Juez federal ordena a EPA cese de uso de peligroso pesticida en alimentos
El pesticida "clorpirifós" está vinculado con problemas de desarrollo en los bebés y daños a la salud en trabajadores agrícolas
Por más de una década, la EPA ha postergado la prohibición del clorpirifós. Crédito: archivo
WASHINGTON— En una clara victoria para el movimiento ecologista, el Noveno Circuito de Apelaciones ordenó este jueves que la Agencia para la Protección Ambiental (EPA) prohíba el uso de un pesticida neurotóxico que ha sido vinculado con daños cerebrales en los niños y afecta también a trabajadores agrícolas.
El tribunal, con sede en Seattle (Washington), ordenó que la EPA prohíba el uso de clorpirifós en frutas, nueces y verduras, revirtiendo así una orden del entonces director de la agencia ambiental, Scott Pruitt, que había denegado la solicitud de grupos ecologistas.
La orden judicial respondió así a una petición presentada por una decena de grupos cívicos y ecologistas, liderado por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), que también contó con el apoyo de los fiscales generales de California, Nueva York, Maryland, Vermont, Washington, Massachusetts, Hawai y el Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense.
Pruitt revirtió una recomendación que emitió en 2015 la Administración Obama para prohibir el uso del pesticida también en los alimentos, avanzando de esa forma una agenda política de la Administración Trump para reducir drásticamente numerosas regulaciones ambientales.
En la decisión emitida hoy, el juez federal Jed Rakoff dio a la EPA un plazo de 60 días para prohibir de forma definitiva el “clorpirifós”, un pesticida neurotóxico comúnmente utilizado en el sector agrícola para controlar plagas que puede causar daños a la salud si se toca, inhala o digiere.
Rakoff dijo que la EPA no logró presentar hechos que contradigan las pruebas científicas de que los residuos del pesticida causan daño en el desarrollo física y neurológico de los niños.
El juez se quejó de que, por más de una década, la EPA ha postergado la prohibición del clorpirifós, primero al ignorar una petición al respecto, después demorando una respuesta a la petición como lo ordenó numeras veces la corte y, por último, tratando de negar que el tribunal tiene jurisdicción sobre el asunto.
“Si los estatutos establecidos por el Congreso tienen algún significado, ha llegado la hora de poner un freno a esta patente evasión” de responsabilidad, enfatizó Rakoff.
El Departamento de Justicia dijo que está revisando la orden judicial.
Según el grupo ecologista “Earthjustice”, el “clorpirifós” puede causar daños al desarrollo cerebral y la salud física en los niños, generando problemas con su coeficiente intelectual y la memoria, y también agravar problemas de atención.
Entre mujeres embarazadas expuestas al pesticida, este puede provocar que los bebés nazcan con bajo peso y desarrollen más adelante retrasos en el desarrollo motor.
Los trabajadores agrícolas expuestos al pesticida, desarrollado originalmente por los nazis en Alemania, también han denunciado daños a la salud.
En octubre de 2015, la EPA había dicho que no podía garantizar la seguridad de alimentos que habían sido rociados con clorpirifós, que hace dos décadas fue prohibido para productos utilizados en el hogar.
Pruitt revirtió la recomendación de la EPA para prohibir el pesticida y postergó un nuevo estudio hasta 2022. Pero, semanas antes, se había reunido con representante de Dow Chemical, el mayor fabricante de clorpirifós, comercializado con el nombre “Lorsban”, según denunciaron activistas.
Marisa Ordonia, abogada de Earthjustice, dijo que con esta orden, “el tribunal ha puesto fin a las acciones vergonzosas de la EPA, que han expuesto a niños y trabajadores agrícolas a este veneno durante décadas”.
“Por fin nuestros campos, frutas y verduras estarán libres de clorpirifós”, dijo Ordonia.
Por su parte, Sindy Benavides, principal ejecutiva de LULAC, dijo que “durante años, corporaciones como Dow lograron secuestrar a nuestro gobierno, para anteponer las ganancias” a la protección de los consumidores.
“La corte se puso hoy de lado de la razón. Los niños y trabajadores agrícolas tienen derecho a vivir y trabajar sin riesgo de envenenamiento”, manifestó.
Además de Earthjustice y LULAC, otros grupos que impugnaron la decisión de Pruitt incluyen al “Labor Council for Latin American Advancement”, el “Natural Resources Defense Council”, la Asociación Nacional Médica Hispana (NHMA), “Farmworker Justice”, “GreenLatinos”, y el sindicato “United Farm Workers”, entre otros.
