Huelga de hambre por la reunificación de niños migrantes

Los manifestantes están frente al Centro de Detención de San Ysidro; dicen no querer cárceles privadas en CA

Un grupo de seis manifestantes inició hace una semana una huelga de hambre indefinida ante el Centro de Detención de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, en San Diego, con diversas demandas.

Entre ellas piden la abolición de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que los menores migrantes separados de sus familias sean devueltos a sus padres y que se eliminen en el estado las prisiones privadas.

El grupo incluye a tres latinos, dos afroamericanos y un árabe americano. Dos participantes son mujeres.

Ellos exigen de manera pacífica que desaparezca la oficina de ICE y que la administración del presidente Donald Trump cancele la política de “tolerancia cero”, a la que califican de inmoral.

“Tenemos varias demandas, que se van a alcanzar por medio de una huelga de hambre que no sabemos cuánto vaya a durar”, dijo el vocero del grupo, Marco Amaral.

Agregó que como primera demanda, “nos unimos al movimiento nacional por la abolición de la institución conocida como ICE”.

La segunda demanda es que el gobierno de Estados Unidos reunifique las familias que fueron separadas al cruzar la frontera, en su mayoría para solicitar asilo.

Marco Amaral es el vocero del grupo de manifestantes. / Foto: Manuel Ocaño.

A finales de junio Dana Sabraw, magistrado federal en San Diego, dio un tiempo límite de 14 días para que los niños inmigrantes menores de 5 años fueran reunidos con sus padres.

Este tiempo límite venció el martes; sin embargo, más de 3,000 menores siguen separados, en lo que el grupo en huelga de hambre llama “la política de migración inhumana” del presidente Trump.

El grupo también demanda que en California y en especial en el condado de San Diego se prohíba que las prisiones privadas contribuyan con fondos a las campañas electorales.

Amaral explicó que el grupo pedirá desde la huelga de hambre a la asambleísta estatal Lorena González que elabore una iniciativa de ley que, de aprobarse, prohíba el financiamiento de empresas de prisiones privadas a políticos.

El grupo enviará a la Legislatura de California una petición para que se prohíban las prisiones privadas en el estado.

“Queremos que inicie un proceso político para remover cada prisión privada que se ha instalado en nuestro estado”, declaró.

Una demanda local adicional exige sanciones para los policías involucrados en la muerte de un residente afroamericano de National City que sufría padecimientos mentales, Earl McNeal, fallecido el 26 de mayo luego de ser internado en un hospital víctima de una golpiza.

Algunos de los participantes en la huelga de hambre dejaron de alimentarse a la medianoche del lunes, mientras que otros comenzaron a partir de las 10:00 a.m. del martes.

A la conferencia de prensa asistieron cinco de seis huelguistas porque la sexta tenía que delegar responsabilidades en su trabajo.

Al mediodía, un grupo de médicos voluntarios comenzaron a llevar un monitoreo de las condiciones de salud del grupo.

Previamente al ayuno, otros voluntarios se ofrecieron para tornarse y estar pendientes de las necesidades y condiciones de salud de los manifestantes.

¿Cómo se justifica el gobierno?

Luego de recibir la orden de la magistrada Dana Shaw, el gobierno inició con una lista de 102 niños para reunirlos con sus padres. Tras un proceso de elegibilidad, la cifra bajó a 75, de quienes se obtuvo pruebas de ADN tomadas con un hisopo al interior de sus mejillas, según indicó Associated Press (AP).

De esos 75, los abogados del Departamento de Justicia indicaron a la corte —según el medio— que garantizaban que 38 iban a volver con sus padres en la fecha límite y que para 17 casos aún esperaban resultados de ADN y antecedentes criminales de los padres.

En referencia a los 20 pequeños restantes, menores de cinco años, indicó que se necesitaba localizar a los padres, que quizás ya hayan sido deportados.