Acusan a Jeff Sessions de tener “bajo acecho” la independencia de jueces migratorios
Contrario a los demás tribunales federales, los de Inmigración están directamente bajo la supervisión del Departamento de Justicia
Crédito: Chip Somodevilla | Getty Images)
WASHINGTON — El sindicato de jueces de Inmigración presentó este miércoles una queja contra el fiscal general Jeff Sessions, a quien acusa de violar el debido proceso y tener “bajo acecho” su independencia jurídica en ciertos casos para acelerar las deportaciones.
“La independencia en la toma de decisiones de los jueces de inmigración está bajo acecho. Si se permite que continúe, la Agencia (Departamento de Justicia) simplemente podrá llevar sus casos a foros en los que consiga los resultados que desee”, advirtió Ashley Tabbador, una abogada de Los Angeles (California) y presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, en inglés).
La NAIJ, que aglutina a unos 350 jueces del sistema de tribunales de Inmigración en todo EEUU, presentó la queja en protesta por la decisión del Departamento de Justicia de quitar a un juez de Filadelfia, Steven A. Morley, de decenas de casos pendientes.
El gremio también pidió en su queja que la Oficina Ejecutiva para Revisión Migratoria (EOIR, por su sigla en inglés), de la que dependen estos tribunales, no asigne o reasigne casos de tal forma que interfiera con la autoridad de los jueces.
Según el documento, las medidas tomadas contra Morley, un juez respetado por su conocida imparcialidad, no solo minaron su independencia jurídica y la gestión de sus casos, sino que “amenazan la capacidad de todos los jueces de inmigración en todo el país de aplicar con justicia las leyes de inmigración de Estados Unidos conforma a los derechos al debido proceso”.
En enero pasado, Sessions intervino personalmente en el caso conocido como “Asunto de Castro Tum”, un indígena guatelmateco, y posteriormente lo reasignó a una jueza que viajó desde Virginia a Filadelfia para presidir una sola audiencia en el caso.
Reynaldo Castro Trum había entrado ilegalmente en EEUU en 2014 a los 17 años de edad, pero fue detenido por la Patrulla Fronteriza y enviado a un albergue para menores no acompañados a cargo del Departamento de Salud.
El joven fue puesto en libertad y entregado a un familiar, pero falló a su cita en la corte en múltiples ocasiones. El juez Morley cerró el caso y exigió que el gobierno demostrara que efectivamente Castro Tum vivía en el domicilio registrado en los documentos.
A finales de mayo pasado, el abogado Matthew Archambeault intervino en el caso como “amigo de la corte” para ayudar a Castro Tum y pidió al tribunal más tiempo para localizarlo, y Morley aprobó la moción, pero aparentemente el joven falló a su siguiente cita.
El pasado 26 de julio, la jueza designada por Sessions, Deepali Nadkarni, presidió una audiencia preliminar en la que ordenó la deportación de Castro Tum, cuyo paradero se desconoce.
Al parecer, Sessions no estaba a gusto con la gestión de Morley en la resolución del caso de Castro Trum y quería que se agilizara la deportación del joven, quien había solicitado asilo.
Pero el Departamento de Justicia fue más allá y eliminó a Morley de una decena de casos adicionales , después de que el juez cuestionara la fiabilidad de direcciones que el gobierno entregó al tribunal en nombre de varios jóvenes, incluyendo el caso de Castro-Tum, según NAIJ.
En su momento, el Departamento de Justicia dijo que desde 2012 los jueces de inmigración recurrieron cada vez más a la práctica de “cierre administrativo” de los casos, suspendiéndolos indefinidamente en vez de emitir un dictamen final.
Pero, según Sessions, ni el Congreso ni ningún fiscal general han dado a los jueces de Inmigración una autoridad tan amplia para emitir cierres administrativos, que han dado paso a que inmigrantes indocumentados permanecieran indefinidamente en Estados Unidos sin un estatus legal formal.
Consultado hoy por este diario sobre la queja de NAIJ, un portavoz de la EOIR, que pidió el anonimato, explicó que, en la actualidad, ningún abogado ha sido asignado al caso de Castro Tum, y la agencia no tiene una política que permita que “amigos de la corte” representen a adultos en los tribunales de Inmigración.
El pasado 30 de julio, un grupo de jueces de inmigración jubilados y exmiembros de la BIA escribieron una carta para protestar el “ataque” contra la independencia de los jueces y exigir el respeto al debido proceso.
Ya antes de protestar la “incursión” de Sessions en los tribunales de Inmigración, el sindicato de jueces también protestó en abril pasado la decisión del fiscal general de imponer cuotas y plazos a los magistrados para agilizar la gestión de casos, como parte de un nuevo proceso de evaluación que entrará en vigor en octubre próximo.
Jeremy Mckinney, tesorero de la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU (AILA), dijo que su grupo apoya la queja porque ésta pone los reflectores sobre cómo Sessions “se está aprovechando de los fallos estructurales del sistema de tribunales de inmigración… para reconfigurar drásticamente las leyes de inmigración federales y minar la integridad del debido proceso, como lo garantiza la Constitución”.
Según McKinney, la Administración quiere imponer su voluntad en los jueces de Inmigración con una directriz que prácticamente dicta “porque lo dijo yo”.
“No es permisible eliminar a un juez de un caso porque el fiscal general o la gerencia de EOIR no estén de acuerdo con la decisión del juez… esto ilustra exactamente por qué los tribunales de Inmigración deben independizarse del Departamento de Justicia”, manifesto McKinney, cuyo grupo apoya una campaña nacional para que el Congreso apruebe una reforma del sistema de tribunales.
