Víctimas de violencia doméstica ya no califican para el asilo político

Alicia Hernández ha perdido una batalla.

Para la mujer que huyó de México, temerosa de que el padre de sus hijos cumpliera sus amenazas de matarla, la esperanza de obtener el asilo político con base en la violencia doméstica que sufrió, se le ha escapado de las manos.

Pero ella se aferra a la posibilidad de un milagro que le permita permanecer al lado de sus cuatro hijos de 17, 15, 14 y 12 años de edad, todos nacidos en Estados Unidos.

“Estoy agarrada de la mano de Dios y sé que los milagros existen”, afirma.

Pero la situación de Hernández de 38 años es difícil, admite Richard Lucero, abogado en migración y jefe del equipo de defensa de deportación de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA).

“Los solicitantes de asilo habían protegido su condición de víctimas de violencia doméstica hasta el pasado mes de junio”, explica.

Miles de afectados

En junio, el fiscal general Jeff Sessions revocó el precedente judicial y decidió por sí mismo que las víctimas de violencia doméstica que solicitan asilo, ya no califican.

“Él decidió que la violencia doméstica es un problema privado de dos personas”, indica el abogado.

Alicia esperaba una decisión sobre su caso el 25 de julio, pero debido a la decisión de Sessions ya no califica, y se ha quedado en el limbo.

“Aunque un juez tenga buenas intenciones de ayudar a mujeres como Alicia, quien fue golpeada violentamente por su esposo en México, no pueden hacer nada fuera de la ley. Sessions los ha atado de manos”, opina.

La decisión del procurador de la nación afecta a miles de solicitantes de asilo en todo el país que son víctimas de violencia doméstica en sus países de origen.

“Este acto muestra hasta donde llegará la Administración Trump para evitar que las personas reciban asilo”, dice el abogado Lucero.

Considera que la única esperanza es que la decisión de Sessions sea apelada y llegue hasta la Suprema Corte de la Nación. “Esto puede llevarse años, y si el solicitante está en proceso, no lo pueden deportar mientras tanto”, indica.

La historia de Alicia

Alicia nació en Michoacán, México. Sus padres la trajeron a vivir al sur de California cuando tenía tres años de edad.

Se casó con quien pensó era un buen hombre. “Al principio me trataba muy bien. Fue después de que pasó varios meses en la cárcel, que regresó muy cambiado. Se hizo alcóholico y drogadicto, y empezó a golpearme”, cuenta.

Un día lo deportaron a México. “Desde Tijuana me presionaba para que le consiguiera un coyote. Yo la verdad no sabía cómo hacerle. Un día en la madrugada apareció en mi casa. Me cayó a golpes porque dijo que no lo ayudé a regresar”, recuerda.

El maltrato continuó hasta que de nuevo su marido fue deportado. Esta vez ya no pudo regresar, pero empezó a ponerle presión para que ella se fuera a México con los cuatro niños que habían procreado. “Yo no quería. Pero me dio miedo que fuera a regresar y me hiciera algo”, dice.

Alicia se fue a México con sus cuatro hijos. “Fue un infierno. Al hambre y a la pobreza se sumaban los continuos golpes. Mi esposo me pegaba por nada”, rememora.

Hasta que un día, dice que de plano el hombre amenazó con matarla y echarla a un lago. “Yo le dije que mis padres no se quedarían de brazos cruzados. Él me dijo que me iba a echar cal en el cuerpo para que me desintegrara y no pudieran hacer nada”, expone.

Incluso en una ocasión, cuenta que su marido le pidió a sus hijos dejarlo a solas con ella porque era una mala mujer y no debían verla morir.

La gota que derramó el vaso fue cuando su hijo mayor le pidió que mejor se regresaran a Estados Unidos porque había soñado que mataba al padre. Un sueño que casi se hace realidad cuando el hijo quiso golpear a su progenitor cuando propinaba una tremenda golpiza a la madre.

El escape

“Con la ayuda de una vecina, pudimos escapar en 2014. Llegamos a Tijuana. Mis padres que viven en Pomona mandaron por sus nietos, mis cuatros hijos. Ellos los cruzaron y se los trajeron para acá”, relata la mujer.

Un día después, Alicia compró en Tijuana una tarjeta de residencia por 150 dólares con la que se atrevió a cruzar la frontera. Pero fue descubierta y detenida durante un año en el Centro de Detención Otay Mesa en San Diego.

“Me quisieron acusar de ser parte de una banda de falsificadores de tarjetas de residencia y otros documentos porque resultó que la green card que yo tenía era robada. Me defendí con todo. Eso hizo que los oficiales de la frontera me dijeran que había salido respondona”, narra.

Añade que el año que pasó en detención fue muy duro, al grado que muchas veces deseó ser deportada. “Un oficial al que las detenidas le decíamos ‘San Martín de Porres’ me hizo el milagro de conseguirme una entrevista de miedo creíble para solicitar el asilo político”, menciona.

Tres días después, en 2015, obtuvo su libertad bajo palabra y pudo reunirse con sus hijos. Desde entonces ha peleado por el asilo político.

Actualmente vive en Pomona y trabaja en la cocina de un restaurante.

“Me siento aliviada porque no me quede en México esperando que la muerte llegara. Mi esposo es como el mismo diablo. Se sentía mi amo”, dice.

Limitan el asilo

“Las leyes de asilo político son muy complicadas. Solo se permitirá para casos de perseguidos por religión, opiniones políticas, nacionalidad, membresía en un grupo particular, y raza”, explica el abogado Lucero.

En 2009, empezó la protección para las víctimas de violencia doméstica. “El Departamento de Seguridad de la Nación estuvo de acuerdo que estas personas merecen ser protegidas. Ese año tuvimos a la primera mujer que ganó el asilo por violencia doméstica”, detalla.

La Sala de Apelaciones de Inmigración y la Sala de Apelaciones del Noveno Circuito estuvieron de acuerdo. “Eso no quiere decir que automáticamente van a ganar su caso de asilo. Tienen que ser creíbles y aportar pruebas”, añade.

Reitera que en casos como el de esta madre que fue víctima de violencia doméstica y está en el proceso de asilo, no los pueden deportar. “Aunque la ley dice que no califican, tienen el derecho de presentar su caso de asilo. Lo que pasa es que el juez lo va a negar, luego lo pueden apelar en la Junta de Inmigración, después en el Noveno Circuito. Eso va a durar años”, reitera.

El abogado Lucero comenta que cuando Alicia fue detenida en la frontera, le dieron una orden de deportación y le pusieron un castigo de cinco años.

“Aunque sus padres hayan solicitado su residencia y sus hijos hagan lo mismo cuando cumplan los 21 años, no es un caso tan fácil. El asilo político era una mejor opción”, considera.

Por lo que Alicia acepta que le apuesta a un milagro. “Las leyes son las leyes. Yo vivo día por día. Me han pasado cosas muy malas, pero también buenas. Yo tengo la corazonada de que algo bueno va a pasar”, dice conteniendo las lágrimas.

Servicios gratuitos o a bajo costo

CHIRLA lanzó una campaña para ofrecer abogados de migración a los detenidos o en riesgo de deportación. Si necesitas ayuda, sisita la página www.chirla.org  y busca el enlace Warrios for Justice.