Importante victoria de tepesianos en demanda contra el gobierno

Jueza federal en Boston se niega a excluir al presidente Donald Trump de la demanda de 14 tepesianos y a anular el caso legal, indicando que los inmigrantes tienen "argumentos legales de peso". Es el segundo tribunal en permitir que prosiga una demanda al respecto.

Las comunidades de tepesianos se están anotando algunos triunfos preliminares contra Trump

Las comunidades de tepesianos se están anotando algunos triunfos preliminares contra Trump  Crédito: EFE

Los inmigrantes con Estatus Temporal de Protección (TPS) cuyo futuro parece incierto tras la cancelación del programa para varias nacionalidades, respiran un poco más aliviados esta semana luego que una jueza federal consideró que tienen “reclamos constitucionales” contra el gobierno.

La jueza federal Denise Casper en Boston rechazó una moción del gobierno de Donald Trump para anular la demanda presentada ante su tribunal por catorce inmigrantes con TPS y dos organizaciones comunitarias contra el presidente Trump y funcionarios de su gobierno.

El caso, que se inició como demanda hace varios meses, proseguirá hacia un juicio en el que la parte acusadora busca la preservación del programa alegando que su eliminación se realizó en un contexto muy “estrecho” y en violación a la ley y la constitución.

Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente, una de las organizaciones demandantes, dijo que la orden de la jueza “da esperanza a las familias inmigrantes y a sus hijos”.

“Los tepesianos han sido parte importante de nuestras comunidades por décadas, tienen hijos ciudadanos, tienen negocios, propiedades y hogares”, dijo Montes. “Merecen ser tratados con dignidad y respeto por el gobierno federal y el presidente Trump”.

La demanda alega violaciones constitucionales y de proceso de parte del gobierno al cancelar el programa de TPS para varios grupos de inmigrantes, incluyendo haitianos, salvadoreños, hondureños y otros.

El Departamento de Justicia alegó  que el tribunal no tiene jurisdicción porque la suspensión del programa para estos inmigrantes se realizó sobre la base de la discreción del ejecutivo sobre el TPS.

A pesar que recientemente la Corte Suprema dio la razón al gobierno de Trump en otra decisión ejecutiva: la prohibición de viaje a Estados Unidos de nacionales provenientes de varios países musulmanes, esta jueza indicó que los argumentos de la demanda son persuasivos.

“Los demandantes han logrado establecer su caso en principio”, dijo Casper en el fallo escrito. La magistrada también rechazó los intentos de gobierno por excluir al presidente Trump del grupo de demandados.

Entre otras cosas, la demanda menciona el supuesto comentario de Trump en una reunión privada, llamando “shitholes” (literalmente: huecos de mierda) a algunos de los países en cuestión.

Estas y otras declaraciones “racistas” por parte de Trump y otros funcionarios, se sumaron a las razones citadas por el propio gobierno para retirar el estatus de TPS a Sudan, Nicaragua, Nepal, Haití, El Salvador y Honduras.  

Al anunciarlo, el ejecutivo admitió que había considerado únicamente un criterio: que las condiciones originales que existían en los países hace años cuando se ofreció la protección ya no existen.

Sin embargo,  los demandantes alegan que existen otras condiciones que son iguales o peores y que hacen imposible para esos países la incorporación de cientos de miles de personas que se fueron en su momento y han vivido en Estados Unidos desde una a casi tres décadas.

La demanda es continuación de un reporte presentado por Lawyers Committee, Centro Presente y Alianza America, que detalló la violencia  y pobreza extremas que los tepesianos llegarían a experimentar si son deportados a sus países de origen.

Esta no es la única demanda de tepesianos contra el gobierno, y hace apenas un mes que un juez en San Francisco abrió el camino a la continuación de otra demanda similar presentada en esa jurisdicción.

A fines de este año se inicia el fin de la protección para algunos tepesianos y el grueso de los 400,000 beneficiarios perderían su estatus el próximo año o a principios de 2020.

Si bien la Corte Suprema falló recientemente que el gobierno federal tiene discreción para tomar decisiones como la prohibición de viajes (travel ban), también señaló que en este caso se trata de un grupo de afectados cuyos derechos tienen mayor peso ante la ley por no tratarse de extranjeros que piden entrada al país “sino inmigrantes legales que tienen años o décadas” en los Estados Unidos.

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