Una coalición estatal de organizaciones comunitarias, sindicatos, líderes de negocios, fundaciones filantrópicas y funcionarios electos lograron reunir 850,000 firmas para poner en la boleta electoral de noviembre de 2020, una reforma fiscal que aportaría 2,000 millones de dólares anuales a las escuelas y barrios del condado de Los Ángeles.
“Estamos haciendo historia para ganar en 2020. Imagínense toda la inversión que vendría para nuestras comunidades y escuelas. Este es el primer paso de una batalla épica”, afirmó Angélica Salas, directora ejectuvia de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) durante una conferencia de prensa frente a la secundaria Manual Arts en el sur de Los Ángeles.
“La proposición 13 se enfocó en los impuestos a la propiedad de los dueños de casas, pero no en las corporaciones. Así tenemos corporaciones como Disney que pagan menos impuestos a la propiedad que mucha gente por sus propias casas”, explica.
“Lo único que estamos diciendo es que estas corporaciones – que son pocas -, pero que por ellas no hemos recibido 11,000 millones de dólares, paguen impuestos por lo que valen sus propiedades”, precisa.
Y ahonda: “Si ellos pagarán lo que les corresponde, nuestras escuelas y clínicas tendrían más recursos. Lo que estamos haciendo es reformar el sistema tributario en base a las propiedades de corporaciones. Las familias no pagarían más, ni los pequeños negocios”.
La Coalición con más de 300 organización tenían hasta el 20 de agosto para alcanzar a poner en la boleta del 2020, el Acta de Financiamiento de las Comunidades Locales y Escuelas de California.
De aprobarse, sería la primera reforma tributaria a la propiedad comercial que califica para la boleta en 40 años desde que los votantes aprobaron la proposición 13.
En los últimos 40 años, California ha perdido cientos de miles de millones de dólares en ingresos, lo que condujo a un subfinanciamiento crónico de escuelas y servicios, decisiones pobres sobre el uso del terreno, desinversión en comunidades locales y una disparada crisis de vivienda, argumentan los proponentes de esta medida.
La propuesta reclama más de 11,000 millones de dólares al año para las escuelas y comunidades locales, incluyendo 2,000 millones para el condado de Los Ángeles.
