrantes. 

Consciente de las críticas de grupos cívicos de EEUU y organismos internacionales por “fabricar” una crisis humanitaria en la frontera, las autoridades insistieron en que las agencias han tenido cuidado en verificar los datos de los padres detenidos, para evitar que los menores cayeran en manos de personas acusadas o condenadas por delitos como homicidio y abuso infantil, o de personas que no son sus padres.

Así, de los 46 niños aún bajo custodia federal, 22 no son “elegibles” para la reunificación ordenada por Sabraw.

Once padres tienen “grave historial criminal”,  incluyendo cargos o condenas por crueldad hacia menores, secuestro, homicidio, contrabando de personas, y violencia doméstica, según un desglosado oficial.

De los casos restantes, siete no son padres de los menores; uno presuntamente presentó un acta de nacimiento falsa y se revisa su parentesco; otro afronta acusación de haber abusado al menor, y otro tenía planes de llevar a su hijo a vivir con un adulto acusado de abuso sexual de un menor.

Además, está el caso de un adulto que recibe tratamiento por una enfermedad contagiosa, y deberá esperar hasta completarlo; nueve adultos están bajo custodia del servicio de “US Marshals” por varios delitos; dos están en cárceles estatales, y uno tiene paradero desconocido desde hace más de un año.
A la defensiva, la declaración conjunta destacó que “el pueblo estadounidense le dio a esta Administración un mandato de frenar la ilegalidad en la frontera, y el presidente (Donald) Trump está haciendo exactamente eso”.

“Nuestro mensaje ha sido claro todo este tiempo: no arriesguen su vida o la de sus hijos al intentar entrar ilegalmente a Estados Unidos. Soliciten de forma legal y esperen su turno”, agregó la declaración conjunta.